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Decir lo que otros callan

por 8 febrero 2010

Los grandes empresarios y medios de prensa posan, de serios promotores del libre mercado, pero no dejan escapar ocasión para endosar y encubrir, respectivamente, muchos de los costos y perjuicios que sus negocios generan a la comunidad para que el Estado, más tarde, termine asumiéndolos con dineros públicos.

Creemos firmemente en la libertad de expresión en los términos que existe en los países  democráticos. También les reconocemos a los medios de prensa que se identifican con los grupos económicos el derecho que tienen para promover sus intereses particulares, los de sus avisadores y los de sus amigos.

Pero lamentamos que en nuestro subdesarrollado país la mayoría de los diarios, sitios electrónicos, cadenas radiales y canales de TV de los consorcios periodísticos dominantes, o asociados a ellos por conveniencia, silencien las noticias que consideran inconvenientes para los suyos y sus mentores.

Los grandes empresarios y medios de prensa posan, de serios promotores del libre mercado, pero no dejan escapar ocasión para endosar y encubrir, respectivamente, muchos de los costos y perjuicios que sus negocios generan a la comunidad para que el Estado, más tarde, termine asumiéndolos con dineros públicos.

Los grandes empresarios, y dichos medios de prensa posan, de serios promotores del libre mercado, pero no dejan escapar ocasión para endosar y encubrir, respectivamente, muchos de los costos y perjuicios que sus negocios generan a la comunidad para que el Estado, más tarde, termine asumiéndolos con dineros públicos. Ejemplos hay muchos, y en esta tribuna los hemos denunciado en una y otra oportunidad.

A continuación describimos una situación ejemplar que grafica esta clase de prácticas tercermundistas:

El 2 de febrero pasado el Diario Financiero, informaba a sus lectores que el día previo dos personas que controlan el grupo inversor Hurtado Vicuña se habían reunido con el contralor para manifestarle su preocupación por el visto bueno pendiente que aún mantenía la Contraloría General de la República, ya que con él en las manos les  permitía poner en marcha su megaproyecto inmobiliario sobre 800 hectáreas en terrenos agrícolas, es decir, fuera del límite urbano de la comuna Pudahuel.

Para ablandar al ente fiscalizador, cuyos funcionarios son lectores habituales de ese diario, se utilizó la manida formula de impresionarlos hablando de una inversión paralizada por dos mil millones de dólares, pero omitiendo referirse a las graves irregularidades y omisiones incurridas en la tramitación del mismo y de otros dos de iguales características, y que, como veremos más adelante, conllevarían enormes costos para el erario nacional de no exigir la Contraloría para ellos el cumplimiento de la ley.

En esta clase de negocio de expansión urbana en la ya la saturada megalópolis de Santiago, los grupos Endesa y Santa Cruz- Yaconi también llevan velas en este entierro con sus respectivos proyectos Enea y Urbanya, a emplazarse en esa misma comuna periférica con presuntas inversiones de mil quinientos millones de dólares.

Recordemos que estos lucrativos “emprendimientos”, denominados Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), se han posibilitado gracias a una polémica regulación administrativa impulsada en el año 2003 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, recogiendo las proposiciones de quienes se iban a ver favorecidos con la misma. Recordemos que en Chile el crecimiento de las ciudades lo decide el sector privado.

Ahora bien, si estuviéramos en Suiza este artículo, como tantos otros, no se habrían publicado, en razón de que una tramitación tan irregular como la que han tenido estos proyectos de ningún modo habrían conseguido la aprobación de ningún ente estatal.

Pero con la negligencia de los miembros de la Corema y del Consejo Regional (CORE) Metropolitano, y el silencio de otros, se consiguieron aprobar sin que sus miembros hubieran leídos y entendido ni remotamente la documentación y la normativa respectiva. Así se logró que llegaran estos proyectos hasta la Contraloría para su toma de razón, consiguiéndose con ello que recayera en ésta todo el peso del descontento público al aparecer deteniendo tamañas inversiones en períodos de tantas necesidades económicas.

