El objetivo es ahora otorgar sustentabilidad a este proceso de desarrollo y modernización, a la vez que proveer las bases para su permanente evolución, mediante el próximo envío de un proyecto de ley general de protección civil, que convierte a ONEMI en Dirección Nacional de Protección Civil.
14 de noviembre de 2007, 12:47 hrs.: Los escolares en sus aulas, los trabajadores en sus centros laborales, los comerciantes en sus negocios… Tocopilla en pleno quehacer cotidiano, es remecida por un sismo 7.7 grados richter.
Un amplio despliegue de medios y recursos del Estado se puso inmediatamente a disposición de la comunidad severamente afectada, alcanzándose el control de la situación en menos de 72 horas, para desde allí aplicarse el plan de rehabilitación, cuyo foco central fue la instalación de las familias damnificadas en barrios de emergencia, dotados de viviendas temporales, soporte sanitario, energía eléctrica y alimentación. Se pudo dar cumplimiento integral a la instrucción de la Presidenta Bachelet, de otorgar, en medio del desastre, las mejores condiciones factibles de vida a los habitantes de Tocopilla para aquella Navidad de 2007.
Paralelamente al proceso de restablecimiento básico se puso en marcha el Plan Tocopilla destinado a ejecutar estrategias válidas para la recuperación integral de la ciudad, teniendo como visión de futuro, el situarla en un nivel de desarrollo incluso superior al que mantenía antes del desastre.
En esta gestión, Chile puede ostentar varios record: en la cultura sísmica de la comunidad, puesto que fue precisamente la reacción adecuada de los habitantes durante la manifestación sísmica lo que evitó víctimas fatales y heridos; en los tiempos de control de la crisis, cuyo promedio mundial no es menor a los 12 días para un evento de esta magnitud; en la gestión de rehabilitación, lograda aquí en 39 días, versus el promedio internacional de 95 días; y en la planificación inmediata del proceso de reconstrucción, que en cualquier otro territorio del orbe se inicia transcurrido a lo menos un año del desastre, para una ejecución que nunca es inferior a los cinco años.
Diametralmente opuesto a nuestra realidad país en materia de desastres, el mundo experimentó en 2008 un significativo aumento en el número de víctimas fatales por estos eventos, con 235 mil 816 personas fallecidas, lo que es tres veces superior al promedio anual, de 66 mil 812 personas, entre los años 2000 y 2007, según estadísticas de Naciones Unidas. La convicción de Sálvano Briceño, Director de la Estrategia para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas, es que muchas de esas vidas se habrían salvado, si existieran adecuados sistemas de protección civil y orientación a la comunidad.
Sin embargo, mientras Briceño expresa su clamor desde Ginebra, aquí en Chile los «opinólogos del desastre» rivalizan con el Gobierno por prohibir la permanencia de personas en la devastada y amenazada Chaitén provocando infundadas expectativas en sus habitantes; un geólogo prácticamente retirado, en un programa de televisión descalifica a todos sus pares a cargo de las investigaciones del feroz volcán; una variopinta legión de «amigos» de quienes se han opuesto a abandonar la ciudad ofrece «visita»; meses más tarde, un medio de prensa publica oportunamente un alerta temprana declarado por ONEMI con 72 horas de anticipación frente a un fenómeno meteorológico extremo y, días después, acusa a la misma entidad de no haberse anticipado adecuadamente al evento…
Espectáculos «de producción nacional» que algunas veces han recorrido el mundo, pero que no han llegado a opacar las múltiples voces que a nivel internacional se han alzado para destacar como logros de desarrollo, la gestión ante el terremoto de Tocopilla o el cero costo en vidas humanas que permitió el dispositivo de alerta temprana y consecuente evacuación masiva aplicado en mayo de 2008, cuando se inició la gigantesca erupción del Chaitén.
La promoción de logros es lo menos relevante si de vidas se trata, como igualmente el estado de crítica permanente de algunos sectores. Lo peor es la confusión que los «expertos ocasionales» u «opinólogos del desastre» van provocando en la comunidad; la desconfianza que van instalando en las personas sobre sus instituciones; y peor aún: la falta de respeto que generan en la gente en su relación con la naturaleza.
Estos pueriles agentes -que no tienen bajo su responsabilidad el deber de adoptar decisiones frente a ese tipo de escenarios- ¿no tienen, a lo menos, una pequeña inflexión de conciencia sobre los efectos que esos intentos por confundir y hacer desconfiar pueden provocar en las personas vulnerables a esa u otras amenazas de la naturaleza en el corto o mediano plazo?
