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Editorial

Ética republicana y responsabilidad económica

por 20 enero 2010

 Ética republicana y responsabilidad económica
Las ganancias que de tales circunstancias provienen pueden ser legales pero no parecen legítimas frente a la ética republicana. Todo lo cual pareciera indicar que inevitable la separación entre política y negocios sería el principal problema institucional de su gobierno.

Fue una crónica anunciada hace tiempo que la elasticidad de criterios con la cual Sebastián Piñera maneja la separación entre política y negocios provocaría problemas con negativos impactos para el interés público si llegaba a ganar la Presidencia.

A sólo dos días de haberlo logrado se confirma la previsión. Y alerta sobre la posibilidad de que al amparo de la inexistencia de normas claras, se generen situaciones que pudieran ser descritas como especulación financiera a partir del poder político.

La decisión de la Bolsa de Valores de suspender la venta de acciones de AXXION S.A., controladora del 19.03% de LAN puede ser interpretado como un hecho de esta naturaleza.  Ella fue comunicada pasado el medio día de ayer a Ana María Délano, Gerente General de la empresa, fundada en los acuerdos de autorregulación suscritos entre la Bolsa y la Superintendencia de Valores y Seguros, solicitándole  que  se informara la razón del alza de un 21.43% en el valor de las acciones.

Por el perfil de negocios de la empresa no resultan convincentes los argumentos de la gerencia general de AXXION S.A  sobre los factores que determinaron el alza de sus acciones, que en este caso son más de 40 mil millones de las cuales el 98% aproximadamente pertenece a Sebastián Piñera.

La respuesta de la empresa, de sólo dos párrafos y apenas dos y media horas después, atribuye el hecho a automatismos de mercado que estarían fuera de su control.

En el primer párrafo señala que “no tiene conocimiento de ningún hecho o circunstancia que explique la variación del precio”. En el segundo señala que “…estimamos pueden estar relacionados con la interpretación que le está dando el mercado a los anuncios públicos que ha realizado el controlador de la sociedad, en virtud del cargo público que asumirá en marzo próximo”.

Es evidente que en este temprano caso post electoral vuelve a manifestarse la desaprensión del candidato presidencial electo a la hora de ponderar su posición de negocios en relación al interés público. Son conocidas sus fricciones económicas con los organismos reguladores que lo ponen en  los bordes de lo legal.

El problema es que ahora es Presidente electo y su posición, respecto de las instituciones públicas y la transparencia de los mercados ha cambiado totalmente.

Por lo mismo, el incidente de la Bolsa de Valores, claramente previsible según operadores del mercado, le es imputable pues es el socio controlador.

Adicionalmente, Sebastián Piñera acaba de declarar que buscará la reforma constitucional para introducir capitales privados en CODELCO, y ha circulado profusamente la noticia de  que vetó preguntas sobre la venta de sus acciones de LAN a los canales de TV que lo entrevistaron el lunes.

Constituyen malas señales. Por el perfil de negocios de la empresa no resultan convincentes los argumentos de la gerencia general de AXXION S.A  sobre los factores que determinaron el alza de sus acciones, que en este caso son más de 40 mil millones de las cuales el 98% aproximadamente pertenece a Sebastián Piñera.

Las ganancias que de tales circunstancias provienen pueden ser legales pero no parecen legítimas frente a la ética republicana. Todo lo cual pareciera indicar que inevitable la separación entre política y negocios sería el principal problema institucional de su gobierno.

Por lo mismo es de extrema necesidad la autocontención empresarial de Sebastián Piñera ahora que es Presidente electo, y la aceptación de su responsabilidad sobre el destino de lo público a partir del mismo domingo en que ganó las elecciones. Si no lo acepta estará faltando a la regla del accountability predicada en Harvard: es decir responsabilidad y transparencia en lo público, con serias lesiones para la institucionalidad regulatoria del país.

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