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Lecciones de Katrina y una propuesta de gestión

por 8 marzo 2010

Lecciones de Katrina y una propuesta de gestión
Una posibilidad para prevenir estos riesgos es establecer un Consejo Nacional de Reconstrucción multipartidista, provisorio y sin atribuciones legales. Su objetivo sería el de apoyar las decisiones del ejecutivo canalizando inquietudes y soluciones de todos los sectores. Una mesa de diálogo para la gestión. Debiese incluir a los ministros claves en la logística de la recuperación.

El lunes pasado pude reunirme con uno de los académicos encargados de evaluar el sistema de manejo de emergencias de gran escala en EE.UU. ante el Senado después de Katrina. En EE.UU., el manejo de Katrina fue desastroso. A las pocas horas del huracán, en medio del descontrol, comenzaron los saqueos entre quienes no alcanzaron a escapar. Días después, a las imágenes desoladoras de una ciudad bajo el agua, se sumaron asaltos, violaciones y una crisis de salud pública en el hacinado “Superdome” – estadio que albergó a más de 30 mil refugiados. Katrina dejó un saldo de más de 1.200 muertos y desnudó la incompetencia del país más rico del mundo para manejar una catástrofe. Una lección de Katrina es que, si bien en el caso se produjeron errores en todas las etapas -prevención, respuesta inmediata y recuperación- las fallas cruciales estaban en prevención. En nuestro caso, prevención no se refiere sólo a un sistema de alerta para tsunamis, sino también a un protocolo establecido para la respuesta inmediata y la recuperación que involucra coordinar servicios que habitualmente se encargan de otras cosas como la Junaeb.

Si la experiencia de Katrina sirve de referencia, es esperable que existan errores en el manejo del terremoto. A los que ya conocemos, se sumarán nuevos errores pues el desastre está lejos de haber terminado: campamentos, sanidad, distribución, cuidado de niños, seguridad, etc. Frente a algo tan destructivo y arbitrario siempre existe la necesidad de encontrar culpables. Sin embargo, muchos de estos errores -pasados y futuros- se deberán a la falta de un sistema de prevención que permita actuar a tiempo en un escenario que extrema todos los recursos del Estado y donde este último juega un rol irremplazable. (Para ser justo, los estándares de construcción antisísmica también son prevención y los daños en Haití sirven de contraste.) Así, los culpables pueden ser Pinochet por no hacer nada después del terremoto del 85, cualquier gobierno de la Concertación, o Alessandri por no anticipar la privatización del Entel y la consecuente pérdida de un sistema de comunicaciones de emergencia. Comparado con el manejo de Katrina, el gobierno lo ha hecho razonablemente bien. La referencia no es exigente, pero vendrán más fallas y, aunque las críticas son importantes para aprender y enmendar el rumbo, vienen semanas de ardua gestión.

El cambio de mando agrega una dimensión preocupante porque puede agudizar la politización del desastre. La buena voluntad que ha primado en las últimas horas puede menguar en unas semanas. Ante las fallas, el gobierno entrante tendrá incentivos para pasarle la cuenta a las políticas de prevención y respuesta de la Presidenta Bachelet.

El cambio de mando agrega una dimensión preocupante porque puede agudizar la politización del desastre. La buena voluntad que ha primado en las últimas horas puede menguar en unas semanas. Ante las fallas, el gobierno entrante tendrá incentivos para pasarle la cuenta a las políticas de prevención y respuesta de la Presidenta Bachelet. Una dinámica similar a la lapidación del diseño del Transantiago al momento de constatarse los problemas en su implementación. La magnitud de esta catástrofe empeora las cosas. Con decenas de miles desprovistos de necesidades básicas -vivienda, alimentación, servicios- obligados a pasar semanas en una situación de precariedad absoluta, habrá frustración aunque el gobierno haga su mejor esfuerzo. Con ello los incentivos del gobierno a echarle la culpa a la administración interior crecen. Por su parte, la oposición se verá tentada a golpear al gobierno haciendo eco de la frustración comprensible de muchos.

La politización de la emergencia puede incrementar la descoordinación, sembrar desconfianzas entre líderes y ciudadanos impacientes, erosionando las posibilidades de cooperación. Un ejemplo alarmista: si el gobierno decide establecer el estado de excepción en alguna localidad y la oposición no está de acuerdo, acciones que resulten en víctimas fatales pueden ser desestabilizadoras. Otro: la incomunicación entre oposición y gobierno puede llevar a descoordinación al implementar de medidas en las alcaldías que están en manos de distintos partidos. El punto es encontrar un mecanismo que permita, cuando se pueda, explotar al máximo la posibilidad de alcanzar consensos y evitar riesgos innecesarios.

Una posibilidad para prevenir estos riesgos es establecer un Consejo Nacional de Reconstrucción multipartidista, provisorio y sin atribuciones legales. Su objetivo sería el de apoyar las decisiones del ejecutivo canalizando inquietudes y soluciones de todos los sectores. Una mesa de diálogo para la gestión. Debiese incluir a los ministros claves en la logística de la recuperación (Interior, Mideplan, OO.PP., Salud, Transporte, Vivienda), un número reducido de alcaldes de áreas afectadas -con líderes de oposición reconocidos- y, al principio, ministros actuales. Los alcaldes pueden proveer información de terreno, tienen atribuciones para implementar políticas y aportan diversidad política. La presencia de ministros actuales permite traspasar el conocimiento organizacional de un proceso ya encaminado, en un contexto en que la inexperiencia de la nueva administración respecto al funcionamiento del Estado es casi total. En el caso de políticas de consenso, el consejo permite compartir aciertos y desaciertos, invita a la colaboración, y posee el impacto comunicacional de la unidad. No se trata de suspender la crítica, sino de maximizar las posibilidades de coordinación y colaboración. A la usanza norteamericana, el Senado podría jugar el rol de recoger las críticas y testimonios de actores involucrados, ayudando a identificar el portfolio de inversiones institucionales que se requieren para el manejo de futuras emergencias.

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