La adrenalina política ha llevado al Presidente electo no sólo a varios roces con el gobierno saliente, en especial por cuestiones de política fiscal y política exterior, sino a dar pasos que se consideran desafortunados desde el punto de vista del desarrollo institucional de la República.
Tanto las declaraciones después del triunfo como aquellas que han rodeado el proceso de designación de autoridades tienen o demasiada adrenalina de novatos o simplemente una enorme descoordinación en el futuro gobierno.
A la notoria desavenencia entre los futuros ministros de Hacienda Felipe Larraín y su par de Economía Juan Andrés Fontaine en torno al impuesto específico a las gasolinas, debe sumarse la admonición del designado subsecretario de Economía en torno a la imposibilidad de cumplir con todas las promesas de campaña y la necesidad de austeridad fiscal.
[cita]Las señales alertan sobre la posibilidad que en un gabinete de poca experiencia política y muchos ingenieros comerciales y economistas domine la tentación por opinar más allá de las competencias y ello se transforme en fuente de constantes discordias al interior del gobierno.[/cita]
Parece un hecho que las futuras autoridades económicas no parecen haber asimilado todavía el rol de la función que asumirán, ni menos que desde el momento en que han sido designados sus opiniones tienen otro peso político, distinto al que tenían antes de las elecciones, y que deben administrarlas con criterio político además de técnico.
Resulta raro que el Subsecretario de Economía actúe como ministro o subsecretario de Hacienda, cuando el debe darle al menos esperanzas a las PYMES, a los consumidores y a muchos otros agentes económicos. En este caso los que deberían hablar son Felipe Larraín (Hacienda) o Cristián Larroulet (SEGPRES) y no Tomás Flores.
Tales señales alertan sobre la posibilidad de que en un gabinete de poca experiencia política y muchos ingenieros comerciales y economistas –incluido el propio Presidente- domine la tentación por opinar más allá de las competencias, y la prudencia, en materia económica, y ello se transforme en fuente de constantes discordias al interior del gobierno.
Ello es un riesgo cierto pues dicho con la mejor de las intenciones y sin suponer en absoluto disputas por intereses corporativos de por medio, la mayoría de los funcionarios designados es heredera de la ortodoxia de los años 80 del siglo pasado, y sienten que la economía es el ámbito estratégico esencial del nuevo gobierno.
El Presidente electo, por su parte, no ha perdido oportunidad de organizar ceremonias donde antes había actos austeros y alejados de la pompa pública. La ceremonia organizada para dar a conocer el nombre de los futuros ministros resultó un tanto exagerada. Más aún si se considera las ácidas críticas políticas que provocó su composición tanto entre opositores como entre adherentes del futuro gobierno.
La adrenalina política presidencial lo ha llevado no sólo a varios roces con el gobierno saliente, en especial por cuestiones de política fiscal y política exterior, sino a dar pasos que se consideran desafortunados desde el punto de vista del desarrollo institucional de la República.
Uno de ellos es tratar de anudar nuevamente un indebido vínculo político de los militares, haciendo un esfuerzo porque uno de ellos de alto grado asuma la nueva Subsecretaría de Defensa. Si tal cosa se concretara, en la práctica el poder civil estaría abdicando de manera abierta el mando que le compete, y en especial el liderazgo que le cabe en la restructuración acordada para la Defensa en las leyes hace poco aprobadas.
La señal que se daría es que la carrera del alto mando militar termina en un cargo político, cuando es esencial que la profesionalización de las fuerzas armadas –a las que aún le falta mucho- esté referida a su círculo profesional institucional. Más aún, la historia militar reciente del país obliga a pensar en mandos superiores que una vez que dejan sus funciones, quedan inhabilitados por cuatro o cinco años para ejercer funciones políticas en el área de la defensa que no sean de asesoría, con el objeto de inhibir el uso del poder civil en redes corporativas o de influencia que entraban lo profesional.
Es verdad que la insistencia de los gobiernos de la Concertación en políticas de diálogo civil militar y no de agenda profesional verdadera allanó el camino para una reversión injustificada en este sector público como sería el nombramiento de un ex comandante en jefe a cargo de la Subsecretaría de Defensa.
Resultaría lamentable que a estas alturas, también en esta materia, el nuevo gobierno mostrara una descoordinación, falta de ideas o simplemente la simpleza ingenua de quien no entiende bien cómo funciona un Estado moderno y piensa que la Defensa es asunto de militares.