La Protección Civil, aquel concepto que promovió internacionalmente Henry Dunant en 1863, tardó 130 años en cruzar nuestras fronteras y ser asumido integralmente. Pero, cuando llegó, se encontró con un dispositivo meramente destinado a distribuir socorros entre los afectados por desastres, con planes que no se actualizaban en 20 años, con una institución coordinadora centralizada, con no más de 56 funcionarios para atender a todo un país y prácticamente aislada del conocimiento científico y por lo tanto, sin respuesta ni menos gestión técnica frente a las causas de los desastres.
Hitos concretos y objetivos marcan el tránsito de ONEMI desde su estado de gran bodega de abastos en los años 70 y 80, hacia el cumplimiento efectivo – desde 1990 en adelante- de su rol técnico, como organismo coordinador de la protección civil chilena, tanto en el manejo de emergencias, desastres y catástrofes como y prioritariamente, en prevención:
1990 – 1994: Profesionalización institucional e investigación;
1995 – 1999: Diseño de un modelo de gestión nacional de protección civil y capacitación a 12.800 personas en todo el país;
2000 – 2005: Promulgación del primer Plan Nacional de Protección Civil y Plan Integral de Seguridad Escolar, y creación del Centro Nacional de Alerta Temprana.
2006-2010: Modernización y fortalecimiento institucional, en el marco del Bicentenario, constituye el proceso más profundo desde la creación de ONEMI hace 35 años, ya que procura dotar a esos modos de operar, de las estructuras humanas y técnicas capaces de hacer gestión integral del riesgo. Es potenciar la capacidad reactiva, pero también generar capacidad preventiva. Es pasar de la mera atención del efecto, a hacernos cargo de las causas de los desastres.
Este proceso -que en este trienio se ha sustentado en un incremento del presupuesto institucional del orden del 200%-, ya se expresa en la conformación de las 15 direcciones regionales de ONEMI; la instalación progresiva de Centros Regionales de Alerta Temprana; la instalación de 12 bodegas de stock de emergencia a lo largo del territorio; Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia; creación de las Unidades de Despliegue Territorial, para el fortalecimiento de la coordinación de operaciones de emergencia; Sistematización del Programa de Participación Comunitaria en las comunas más vulnerables, con énfasis en pueblos originarios, pre-escolaridad, tercera edad y mujeres jefas de hogar; Planes de Emergencia actualizados en las 15 Regiones; creación de la Academia Nacional de Protección Civil para la formación continua de especialistas en todos los organismos involucrados con la protección civil y también se expresa en el fortalecimiento de su estamento de expertos a partir de la integración de las más variadas disciplinas, desde un enfoque de gestión del riesgo.
Además, 2009 se inicia con la creación de un Sistema Permanente de Coordinación para la gestión científico técnica, a materializarse en una red sismológica nacional, un programa de monitoreo volcánico y un Comité Científico-Técnico, como autoridad central para la adecuada complementación del conocimiento y el transparente otorgamiento de garantías de uso de ese conocimiento en la más efectiva protección de las personas.
El objetivo es ahora otorgar sustentabilidad a este proceso de desarrollo y modernización, a la vez que proveer las bases para su permanente evolución, mediante el próximo envío a trámite legislativo de un proyecto de ley general de protección civil, que convierte a ONEMI en Dirección Nacional de Protección Civil, DNPC, para un mayor énfasis en la gestión preventiva; moderniza conceptualmente esta área, enfocándola hacia la gestión integral de manejo de riesgos; institucionaliza a nivel de ley el Sistema Nacional de Protección Civil, para la acción integrada y coordinada; reconoce el rol formador, educador y capacitador de ONEMI; la dota de facultades reguladoras y controladoras de la gestión del riesgo; instituye y regula el Sistema Nacional de Alerta Temprana; reconoce el concepto «desastre», como situación intermedia entre la emergencia y la catástrofe, lo que facilita procedimientos específicos; regula a los «expertos ocasionales»; entre otras variadas medidas generales y específicas.
De este modo, el país se está dotando de una estructura fortalecida, instrumentos específicos y soporte técnico especializado para la gestión coordinada en el ámbito de la prevención y el manejo de crisis frente a fenómenos de origen natural y generados por la acción humana, para constituir a la protección civil en un nuevo eje de sustentabilidad de nuestro proceso de desarrollo.
Es la búsqueda de la optimización del rol técnico del organismo rector de la protección civil en Chile, el que en este trayecto también se acerca cada vez más a las personas, integrándolas, potenciando sus capacidades a través de programas concretos. En suma, generando capital social.
*Carmen Fernández Gibbs es directora Nacional ONEMI.
