El terremoto ha dejado al descubierto lo que todos saben: un país apenas cohesionado socialmente y con muchos déficits sociales y de participación. El discurso de gran parte del establishment nos quería hacer creer que el país vivía inmerso previo al terremoto, en un estado casi ideal: una especie de “Suiza Latinoamericana”. Y que el sismo habría acabado con ese sueño de paz. Posteriormente, el discurso de la autoridad piñerista ha sido ambivalente: desde querer bajar las expectativas de los damnificados, hasta una moderada reforma tributaria. Independiente de la cifra total de los daños económicos, este sigue siendo gigantesco. Si se agrega a lo que ya se conoce (infraestructura, hospitales, escuelas, universidades, fábricas, viviendas) el “lucro cesante” de actividades productivas, la disminución en el turismo hacia Chile y dentro de Chile, así como también el daño al patrimonio cultural entre otros, nos acerca a una cifra astronómica (15% del PIB) . ¿Cómo se va a financiar? Libertad y Desarrollo comenzó señalando que tenían que haber sólo “reasignaciones presupuestarias”.
Luego se constató ya claramente que el uso de los Fondos Soberanos (que Velasco le dejó a Piñera), y que la posibilidad cierta de emisión de deuda, eran necesarios. Cuando esto “ya no cuadraba en términos fiscales”, es decir la magnitud del desastre era a todas luces gigantesca, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín dejó entrever tímidamente modificaciones tributarias. Paralelamente Laurence Goldborne, ministro de Minería, afirmaba que el cambio en la tasa del royalty no estaba en el plan de gobierno (sic), y la senadora Matthei gritaba a viva voz que subir los impuestos era una estupidez, criticando duramente al ministro de Hacienda.
Más tarde Piñera baraja el naipe y confirma las aprensiones gremialistas: “es inevitable revisar la estructura tributaria para financiar la reconstrucción”. Esto implica revisar impuestos a las grandes empresas, IVA, impuestos específicos, y Royalty.
Respecto al Royalty Minero aplicado en Chile, este es uno de los más bajos del mundo (escalonado, deja exento a PYMEs mineras y llega en un tope máximo al 5% del resultado operacional, sin imputar los créditos externos que abultan los costos). Ha acumulado 3 mil millones de dólares desde su aplicación, y su recaudación promedio bordearía los US$ 500 millones de anuales. Técnicamente no es un impuesto, y más bien equivale a un pago por el uso del cobre, que se encuentra en el subsuelo, el que no estará disponible para las generaciones futuras. El Consejo Minero a través de un fuerte lobby desaprueba el cambio en el royalty porque “se violarían los contratos, el derecho de propiedad, y afectaría a la futura inversión extranjera”. Además cambiaría la cláusula de invariabilidad tributaria que posibilitó el anterior cambio en las “reglas del juego” cuando la tasa del royalty era cero.
Chile posee el 40% de las reservas mineras, y además el precio del cobre permanecerá alto por bastantes años ya que China e India seguirán desarrollando sus economías (es un 35% de la población mundial aproximadamente). Es imperioso subir la tasa del royalty y acercarlo en algo a las tasas internacionales (Australia y Canadá no tienen tasas inferiores al 17%). En el otro extremo, un país como Noruega en su página web del Ministerio de Petróleo y Energía señala explícitamente como declaración de principios ministeriales que la propiedad estatal, alta y estable en el petróleo noruego es prioridad de la política económica.
Es cierto que en el caso chileno probablemente habrá negociación y se alargarán los años de invariabilidad tributaria para las multinacionales a cambio de alzas en la tasa del royalty, pero claro está que el orden de prioridad de los recursos naturales de un país es contribuir al desarrollo de su población en primera instancia. La nacionalización del cobre (la “no privatización” que ha hecho Noruega) requiere un consenso político mayor del establishment local, aunque la población chilena claramente deseosa de bienes públicos de mejor calidad (educación, entre otros) la apoyaría totalmente. Veremos si este gobierno de derecha es capaz de ir contra sus propios paradigmas e intereses en esta coyuntura. Ciertamente el terremoto (y sus nefastos efectos) es quien dictará la política económica en estos años.