El referido Diario Financiero, muy suelto de cuerpo, comunicó en sus páginas que los controladores del grupo, los hermanos Hurtado, le habían manifestado al contralor “que estaban decididos a iniciar la construcción lo antes posible” (sic). Como esa noticia la consideramos muy incompleta y con un marcado sesgo inductor, inmediatamente llamamos por teléfono al periodista autor de la nota quien no se encontraba en su lugar de trabajo, razón por la cual solicitamos hablar con su jefe, y a quien le ofrecimos toda la documentación que manejamos respecto de estas tres tramitaciones, ello con el propósito de que sus devotos lectores conocieran la otra cara de la moneda.

Ese editor nos agradeció nuestro interés y nos contestó que el profesional asignado al tema se contactaría con nosotros para conocer y publicar las razones por las cuales la Contraloría no puede aprobar todavía esos 3 PDUC : pero tal periodista nunca apareció.

Estamos hablando de tres mega negocios inmobiliarios que pretenden modificar los usos de suelo de 2.400 hectáreas silvoagropecuarias de la comuna de Pudahuel, al borde de la Ruta 68. Terrenos adquiridos con valor agrícola, los que mediante la referida polémica legislación se trasformarían en urbanos, en base al ya trillado slogan de que los gestores inmobiliarios ahora sí, se harían cargo de todas las externalidades negativas que estos proyectos generarían para la ciudad, asumiéndolas y garantizando de antemano su pago.

Pero aprobados hace más de dos años por la instituciones “que dejan de funcionar”, con las consabidas “equivocaciones” de los funcionarios públicos que habían intervenido en la tramitación de los permisos, y que, curiosamente liberaban a los titulares de los tres PDUC de las costosas compensaciones que les permitían acogerse a tan excepcional normativa, tuvimos que recurrir a la Contraloría indicándole las infracciones y solicitándole que devolviera al CORE las resoluciones correspondientes.

Y así fue como el 27 de marzo de 2009 la Contraloría devolvió esas resoluciones al Gobierno Regional Metropolitano, representándole el sinnúmero de irregularidades y omisiones de que padecían, las que el lector puede conocer accediendo al dictamen 16026 de 2009, registrado en la página web de la Contraloría.

Pero, sí vale la pena trascribir en esta ocasión una de ellas, la que consideramos una burla de la mayor gravedad para el interés público: “Se observa que el denominado Estudio Estratégico de Impacto sobre el Sistema de Transporte e Infraestructura, que se acompaña, no se encuentra concluido, ni se considera en el mismo un plan de inversiones que identifique las obras de desarrollo que mitiguen los impactos así como las expropiaciones necesarias para su construcción”. Es decir, los titulares de los proyectos querían pasar gato por liebre con la servil complicidad del gobierno autodenominado progresista.

Como al pasar de los meses luego del rechazo de la Contraloría existía tanto interés por parte de esos modernos empresarios para que ésta finalmente tomara razón de las resoluciones del CORE y en la seguridad de que ya habían superado todas las situaciones irregulares detectadas por nosotros y confirmadas por aquella, y a sabiendas que el único servicio público que había hecho bien su trabajo era el Seremi de Obras Públicas, el 19 de noviembre de 2009, le solicitamos al anterior, aprovechando la Ley de Transparencia, los estudios viales respectivos. Suponíamos que después de 8 largos meses, a contar de la fecha del dicho rechazo, tales distinguidos hombres de negocios ya habían superado todas las objeciones planteadas.

Pero no fue así, y en efecto, el 27 de noviembre de 2009, ese Seremi de Obras Públicas, cumpliendo cabalmente con la legislación de acceso a la información pública, nos entrega copia de un completísimo documento compartido con otros servicios sectoriales, en donde se aprecian la infinidad de omisiones e irregularidades que ponemos a disposición de los lectores interesados si nos lo solicitan. Obviamente este acabado documento se lo entregamos a la Contraloría para que ésta, en un tiempo más, y cuando esos tres actores privados hayan cumplido escrupulosamente todas las exigencias consideradas en el artículo 8.3.2.4. de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), esté en condiciones de visar las nuevas resoluciones del CORE.

Los que creemos en el libre mercado de verdad, es decir, en donde todos los actores intervienen en igualdad de condiciones, agradecemos a El Mostrador que nos permita dar a conocer este tipo de actuaciones, las que dejan muy mal parado al acomodaticio establishment y por ello celebramos que en Chile todavía existan medios plurales y objetivos que informan de acuerdo a la evidencia de los hechos. Este nicho de libertad de expresión debemos mantenerlo y si es posible acrecentarlo, para que en un futuro cercano podamos ser un país desarrollado.

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