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Derechos constitucionales y normas ambientales

por 2 diciembre 2009

Por imperativos éticos y políticos el gobierno debe dictar una mejor norma, y la Sofofa debe internalizar más aceleradamente el costo de mitigar sus emisiones, y no de perpetuarlas atentando contra el derecho constitucional a la vida de todos los chilenos.

En septiembre pasado, 5 años después de que el gobierno de Lagos decidiera normar el material particulado fino (MP 2,5), el más peligroso para la salud; el texto de la norma fue publicado en el Diario Oficial para consulta pública. Dos meses después, y vencido el plazo de observaciones, la SOFOFA comunicó a la opinión pública que dicha norma y su cronograma de cumplimiento, no era conveniente para el sector industrial.

Proponiendo una postergación de 10 años para el cumplimiento de la nueva norma; y atrasando así las mejoras tecnológicas que dicha norma obliga instaurar a partir del 2012, es decir en tres años más. Aunque esta posición del sector productivo de postergar el mejoramiento ambiental es reiterada; asombra la liviandad con que se cuestiona una norma básica, que  además de proteger vidas humanas, sólo intenta poner a Chile bajo los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud-OMS; y de paso reconocer el derecho constitucional  "a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" (Articulo 19, Nº 8).

Actualmente nuestro país, con una norma de 32 microgramos/m3/año, supera en 3 veces lo exigido por la OMS. Los estudios de la Universidad Católica que fundamentan la nueva norma, reconocen que  superar los niveles de la OMS, (10ug/m3/año) implica aceptar graves impactos en la salud y un aumento de más de 15% en la mortalidad. En consecuencia, una gradualidad que logrará en 3 años una contaminación que duplica lo recomendado por la OMS, y que recién en 22 años (2032) alcanza un nivel menos riesgoso y significa un enorme sacrificio para miles de chilenos, hoy condenados a enfermar y morir. Por imperativos éticos y políticos el gobierno debe dictar una mejor norma, y la Sofofa debe internalizar más aceleradamente el costo de mitigar sus emisiones, y no de perpetuarlas atentando contra el derecho constitucional a la vida de todos los chilenos.

Los análisis que respaldan la norma MP 2,5 estiman que, de cumplirse el cronograma de cumplimiento, Chile evitará  148 mil muertes (por enfermedades respiratorias y cardiovasculares) y los chilenos se ahorrarán 33.500 millones de dólares en consultas médicas y gastos hospitalarios.

De retrasarse esta norma, como pide la Sofofa, los chilenos seguirían pagando en salud lo que las empresas ahorran en tecnología. Pero además cada familia tendrá que seguir lamentando muertes que podrían haber sido evitadas. Por ello, avanzar en esta norma no sólo permite el ejercicio de los derechos constitucionales, sino también progresar hacia una mayor justicia económica y mayor justicia ambiental.

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