En estas «negociaciones a puertas cerradas» con senadores de gobierno y oposición están operando fuera de todo control público la Subsecretaria de Hacienda María Olivia Recart, involucrada hace dos semanas en el «affaire» proselitista que protagonizó su jefe Andrés Velasco.
Juan Carlos Cárdenas*
El Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, utilizando su creciente popularidad, influencia y autonomía política, ha realizado una nueva apuesta: apoyar la infructuosa cruzada de su opaco par, el Ministro de Economía, Hugo Lavados, para destrabar en el Senado el proyecto de ley que permite hipotecar bienes nacionales de uso público, como son las concesiones de acuicultura.
Esta condición ha sido exigida por la banca acreedora para renegociar el pasivo de dos mil 500 millones de dólares que tienen con las grandes compañías salmoneras. Como bonus track, este proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura, impone la privatización de 1.700 kilómetros de litoral costero marino entre Aysén y Magallanes para beneficiar especialmente a grandes inversionistas extranjeros en acuicultura.
Con ello los bancos acreedores podrán establecer tranquilamente un mercado secundario de compra y venta de concesiones de acuicultura en Chile, acelerando los procesos de concentración económica y transnacionalización en la industria pesquera y de acuicultura intensiva.
Esta iniciativa legal es parte del discrecional «plan de salvamento» de la industria salmonera, impulsado por Corfo y la Mesa del Salmón, el cual contempla la entrega de 450 millones de dólares a los grandes operadores de esta industria exportadora.
Como marco político y social, este controvertido proyecto de ley lleva 10 meses detenido en el parlamento, expresión de la creciente oposición de senadores de gobierno e independientes, organizaciones de la pesca artesanal, sindicatos de trabajadores salmoneros, operadores de turismo y la coalición ciudadana «No a la privatización de nuestro mar».
El proyecto de ley fue negociado y aprobado en forma «express» en abril pasado por una inusualmente activa y alineada Cámara de Diputados. Sin embargo, alertadas las organizaciones ciudadanas, de pescadores, comunidades indígenas y de productores regionales, se logró que luego de ser vistas 260 indicaciones, este proyecto fuera despachado desde la Comisión de Pesca a la Comisión de Hacienda del Senado, donde actualmente se encuentra estancado.
En dicho proceso, el Ejecutivo propuso que las nuevas concesiones de acuicultura tendrían una vigencia de 25 años. El empresariado y los bancos acreedores entendieron que esta norma era de carácter simbólico, ya que en la práctica dichas concesiones podrían ser renovadas de forma sucesiva ad-infinitum, por lo que no fue foco de discusión.
Sin embargo, la actual controversia son las causales de caducidad de las concesiones. La industria clama por dividir la bloqueada iniciativa en una «ley corta», que haga entrega inmediata de los resguardos financieros a la banca, y otra «ley larga», de infinita discusión, donde se incorporen los temas laborales.
Es aquí donde se centra el esfuerzo de los Ministros de Hacienda y Economía y sus operadores políticos para negociar cupularmente una fórmula para eliminar o acotar al máximo los requisitos laborales, desvinculándolos de las concesiones de acuicultura que se hipotequen.
En estas «negociaciones a puertas cerradas» con senadores de gobierno y oposición están operando fuera de todo control público la Subsecretaria de Hacienda María Olivia Recart -involucrada hace dos semanas en el «affaire» proselitista que protagonizó su jefe Andrés Velasco-, y el conocido ex Subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval (DC), actual secretario ejecutivo de la «Mesa del Salmón» y del «Cluster Acuícola».
Para ello están intentando acordar que sea sólo a la empresa salmonera mandante a la que se le aplique las sanciones que fija el Código Laboral para el sector, separándolas de las infracciones que cometan sus empresas contratistas, las cuales quedarían bajo la Ley de Subcontratación. En la práctica, son los contratistas quienes crecientemente están realizando las faenas de esta industria que exporta el 98% de sus producciones.
Sin embargo, la dupla Velasco-Lavados se está enfrentando a una fuerte oposición de los senadores Muñoz Aburto (PS), Ominami (Independiente), Navarro (MAS), Girardi (PS), Ávila (PRSD) y Escalona (PS), quienes se oponen a la eliminación de las causales laborales, especialmente de prácticas antisindicales. Ello en una industria altamente cuestionada nacional e internacionalmente por sus altos índices de infraccionalidad y accidentabilidad laboral, ubicándola como la de peor desempeño entre sus pares a nivel global.
Los senadores Escalona y Navarro dicen que eliminar los requisitos de cumplimiento laboral constituiría una muy mala señal internacional, a semanas del ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Escalona afirmó que «en toda la legislación económica moderna, el tema laboral es un tema esencial. Así que me sorprenden como pre-históricos los reclamos que hacen algunos empresarios del salmón».
Por ello, ¿no será una nueva torpeza política del Ministro Velasco el involucrarse en una parroquial y poco transparente negociación relacionada con la eliminación de derechos laborales, a semanas del 15 de diciembre, cuando deberá firmar en París el ingreso de Chile a la OCDE?
*Juan Carlos Cárdenas es Director Ejecutivo Centro Ecocéanos
www.ecoceanos.cl
