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El Plan Antidelincuencia de Piñera y los riesgos del modelo colombiano

por 23 febrero 2010

El Plan Antidelincuencia de Piñera y los riesgos del modelo colombiano
La participación ciudadana es fundamental en el diseño, prevención e incluso en la información para el control del delito, pero ella debe fundarse en la confianza que las instituciones públicas logran consolidar con la ciudadanía.

Hace algunos días, el futuro ministro del Interior hizo pública una serie de medidas destinadas a reducir la delincuencia en nuestro país. Al observar el compromiso personal de Rodrigo Hinzpeter con el tema, sólo cabe valorar el hecho que como autoridad ministerial asuma la conducción de tan relevante desafío para Chile.

Llegó la hora de ponerle contenido a los eslogans espectaculares que observamos durante la campaña presidencial: “Vamos a derrotar la delincuencia” “Narcotraficantes, tienen sus días contados”. Hoy es tiempo de mirar con seriedad, prudencia y urgencia este relevante flagelo que afecta a las sociedades modernas.

Tal como se lo he manifestado directamente al futuro ministro del Interior, creo necesario hacer pública mi disposición a colaborar con el nuevo gobierno en todas aquellas medidas que apunten a controlar la delincuencia, a reducir la impunidad, a incrementar los niveles de paz y tranquilidad, ya que, tal como lo señalé en reiteradas oportunidades, estamos frente a un tema de Estado que debe asumirse sin trincheras políticas ni sacando pequeños dividendos de un flagelo que afecta a miles de compatriotas sin distinciones de ninguna especie.

La participación ciudadana es fundamental en el diseño, prevención e incluso en la información para el control del delito, pero ella debe fundarse en la confianza que las instituciones públicas logran consolidar con la ciudadanía.

Dicho lo anterior, creo necesario observar desde mi experiencia práctica algunas de las medidas propuestas para el “Primer Plan antidelincuencia del Gobierno de Sebastián Piñera”.

Respecto del incremento de la dotación de las policías, me parece acertado y necesario continuar con la política de incrementos graduales que se implementó durante los últimos años. Este debería ser considerable en el caso de la PDI ya que posee un alto déficit de recursos humanos.

En materia de implementación del GPS como mecanismo de control de medidas alternativas reitero mi respaldo a dicha iniciativa que hoy discutimos en el Congreso nacional. Es más, hemos planteado con el diputado Jorge Burgos, la necesidad de establecerla como medida cautelar para ciertos delitos y evitar así su comisión durante el juicio y antes de la condena.

Respecto de otorgar “tuición” a alcaldes sobre las policías tengo diferencias estructurales. Los alcaldes son entes políticos de administración local, fundamentales en el desarrollo comunal. Ciertamente se requiere contar con su participación, visión e incluso coordinación previa en materias de seguridad local y su relación con las policías debiera ser más fluida y complementaria. Pero cualquier “tuición” que estos posean sobre las instituciones policiales en la localidad que dirigen traerá como consecuencia la politización de las instituciones o, lo que es peor, de sus integrantes.

Por otra parte si lo que hay detrás es la creación de “policías municipales”, mi oposición será total. La tendencia mundial es justamente la contraria, la unificación de policías estaduales o locales y el potenciamiento de fuerzas policiales con doctrina, formación y mando único. Al mismo tiempo hoy existen profundas desigualdades en el sistema de financiamiento municipal. Esta medida extendería dicha desigualdad a un ámbito relevante como lo constituye la seguridad. Así, los municipios que tengan recursos necesarios podrían costear sus “policías municipales” mientras que quienes no los tengan no podrán hacerlo en perjuicio de los habitantes más pobres y donde el delito es omnipresente.

Frente a la propuesta de crear una red de colaboradores de seguridad, de acuerdo al modelo colombiano, sólo me cabe advertir algunos puntos. La participación ciudadana es fundamental en el diseño, prevención e incluso en la información para el control del delito, pero ella debe fundarse en la confianza que las instituciones públicas logran consolidar con la ciudadanía.

La experiencia internacional permite advertir un aumento en los niveles de violencia local cuando los vecinos son “conocidos informantes de la autoridad”. Las denuncias deben motivarse en reserva, con prudencia y chequeo previo de su veracidad, a fin de evitar el uso del sistema como mecanismo de solución de controversias vecinales o método de distracción de la función policial. El sistema debe ser muy expedito para que el denunciante conozca –en alguna etapa posterior- los resultados de su denuncia, ya que de lo contrario, se incrementará la sensación de impunidad, generando frustración e incrementando los niveles de desconfianza en la autoridad o el sistema.

Un elemento clave lo constituye el secreto y la reserva en el manejo de la información ya que el “vecino denunciante” puede transformarse en un blanco inmediato de delincuentes habituales o narcotraficantes, incrementando su inseguridad. La existencia de vecinos colaboradores es una práctica muy antigua, eficaz y eficiente en la medida que se aplique un viejo aforisma de quienes hemos trabajado en seguridad, “Hay ciertas medidas de seguridad se implementan y no se anuncian”.

Por último nada se dijo sobre el sistema de evaluación que se utilizará para medir la eficacia de dichas medidas. El futuro gobierno deberá entregar en abril los resultados de la ENUSC 2009 y dicho guarismo será el punto de partida para evaluar cuantitativamente los resultados de este plan y otras medidas que puedan complementarlo.

Los indicadores del INE son claros y públicos:

Tasa de victimización de hogares en Chile:

2003: 43,0%

2005: 38,3%

2006: 38,4%

2007: 34,8%

2008: 35,3%

Es de esperar que junto a otras medidas preventivas de fondo constituyan la consolidación de una política de estado en esta materia, donde la disminución de desigualdades como mecanismo de inserción social y desincentivo del uso de drogas como mecanismo de incorporación al delito sean piedras fundantes de un descenso sostenido de la victimización y, con ello un incremento en la paz social de todos los chilenos. Para ello, siempre contarán con mi trabajo.

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