La rectificación hecha por la Secretaria General de Gobierno en cuanto a la duración de la publicidad, si bien es una enmienda parcial, por lo menos repara en algo una situación que resulta descortés y provocativa, y está fuera de los cánones de responsabilidad republicana.
La decisión del gobierno saliente de realizar una campaña publicitaria destinada a informar a la ciudadanía acerca de sus logros y los derechos ciudadanos que de ellos derivan resulta extemporánea.
En primer lugar porque se presta a una interpretación odiosa acerca de lo que es dable esperar del gobierno que entra en cuanto a su respeto de la legalidad vigente y de los derechos ciudadanos, frente a uno que dejaría una impronta indeleble en materia de protección de la ciudadanía.
[cita] Cada una de las políticas públicas y acciones que sostienen los derechos que se supone se informarán a través de la campaña ya debieran haber sido comunicados a los beneficiarios con oportunidad de su dictación.[/cita]
En segundo lugar, porque cada una de las políticas públicas y acciones que sostienen los derechos que se supone se informarán a través de la campaña ya debieran haber sido comunicados a los beneficiarios con oportunidad de su dictación.
Es de conocimiento público que todos los gobiernos gastan ingentes sumas de dinero en la promoción de sus logros y realizaciones. Es más, ello se refleja en asignaciones presupuestarias cada año en los diferentes ministerios y reparticiones públicas, e incluso la propia Presidencia, para que desarrollen políticas de comunicación en torno a sus competencias.
En el caso de la Presidencia de la República esta cuenta con una oficina especial, la Secretaría de Comunicaciones, SECOM, que si bien funcionalmente depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en la práctica es un instrumento de comunicaciones casi exclusivamente de ella.
La SECOM, a comienzos del presente gobierno, se empeñó en sacar un boletín gubernamental de formato tabloide y amplia distribución nacional, para que tanto la Presidencia como los ministerios publicaran ahí sus logros, con instructivos muy precisos acerca del tratamiento de las noticias, hecho que originó mucho debate y cuestionamientos públicos.
Por otro lado, uno de los componentes fundamentales de las políticas públicas de los últimos años ha sido introducirles indicadores de información y participación ciudadana. Estos, desde hace años, se reflejan en metas gubernamentales e incentivos monetarios a los funcionarios por su cumplimiento, a través de mecanismos como el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) y Compromisos de Gestión cuyo cumplimiento controla la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda anualmente.
Dado todo lo anterior, y si eventualmente hubiere aún aspectos poco comprendidos por los ciudadanos en relación a sus derechos y beneficios – lo que sería un indicador de incompetencia respecto de lo que se debía hacer por parte de la administración en su momento- no parece prudente hacer una campaña como la proyectada ad portas de un traspaso de mando.
Menos aún si parte importante de esta campaña se desarrollaría en los primeros diez días del nuevo mandato. Lo que corresponde en ese caso es hacerle notar ese déficit al nuevo gobierno y, eventualmente, utilizar de manera discreta los mecanismos normales de la administración para comunicarse con la ciudadanía.
De ahí que la rectificación hecha por la Secretaria General de Gobierno en cuanto a la duración de la publicidad, si bien es una enmienda parcial, por lo menos repara en algo una situación que resulta descortés y provocativa, y está fuera de los cánones de responsabilidad republicana.
Tal como señala la Ministra Pilar Armanet, la Presidenta de la República tiene una enorme popularidad y no requiere de campañas publicitarias para hacerla notar. Pero hechos como este demuestran que ello está directamente relacionado con su carisma personal, y que es ajeno a las erráticas acciones que en muchas oportunidades durante su mandato ha tenido su equipo de comunicaciones encabezado por la SECOM.
