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Terremoto: lecciones políticas

por 8 marzo 2010

Fueron millones los ciudadanos que no saquearon ni quemaron supermercados, tiendas y viviendas. Aquellos, hombres libres que libremente acatan la moralidad de sus predecesores, no requirieron de la ostentación de la fuerza del Estado para conducirse éticamente.

El Estado es una forma de organización que históricamente se ha ido expresando en un conjunto de instituciones (administración pública, tribunales, FF.AA., policía) cuyas funciones apuntan a la gobernanza, seguridad, defensa, justicia, relaciones exteriores. Más en detalle, con Max Weber, el Estado es una unidad de carácter institucional que en el interior de un territorio, monopoliza para sí el uso de la fuerza legal.

Como evolución de estos conceptos y al amparo de la declaración universal de los derechos del hombre se ha instalado además la noción del “Estado de Derecho”, que incluye dentro de la organización otras resultantes del imperio de la ley y de la división de poderes propuesta por Montesquieu (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). A estas, se le han agregado funciones económicas, como la emisión de moneda propia, la protección de su valor, creación de empresas, subsidiariedad y protección social, entre otros.

Fueron millones los ciudadanos que no saquearon ni quemaron supermercados, tiendas y viviendas. Aquellos, hombres libres que libremente acatan la moralidad de sus predecesores, no requirieron de la ostentación de la fuerza del Estado para conducirse éticamente.

El Estado es, pues, una organización que ha culminado históricamente en una propuesta en la que se le otorga el propósito de proteger los destinos de un conjunto de hombres libres, que libre y voluntariamente se subordinan a leyes que aquellos se dan democráticamente, a través de mecanismos pre-establecidos y según un acuerdo constitucional que todos los habitantes del territorio estadual están obligados a cumplir y/o hacer cumplir.

Frente a los desastres naturales, el Estado y sus Gobiernos periódicos respectivos tienen la obligación constitucional de conducir las acciones pertinentes, coordinando las instituciones que lo conforman y a su ciudadanía, con el objetivo de aminorar los efectos de esas crisis, imponiendo, como primer requisito para proteger los derechos de las personas, el orden jurídico vigente. Para aquello, cuenta con FF.AA. y policía, así como con leyes que permiten a sus agentes locales organizar compulsivamente a la ciudadanía para conseguir restituir el orden quebrantado, variable sin la cual el resto de los derechos no tiene eficacia.

No obstante las diferentes ideas respecto de la propiedad, es de sentido común que un derecho clave a proteger en un estado de calamidad, junto al obvio de la vida, es el de la propiedad de las personas. Aquel es un pilar relevante de la organización social, pues es sobre la propiedad que se estructura la producción de bienes y servicios indispensables para la vida.
En situaciones normales, esos bienes se intercambian en los mercados a través de sus respectivos canales de distribución, asignación y precios, siguiendo la lógica de cada cual según su trabajo y a cada quien según su capacidad. El quiebre de estos derechos genera caos y disolución moral. Por eso, en los desastres, el Estado debe recuperarlos en el más breve plazo posible, haciendo uso del poder delegado por sus súbditos, a través de las leyes.

Si bien idealmente el Estado y gobiernos que los ciudadanos se dan en una sociedad democrática debiera actuar solo subsidiariamente en la vida de las personas, entendido que las interrelaciones económicas, políticas y sociales se realizan entre hombres libres, que libre y espontáneamente concurren a esos intercambios, las complejidades de la modernidad, la globalización, la concentración del capital, la inmoralidad y glotonería financiera, así como el surgimiento de monopolios naturales o artificiales, han ido ampliando el marco de injerencia estatal con arreglo a argumentos de bien y sentido común.

Y aunque en los Congresos de los diversos países democráticos se mantiene una lucha permanente entre una mayor o menor presencia del Estado en la vida de las personas, la tendencia pareciera ser la búsqueda de un delicado equilibrio entre bien común y el de los individuos, con el propósito de conciliar derechos humanos inalienables como la libertad personal, con la indispensable equidad social, aunque sin los prejuicios ideológicos del siglo XX.
De allí que el terremoto y los saqueos de hace unos días invitan a reflexionar sobre las evidentes insuficiencias de nuestra democracia en materia de derechos y deberes, carencias que habitualmente han estado subsumidas en nuestra narcotizada normalidad aparente, pero que ante el primer asomo de crisis se han manifestado en una evidente descoordinación de nuestras instituciones y, lo que es peor, en una inimaginable anomia que involucró no solo a delincuentes –cuya actividad es siempre asistémica- sino a ciudadanos comunes que justificaban su accionar en la “supervivencia”.

Esta percepción es de la mayor gravedad, puesto que esos grupos, enfrentados a la incertidumbre, tras esperar unas pocas horas en medio del caos que provocó la ausencia de servicios básicos y percatándose que el Estado y Gobierno demoraba en expresarse a través de sus instituciones, pasaron, sin escala, a un “estado de naturaleza” en el que las normas se esfumaron, instalándose, por un par de días, el derecho del más fuerte. No obstante otras hipótesis, en lo sustantivo la conducta de esas personas manifestó un obvio sentimiento de orfandad o lejanía respecto del Estado, el Gobierno y las leyes, es decir, una falta de confianza estructural, que es reflejo de la calidad de nuestra política.

Así y todo, fueron millones los ciudadanos que no saquearon ni quemaron supermercados, tiendas y viviendas. Aquellos, hombres libres que libremente acatan la moralidad de sus predecesores, no requirieron de la ostentación de la fuerza del Estado para conducirse éticamente. Las buenas normas de conducta están incorporadas en su cultura y quehacer. Por el contrario, aquella mayoría volcó sus energías al trabajo solidario, a la ayuda y la colaboración. ¿Qué pasó con los saqueadores? He aquí las fallas de la política.

La política no es simplemente una buena campaña electoral y ni siquiera administrar bien o mal el Estado. Política, como su etimología griega lo indica, es ocuparse del “orden de la polis” en toda su extensión. Y especialmente cuando el desastre llega. En la normalidad, la política puede ser farándula, sensacionalismo y frases hechas. Pero en las crisis es cuando los líderes muestran de qué están hechos. Ha faltado, pues, para muchos connacionales, política con mayúscula, aquella capaz de encender el cuerpo y alma ciudadana en función de propósitos de bien común.

No hemos sabido inculcar estos deberes políticos a esos jóvenes y personas que, detonado el desorden por el “lumpen”, deprecian a vecinos, al Estado y Gobierno de turno y pretenden sostenerse en su simple capacidad de “supervivencia”, fundados en una lógica individualista mal pergeñada y elasticidad moral aún más desnutrida. Los próximos años de reconstrucción son una oportunidad inmejorable para dar un salto en el reencantamiento de esos ciudadanos marginalizados, mediante una mejor y más vasta educación política y moral, así como en una más eficaz redistribución de los ingresos y una mayor equidad.

Winston S. Churchill tuvo un liderazgo indiscutible en la Inglaterra devastada por la II Guerra. Y durante lo peor de la crisis no trepidó en ofrecer a su pueblo solo “sangre, sudor y lágrimas” en pos de la libertad amenazada. Esa misma ciudadanía que lo alzó a una conducción incuestionada, lo abandonó, empero, en la primera elección democrática realizada una vez recuperada la paz e iniciada la reconstrucción. Aunque aquel sea el pago de los pueblos a sus líderes restauradores, lo evidente es que si se hace bien lo que se debe hacer, esos conductores son difícilmente olvidados por la Historia.

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