Ya se está instalando la idea de que los gobiernos deben intervenir frente al desgate de ciertas industrias que no han podido acomodar sus modelos de rentabilidad a la nueva economía. Y no son pocas las voces que claman la presencia del Estado para proteger la propiedad intelectual. En EE.UU., la industrias más afectadas por la actividad de los P2P y los piratas han perdido 500 mil puesto de trabajo y se han levantado para exigir mayores controles, que en muchos casos son sólo poderosos lobbys políticos para defender intereses de proveedores de internet.
Los mismos temas se discuten hoy en Chile con la diferencia que prácticamente sólo se han sociabilizado entre los más cercanos defensores de la neutralidad de la red. Esta semana España vivió su primera gran batalla en este tema, que puede resumirse como el enfrentamiento de un mundo que no entiende la gran transformación (económica, social política, cultural) que ha generado internet y otro mundo que defienden el derecho lo que hasta ahora se ha ganado.
El gobierno español está discutiendo la incorporación al modelo europeo de vigilancia de internet con capacidad para desconectar a usuarios o perseguir a las web de P2P, que es el camino que prefieren las organizaciones no ligadas a la industria. Las dudas sobre el camino que seguiría el PSOE generó una enorme movilización en la web bajo el lema de El Manifiesto, que es un texto para garantizar «los derechos de los ciudadanos, su privacidad, la neutralidad de la Red, el derecho a usar nuevas aplicaciones y servicios en las redes de telecomunicaciones, la banda ancha como servicio universal, la relación a través de la eAdministración o el derecho a disfrutar de contenidos de dominio público».
El Manifiesto fue un sinónimo de redes sociales y la capacidad de organzación de los internautas. En Google logró 1,4 millones de resultados. Juan Varela describió en el siguiente artículo las claves del Manifiesto (derechos fundamentales) y la defensa que pronto tendremos que dar por estos lados.
- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
