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El derecho a votar en el extranjero: vergüenza de exportación

por 24 enero 2010

La asignación de derechos políticos en función al territorio de residencia parte del supuesto que los chilenos que viven en el extranjero no tienen interés en los procesos políticos que se desarrollan en Chile.

Nuestras madres o abuelas nacieron en un país en el que les estaba prohibido votar. 60 años atrás las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda categoría, incapaces de reflexionar sobre la realidad política y el acontecer nacional. Sus propios padres o abuelos nacieron, a su vez,  en un país en el que el voto era patrimonio exclusivo de los poderosos. Tal como ellas, los chilenos pobres del siglo XIX, carecían de derechos políticos por el solo hecho de ser pobres.

En pleno siglo XXI los chilenos que residen en el extranjero son objeto del mismo trato discriminatorio. Los argumentos que se han dado para impedir su incorporación al proceso democrático no son tan distintos a los que en su momento se esgrimieron para impedir el voto de los pobres y de las mujeres.

Estos argumentos, paternalistas y arrogantes por esencia, pretenden establecer categorías de individuos y establecer el ejercicio de los derechos políticos de acuerdo a ellas.

La asignación de derechos políticos en función al territorio de residencia parte del supuesto que los chilenos que viven en el extranjero no tienen interés en los procesos políticos que se desarrollan en Chile

De esta forma  y en relación al periodo histórico, se han utilizado categorizaciones relativas al ingreso, al género y al territorio para impedir que ciertos sectores de la población ejerzan su soberanía.

La asignación de derechos políticos en función al territorio de residencia parte del supuesto que los chilenos que viven en el extranjero no tienen interés en los procesos políticos que se desarrollan en Chile. De acuerdo a este argumento, cualquier chileno por el hecho de cruzar la frontera y de fijar su residencia fuera del territorio nacional, pierde todo sentido de realidad sobre lo que sucede en su país y por tanto, su voto sería el producto de una reflexión alienada, fuera de contexto, carente de significado y ajena al proceso racional que supone el ejercicio de los derechos políticos.

Este argumento se basa en premisas absurdas y peligrosas. En primer lugar, asume que el Estado es capaz de penetrar en el fuero interno de los individuos y medir el nivel de conexión con su país. En segundo lugar, asume que la carencia de ese “sentido de realidad” es una condición necesaria de todo chileno residente en el extranjero. Tercero, asume que es preciso tener una particular concepción sobre la realidad para dar validez al voto, concepción de la que los chilenos en el extranjero, carecerían.

El argumento es además artificial ya que los chilenos que pueden pagar un pasaje (ya sea por sus propios medios o por invitación de un tercero interesado) para votar en alguna elección en Chile y luego regresar a su país de residencia, recuperan inmediatamente el sentido de realidad política que habrían perdido en el extranjero, aunque permanezcan en Chile solo por el día de la elección. Ellos si pueden votar, en parte porque sus bienes o sus influencias se lo permiten, tal como sucedía en el siglo XIX cuando solo quienes contaban con un patrimonio determinado eran ciudadanos con derecho a sufragio.

Por otra parte, el argumento parece olvidar que las categorías territoriales han perdido significado con el desarrollo de las tecnologías y redes digitales. Hoy en día, cualquier chileno, sin mayor esfuerzo, puede seguir el acontecer político desde cualquier lugar del mundo. De esta forma, la distinción entre lo local y lo global se ha diluido de tal modo que el argumento central sobre la prohibición del voto de chilenos en el extranjero es tan ridícula como la prohibición del voto a las mujeres.

El argumento que se ha sostenido para impedir el voto de chilenos en el extranjero más que un argumento parece una justificación. Una justificación electoral para impedir que un grupo de personas que tradicionalmente se han identificado con opciones más progresistas pueda afectar el resultado de las elecciones. Es decir, en realidad se trata de un frío cálculo electoral, oportunista y discriminatorio.

Dicho argumento desconoce el derecho a sufragio de todos los chilenos establecido en la Constitución Política y tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales Chile es parte,  que reconocen que los derechos políticos siguen a la persona independiente del territorio en el que se encuentren. En consecuencia, la gran mayoría de los países democráticos han creado los mecanismos que permiten el ejercicio del  sufragio fuera de las fronteras nacionales por parte de sus ciudadanos, basados en los principios fundantes de los derechos humanos, el principio de la igualdad y de la no discriminación de las personas  cualquiera sea su raza, genero, condición y país de residencia.

Porque somos chilenos residentes en el extranjero, plenamente conscientes de la realidad y del acontecer político de nuestro país rechazamos los argumentos conservadores y antidemocráticos que impiden el ejercicio libre de nuestros derechos políticos. Porque no somos ciudadanos de segunda categoría como tampoco lo fueron nuestras madres o nuestras abuelas y los pobres antes que ellas. Porque es nuestro desafío desterrar el concepto de ciudadanos de segunda categoría que nuestro sistema político y económico reproduce en distintas esferas. Porque creemos en la autonomía individual y negamos imposiciones arbitrarias y torcidas, el pasado domingo 17 de enero hicimos un llamado a todos los chilenos residentes en el extranjero a manifestar de modo simbólico su voto en las últimas elecciones.

La respuesta fue reconfortante. Los chilenos que residen en el extranjero si tienen interés y ganas de participar. Más de 100 personas llegaron a las casas del parlamento en Londres a dejar su voto en la mesa simbólica que habilitamos para tales efectos. En la página web fueron 1.103 los chilenos residentes en más de 60 países que decidieron participar virtualmente del proceso eleccionario.

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