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Los derechos de las personas: la fuerza de la democracia

por 25 noviembre 2009

La ley es un instrumento poderoso, que puede hacer más fuertes a los que tienen el poder de su riqueza e influencia política o fortalecer a quienes carecen de medios para defenderse. El poder de la minoría exitosa es su riqueza y su influencia política; el poder de la mayoría son los derechos que...

Por Diego López*

 Si los indicadores habitualmente considerados (PIB, ingreso per cápita y niveles de inversión) muestran que, pese a las periódicas crisis, nuestra economía no deja de crecer ¿por qué la vida de la mayoría de las personas no mejora a la misma velocidad y siguen ganando salarios permanentemente bajos, sufriendo alta inestabilidad laboral, soportando un fuerte endeudamiento familiar y pocas expectativas de progresar? ¿De qué depende que una crisis económica como la que hemos vivido sorprenda a muchos sin ahorro, con deudas, con un empleo frágil del que fácilmente puede deshacerse el empleador y expuestos a que se derrumbe la prosperidad familiar construida con esfuerzo en los años de bonanza?

Cualquier economista estándar dirá que lo que obtienen las personas del mercado depende de lo que puedan ofrecer: si tienen capital propio, experiencia, calificación o algo valioso que vender, obtendrán un buen resultado. Si no, sufrirán las consecuencias. A eso agregará que el tamaño de la economía importa: mientras mayor sea el crecimiento habrá más posibilidades para todos de prosperar. Pero, en realidad, no basta con que las personas agreguen permanentemente valor a su desempeño ni es suficiente que la economía no pare de crecer. Los resultados desiguales del mercado también se deben a una desigual distribución del poder: la debilidad que muchos padecen les impide asegurarse la obtención de prosperidad en el mercado; la fortaleza que pocos aprovechan les permite acumular riqueza a discreción. Se puede crecer sostenidamente manteniendo inalterable las desigualdades y sin compartir el poder que le permite a la minoría privilegiada provechar la mayor parte de ese crecimiento. 

Una forma clara de apreciar el poder del que disponen las personas en el mercado es observar qué derechos tienen como consumidores y trabajadores: en democracia lo que realmente cuenta no es el poder económico o social que se tenga sino la forma en que la ley garantiza a todas las personas libertad e igualdad. Los resultados desiguales del mercado se deben a la debilidad de los derechos de las personas: el mercado no establece por sí mismo reglas de cooperación que asignen y distribuyan la riqueza de una forma justa; en él se compite de todas las formas posibles y siempre ganan los más poderosos. Son los derechos que regulan el mercado los que instituyen la forma en que la gran mayoría de las personas logra realmente prosperidad. La ley es un instrumento poderoso, que puede hacer más fuertes a los que tienen el poder de su riqueza e influencia política o fortalecer a quienes carecen de medios para defenderse. El poder de la minoría exitosa es su riqueza y su influencia política; el poder de la mayoría son los derechos que establece la ley.

Los derechos que regulan el mercado son los instrumentos de que disponemos para que efectivamente el crecimiento económico no se logre a costa de la libertad y prosperidad de la mayoría de las personas y para que parte significativa de la riqueza que se produzca se distribuya entre todos los que participan en su creación. No basta con crear riqueza; ella debe ser aprovechada por todos. No puede derrotarse realmente la pobreza sin derechos para las personas en el mercado. No se puede garantizar bienestar y prosperidad a las personas sin derechos que redistribuyan la riqueza.

¿Qué pueden esperar las personas de la democracia: crecimiento económico perdurable, confiando en que la actividad económica por sí sola arrastrará mejores condiciones de vida para todos, o la obtención de progresivos niveles de libertad e igualdad como resultado de que las decisiones de gobierno reflejen el interés de la mayoría? La valoración del crecimiento económico como meta principal a conseguir supone una versión muy débil de la democracia, si las necesidades económicas de rendimiento eficiente se imponen sobre la deliberación política y el interés de la mayoría. Una tiranía también puede defender el crecimiento económico como meta principal. Los riesgos para la sustentabilidad de la democracia se están incrementando en la misma medida en que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para extender la prosperidad a la mayoría de la ciudadanía.   

Los derechos no son promesas. Son decisiones acerca de cómo es aceptable que vivan las personas. Su vinculación con el régimen político que gobierna nuestras vidas es notoria: todos los derechos que tenemos están íntimamente ligados a lo que esperamos de la vida en común; a qué podemos exigirle a la autoridad y a lo que podemos esperar de los inter­cambios en el mercado. Un régimen democrático se diferencia de una tiranía no solo por elegir periódicamente a sus gobernantes y por respetar las leyes; también por la envergadura de los derechos de que gozan las personas cuando en­frentan decisiones estatales y decisiones de los poderosos en el mercado. Mientras más débiles sean los derechos de las personas, el régimen de gobierno se inclinará más a un uso discrecional del poder político y será más permisivo con el ejercicio de poder económico en la vida social y en el mercado, que someterá más fácilmente a la mayoría de las personas. Esas mismas personas responderán con indolencia y creciente desapego cuando las autoridades invoquen su compromiso cívico, responsabilidad y paciencia para que las instituciones hagan su trabajo.

Cada vez que afloren nuevas formas de buscar un equilibrio entre crecimiento económico y democracia, entre optimización de recursos y necesidades humanas, entre mercado y sociedad, entre producción y distribución, revivirán una y otra vez los derechos de las personas que tienen que vivir con lo que obtienen en el mercado; derechos insoslayables y esenciales, sin los cuales somos menos libres, menos ciudadanos y más pobres.

*Diego López es abogado, académico de la Universidad Alberto Hurtado.

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