La educación pública, inclusiva y laica es el corazón de un país democrático o al menos debería serlo. El domingo pasado se publicó en el diario El Mercurio un artículo titulado “Los diez mandamientos de Lavín”. Aparecen varias propuestas que también están en el programa del actual gobierno, como “modernizar” el estatuto docente, aumentar la subvención escolar, crear 50 escuelas de excelencia, entre otras. Luego de examinar estas propuestas queda una gran interrogante: ¿qué pasó con el fortalecimiento de la Educación Pública? Incluso el mismo Ministro de Educación ha declarado que su misión será mejorar la calidad de la educación, especialmente de la Educación Pública. Pero, ¿qué estará entendiendo por educación pública?
Recordemos que, entre medio de protestas y varios disidentes de la misma Cámara, la Ley General de Educación se aprobó gracias a un acuerdo final en que la ex-Presidenta Bachelet se comprometió a enviar un proyecto de ley para fortalecer la Educación Pública. Efectivamente este se envió, pero hoy está sin movimiento en la Cámara y por lo que se ve, no tiene buenos augurios.
[cita]Se aprobó la LGE a cambio de una falsa ilusión, y en este escenario es difícil creer que se fortalezca la Educación Pública, entendida como universal, inclusiva y laica.[/cita]
Desde los años 80 y durante los gobiernos de la Concertación se han impulsado y/o mantenido políticas que han paulatinamente deteriorado la educación pública, como la posibilidad de seleccionar estudiantes, el financiamiento compartido (cobro a apoderados), la competencia desigual entre sostenedores educacionales privados y públicos por una misma subvención. En este contexto, lamentablemente, la LGE no implicó significativos cambios a favor de la Educación Pública.
¿Qué le depara a la Educación Pública para los próximos años? El escenario parece más bien preocupante. Primero que todo, está la creación de las 50 escuelas de excelencia, lo cual fomenta intencionadamente la competencia y la selección de alumnos, agudizando eventualmente la segregación social y generando “elites” dentro de la educación pública.
En segundo lugar, en el marco de la nueva Agencia de la Calidad, se ha declarado que aumentarán el uso de evaluaciones, estándares y rankings públicos amarrados a premios y bonos dirigidos a escuelas, profesores e incluso a estudiantes. Uno de los aspectos más problemáticos es la propuesta de bonos a docentes de acuerdo a los resultados de aprendizajes de sus estudiantes, pues ello podrá reducir los sueldos en aquellas escuelas que atienden a niños con mayores dificultades de aprendizajes, correspondientes en su mayoría a escuelas municipales ubicadas en zonas socialmente vulnerables. Por último, no se ha hecho ninguna alusión, desde las propuestas de gobierno, sobre la ley de Fortalecimiento de la Educación Pública y sobre el rol que le cabe al Estado de priorizarla y defenderla.
En definitiva, se aprobó la LGE a cambio de una falsa ilusión, y en este escenario es difícil creer que se fortalezca la Educación Pública, entendida como universal, inclusiva y laica. De todas maneras, no se puede augurar el futuro político solamente con lo que el gobierno propone, aún queda por ver el entramado de las prácticas de otros actores, como el congreso y los movimientos ciudadanos.
