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Chile en la OCDE, ¿un aporte al medio ambiente?

por 5 febrero 2010

Conformarse con el ingreso a la OCDE sería un error, que podría dar la sensación de que el país avanza, cuando en realidad podría implicar un estancamiento del país en materia ambiental.

Hacia 2004 una delegación de la OCDE, en conjunto con profesionales de Cepal, trabajaron durante varios meses para hacer un diagnóstico de Chile en materia de medio ambiente. Un año después, emitieron un informe que incluyó 52 recomendaciones en materias de agua, biodiversidad, participación ciudadana, institucionalidad ambiental y sectorial, contaminación, políticas forestales, salmonicultura, entre otros temas. Sin duda, este proceso generó una serie de expectativas que hoy, cuando el país acaba de concretar su ingreso al club de países desarrollados, es importante revisar.

En primer término, es importante destacar que las directrices contenidas en el informe de 2005 se elaboraron sólo en términos de recomendaciones y sugerencias, es decir, no son vinculantes y no fueron exigidas como requisitos para que la OCDE aprobara el ingreso de Chile. Como consecuencia, el país completó muy pocas de la larga lista de tareas señaladas, y en otras realizó ciertos avances, pero aún queda mucho por hacer. Esto es especialmente válido en términos de la institucionalidad del sector, en que se acaba de promulgar una ley que crea un Ministerio de Medio Ambiente, pero aún no se inicia el trabajo para su implementación. En otros temas, como la participación ciudadana, la dictación de normas de calidad y emisión  o la protección de la biodiversidad, los avances fueron prácticamente nulos en el último lustro.

Conformarse con el ingreso a la OCDE sería un error, que podría dar la sensación de que el país avanza, cuando en realidad podría implicar un estancamiento del país en materia ambiental.

Así, Chile ha firmado su ingreso a un club de países pioneros a nivel mundial –sólo falta la aprobación final en el Parlamento, lo que debiera ocurrir en marzo-, a pesar de que aún conserva importantes deficiencias propias de un país del Tercer Mundo. Para entender esta paradoja, es importante comprender el carácter de esta organización internacional, cuyas directrices y normas internas no son vinculantes, y que lo que hace es simplemente evaluar periódicamente a cada país miembro en base a ciertos parámetros, para luego entregar recomendaciones, que pueden o no adoptarse. El propósito de la OCDE es maximizar el crecimiento económico de sus países miembros, para lo cual los países intercambian información e intentan armonizar sus políticas nacionales.

La OCDE conforma, básicamente, una comunidad de consumidores; no existe en ella el concepto de bien común como valor superior de la sociedad separado del desarrollo económico; crecimiento económico y calidad de vida  aparecen casi como sinónimos. Los temas abordados por esta organización carecen de una perspectiva local, del reconocimiento de otros valores, son parte de la globalización en tanto crecimiento económico y homogenización de las culturas. Su objetivo es promover el libre mercado entre los países miembros.

Esto, necesariamente, implica fomentar el consumo, como la única vía que se concibe para potenciar el “crecimiento” y “desarrollo” de los países, en términos estrictamente económicos. Ese consumo, puede ser regulado, normado y sugerido bajo ciertos estándares, lo que puede resultar en algún sentido beneficioso para Chile, pero debemos tener presente que el desarrollo económico sigue siendo el eje de la organización.

En este contexto, las directrices entregadas en el ámbito medioambiental, si bien pueden ser evaluadas en forma positiva, ya que apuntan a mejorar una serie de aspectos, están orientadas a favorecer el mejor desarrollo del mercado y elevar la productividad más que, por ejemplo, pensar en proteger el patrimonio natural de un país en términos ecológicos, de paisaje  o porque es un bien común. Así, si bien el ingreso a la OCDE nos impone algunos desafíos en materia ambiental, evidentemente lo hace bajo el concepto del mercado.

Por ello, en los próximos años, para Chile el desafío debiera ser trabajar con una visión de largo plazo, con el objetivo de elaborar planes y políticas públicas que permitan realmente proteger nuestros ecosistemas naturales, mantenerlos libres de contaminación, cuidar las aguas, fortalecer la participación ciudadana, etc., en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Necesitamos que en Chile, tanto desde el gobierno como desde la oposición, en el Parlamento o en cualquier otro sector, se comience a pensar, discutir y articular políticas de Estado de mediano y largo plazo que tengan como objetivo garantizar el bien común y resguardar el patrimonio que pertenece a todos los chilenos.

Conformarse con el ingreso a la OCDE sería un error, que podría dar la sensación de que el país avanza, cuando en realidad podría implicar un estancamiento del país en materia ambiental.

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