Señor Director:
En nuestra labor de velar por la promoción y difusión de los derechos fundamentales, hoy observamos horrorizados los hechos que acontecen tanto en Honduras como en nuestro país respecto a esta materia.
El proceso eleccionario llevado a cabo en Honduras se encuentra fuera de la legitimidad democrática. La aprobación dada por EE.UU. a este proceso sienta un peligroso precedente para el resto de Latinoamérica. Los términos que llevaron a reconocerlo como legítimo se gestionaron en pleno congreso norteamericano, negociando un veto al nombramiento del vicesecretario de estado adjunto para América Latina el chileno Arturo Valenzuela. Es de público conocimiento que a cambio del levantamiento del veto impuesto se cambiaría la política del gobierno de Barack Obama hacia Honduras respaldando el resultado de las elecciones, contando o no con la restitución del presidente democrático Manuel Zelaya.
Este acto, sumado a la inoperancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabezada por -el también chileno y militante del partido socialista- José Miguel Insulza, para resolver esta situación, crea un clima de impunidad bastante peligroso para nuestra región debido a los crecientes gobiernos de izquierda que triunfan en nuestro continente, entregando tanto poder como opinión política a los pueblos, lo cual no es menos de lo que el presidente Manuel Zelaya quiso hacer en su país.
Llamamos al cuestionamiento de las acciones concertadas de la OEA en torno a la problemática que aqueja actualmente a Honduras, dado que como socialista José Miguel Insulza tiene el imperativo de resguardar y promover los derechos humanos de la región y no los intereses de EE.UU., aún cuando sea este país quien paga alrededor del 60% de los gastos de la institución que él representa. Lo instamos en caso contrario a aclarar su situación en torno los principios que nuestro partido representa y protege.
En Chile, se hace público un informe desarrollado por el Centro de Derechos Humanos perteneciente a la Universidad Diego Portales, en el cual se toma el caso del menor José Huenante y su desaparición al ser detenido por Carabineros de Chile -hecho ocurrido en septiembre de 2005-. El llamado a reflexionar sobre las condiciones con que Carabineros de Chile ejecuta sus acciones se hace evidente y, tanto el gobierno como la institución, deben revisar los criterios que adoptan al realizar los procedimientos. Algo que no deja de ser preocupante es que el ministro Secretario General de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo, militante del partido socialista, se haya perdido en una discusión mediática sobre la semántica de las acusaciones con que Luis Correa Bluas, abogado querellante, se refiere a la desaparición del menor. Sin ser esto suficiente, entrega declaraciones en que afirma “algunos carabineros escondieron el cuerpo de un asesinato” dando un golpe a todos los actores de esta causa, ya que hasta su intervención nadie hablaba de asesinato.
En este sistema político/económico se hace necesario contar con instituciones que promuevan y defiendan los derechos humanos, crear un manto de protección ante abusos del sistema. Lo que no deja de ser inquietante es el accionar de ambos militantes socialistas contradiciendo todo lo que representa el único sistema que no protege los derechos humanos sino que los garantiza de manera inherente, el socialismo.
