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Censura previa: un primer mal paso

por 21 enero 2010

La solicitada censura a priori ha suscitado lógica preocupación entre profesionales de la prensa y otros sectores ciudadanos, en la medida que se interpreta como un acto de abuso de poder delegado.

No sin cierta molestia, me he enterado que el Presidente electo ha inaugurado su ejercicio con entrevistas “pre-censuradas” con los canales de TV. De acuerdo a las informaciones, sus asesores de prensa habrían ofrecido dichos encuentros con la condición de que no se le consultara sobre las empresas de las cuales es aún accionista. La propuesta, según declaraciones de los profesionales involucrados, fue aceptada por algunos canales, en el entendido que no es poco habitual la ocurrencia de este tipo de negociaciones en el periodismo. En tales casos, los medios parecen validar la poco recomendable práctica, a cambio de la posibilidad de realizar al entrevistado otras infinitas consultas de interés público que equilibrarían la censurada.

Como era previsible en una muy democratizada nueva estructura de medios y comunicaciones digitales del siglo XXI, la situación descarriló luego de la justificada negativa de un periodista de la estación del mandatario a realizar la entrevista bajo esas circunstancias. Si los hechos no hubieran trascendido, la situación no tendría la entidad que ameritara comentarios y habría quedado subsumida, como tantas otras, entre las millones de negociaciones que exigen las relaciones entre poderes. Sin embargo, la noticia no solo circuló a través de la prensa electrónica durante horas, sino también, en las redes sociales y en algunos medios masivos tradicionales –eventualmente intencionados-, con obvio perjuicio para la imagen libertaria del nuevo primer mandatario.

la solicitada censura a priori ha suscitado lógica preocupación entre profesionales de la prensa y otros sectores ciudadanos, en la medida que se interpreta como un acto de abuso de poder delegado.

Es cierto, los Presidentes tienen potestad sobre una serie de situaciones propias de su cargo y sus asesores comunicacionales han cumplido con su trabajo: han impetrado el derecho de petición a los medios, los cuales, a mayor abundamiento, negociaron y aceptaron, considerando la relevancia del entrevistado y su poder representativo. No obstante, los resultados de la petición han perjudicado tempranamente su autoridad y, en definitiva, la solicitada censura a priori ha suscitado lógica preocupación entre profesionales de la prensa y otros sectores ciudadanos, en la medida que se interpreta como un acto de abuso de poder delegado.

En efecto, los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la Unesco y de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) establecen desde hace varias décadas una completa deontología en la que, entre otras cosas, se señala que el periodista debe favorecer el acceso ciudadano a la información, pues se entienden las libertades de información y expresión como sustantivas para la democracia. De allí que aquellos tengan el derecho de negarse a trabajar en contra de sus convicciones personales y morales, junto con la obligación de informar sobre hechos de origen conocido, sin eliminar los esenciales para los ciudadanos, aunque, desde luego, sin distorsionar intencionadamente la información que ofrecen. La pre-censura violenta pues, estos deberes y derechos.

Frente a la inevitable colisión de intereses entre la obligación ética del periodismo (son los únicos profesionales que tienen bajo resguardo jurídico el secreto de sus fuentes, amén del secreto de confesión sacerdotal) y la de quienes ostentan poder, en las democracias liberales las autoridades han desarrollado una serie de fórmulas éticamente aceptables, entre las cuales no figura el condicionamiento de las entrevistas a una limitación de las preguntas que puede formular el periodista, quien, en todos los casos –se espera- representa los intereses de sus miles de lectores y no necesariamente a sí mismo. De allí la vieja expresión: “no hay preguntas indiscretas, sino respuestas inoportunas”.

La autoridad no debería olvidar que, en democracia, está en el cargo por voluntad ciudadana y que es mandatario de aquella y no su mandante. Su potestad deviene del traspaso temporal de esa voluntad y, por consiguiente, debe hacer uso cauteloso y prudente de tal poder. Dado que el periodista es un canal entre la voluntad popular y sus autoridades y que la ciudadanía requiere, para su bienestar, mantenerse informada de modo amplio y transparente, peticiones como las formuladas por los asesores de Piñera, afectan directamente la confianza entregada.

El uso de la conocida receta anglosajona “sin comentarios” es el mejor resultado posible de una larga lucha entre los intereses de los poderes públicos y el de los ciudadanos. Mediante ella, el periodista cumple su labor, sin pre-condiciones, materializando su doble papel de informar sobre los hechos diarios a sus lectores o auditores, junto con proporcionar a la autoridad datos sobre los fenómenos que están inquietando a la gente, evitando que aquella quede envuelta y enceguecida en la burbuja del poder. De esa forma, la ciudadanía se entera, al menos, que sobre esos temas no existe aún postura definitiva o comunicable del mandatario; y éste, a su turno, puede medir, según sea la intensidad del cuestionamiento periodístico, aquellos aspectos de su gestión que preocupan a quienes le encargaron conducir al país. Estos, no por estar dispersos, no dejan de conformar un poder potencial fulminante, como bien pudo constatarlo hace unos días la coalición derrotada.

Las libertades de información y expresión son pilares sustantivos de la democracia, como la libertad de emprendimiento, negociación y precios, lo son para la economía; y la transparencia -valor en el que el periodismo libre, sin más limitaciones que las éticas, es insustituible-  indispensable para viabilizar una democracia y una economía moderna, dinámica y participativa.

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