El proceso acumulativo de información gubernamental va evidenciando de manera lenta una dimensión de la catástrofe que pone incertidumbre en materia de toma de decisiones, generando -como de hecho ocurrió- la posibilidad de que emerjan nuevos riesgos y problemas en torno al desastre de la naturaleza, entre ellas el pillaje y la delincuencia en las zonas más afectadas.
El desarrollo de los acontecimientos a partir del terremoto de la madrugada del sábado 27 de febrero indica que el país enfrenta una crisis de seguridad que requiere una mirada profundamente crítica sobre los mecanismos institucionales y de gobierno con los cuales se debe enfrentar catástrofes como la de ese día.
No se trata, en medio del dolor nacional por la tragedia y de la enorme incertidumbre que aún rodea los hechos, buscar culpables de manera anticipada o responsabilidades que solo pueden ser determinadas en un ambiente de serena y equilibrada investigación. Pero es un hecho evidente que la espontaneidad cruda y violenta de la naturaleza ha recibido por respuesta una enorme espontaneidad social, carente de coordinación y liderazgo de las autoridades, incluso en aspectos donde nadie más puede entregarla, como es el gobierno del territorio.
Por lo mismo, es necesario dejar constancia de las falencias en el momento en que estas se producen, para que la frágil memoria pública así como las excusas y explicaciones obligadas de parte de las autoridades, no pasen por encima de la obligación de corregir las deficiencias.
[cita]Descoordinada, errática y poco efectiva a juzgar por los testimonios de los afectados y lo que se ha ido conociendo por la cobertura de los medios, indica una falta de concepto acerca de lo que es emergencia.[/cita]
Entre los aspectos que deberán revisarse está el hecho de que la primera y fundamental crisis que sigue al impacto de destrucción física que deja el terremoto es el colapso del sistema de comunicaciones del país. Son evidentes las dificultades de comunicación entre autoridades y organismos responsables, así como la lenta evaluación inicial de daños que se supone es la que debe activar la primera respuesta de ayuda. Descoordinada, errática y poco efectiva a juzgar por los testimonios de los afectados y lo que se ha ido conociendo por la cobertura de los medios, indica una falta de concepto acerca de lo que es emergencia y de una previsión fina de lo que el sistema debe tener para reaccionar de inmediato y de manera efectiva ante la amenaza.
Esa debilidad habría causado que las autoridades centrales tuvieran apreciaciones erradas o confiaran más en el instinto que en la información disponible, y a emitir juicios o tomar decisiones que resultan contraproducentes o aumentan los daños y las víctimas. Ello podría haber ocurrido en torno al aviso de tsunami, con el agravante que la falla de comunicación es aquí también falla de comprensión común entre instituciones, y genera versiones y desmentidos que afectan la confianza en las autoridades, como ocurre con el Ministro de Defensa Francisco Vidal y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
En este contexto de crisis de comunicación tampoco resulta plausible la explicación de que el país en su totalidad estaba con las comunicaciones en el suelo frente a un evento natural de enormes dimensiones. Esa explicación vale para las comunicaciones privadas de la población, no para las del gobierno territorial. Pues lo que se evidenció es carencia de comunicación y control en situación de emergencia a nivel gubernamental, lo que implica canales diferentes a los usuales para enfrentar el hecho.
El proceso acumulativo de información gubernamental va evidenciando de manera lenta una dimensión de la catástrofe que pone incertidumbre en materia de toma de decisiones, generando -como de hecho ocurrió- la posibilidad de que emerjan nuevos riesgos y problemas en torno al desastre de la naturaleza, entre ellas el pillaje y la delincuencia en las zonas más afectadas.
Es evidente que si se suma a los daños materiales la falta de servicios básicos como electricidad y agua potable, la escasez de alimentos, el abandono de viviendas por parte de sus moradores, o la fuga masiva de reos de varias cárceles en la zona más afectada, la seguridad de la población se transforma en un problema enorme.
Queda para posteriores análisis determinar si el estallido de marginalidad y violencia que se desató, con saqueos y pillajes a los comercios y casas particulares es producto de la desesperación de la gente por la falta de abastecimientos y ayuda, o consecuencia directa de una envidia social frente a la propiedad que corroe silenciosamente la cohesión social del país.
Lo cierto es que la determinación de medidas de excepción para la zona de catástrofe tardaron más de la cuenta en llegar. Pese a que en opinión de expertos y de la propia población esta se hacía imperiosa desde las primeras horas y que ello fue solicitado directamente al Ejecutivo.
Son muchos los aspectos que habrán de analizarse, pero hay dos que deben, además de los anteriores, dejarse al menos enunciados. El primero es el papel y la responsabilidad del sector privado que maneja los servicios públicos, especialmente la energía y las telecomunicaciones, pues la operación y garantías de servicio a firme tiene serias deficiencias. Es posible que existan razones técnicas que expliquen lo ocurrido, peo no parece razonable que con el grado de penetración y la dimensión de la industria de telefonía celular, estos prácticamente no hayan funcionado hasta muchas horas después de ocurridos los hechos. Alguien por lo menos debiera dar explicaciones comprensibles a los clientes y usuarios de una electricidad y telefonía entre las más caras de América Latina que en absoluto han estado a la altura de las circunstancias.
El segundo aspecto es que el Estado de Chile no puede continuar con un criterio de emergencia que tiene por institucionalidad una oficina de coordinación de menor rango como la ONEMI, sin capacidad regional de reacción frente a los desastres, y cuya operación estratégica pasa en primer lugar por Santiago.
Peor aún si debe coordinar servicios tan potentes como las Fuerzas Armadas, principales recursos para hacer frente a una emergencia de seguridad por su alistamiento profesional, pero que en la práctica manejan escenarios de guerra muy sofisticados y alejados de la realidad nacional.
Al menos la función de mando, comunicación y control que manejan los militares es igual o muy parecida para una situación de emergencia interna como la que estamos viviendo, entendiendo que ellos brindan un servicio público. Lo que se percibe en cambio es descoordinación, insuficiencia e incompatibilidad de medios, lo que obliga a una respuesta del gobierno, pues las crisis de seguridad son crisis de Estado y quien debe responder es la autoridad política superior.
