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Políticos profesionales, tecnócratas y grupos de presión

por 2 abril 2010

Se habrá de concluir que el resultado de la interacción entre los grupos de interés y los políticos profesionales, ha sido un carrusel en que los caballos circulan concéntricamente.

Aún resuenan y con seguridad reverberarán junto a las réplicas del terremoto  por largo tiempo las críticas a las designaciones de Piñera para el gabinete que lo acompañará en su recién estrenada gestión gubernamental. Este gabinete se caracteriza por tener un perfil marcadamente técnico, -aunque al uso se utiliza insistentemente, el peyorativo “tecnocrático”-, lo que significa suponer que sus integrantes no están en condiciones recoger los intereses de la sociedad ni de acoger las  posiciones, anhelos y requerimientos de los grupos de interés, sean éstos asociaciones gremiales, colegios profesionales, sindicatos u otros grupos capaces de movilizar a sus integrantes para la obtención de sus finalidades propias, apareciendo el gabinete “ex ante”, como incapaces de llevar adelante un diálogo efectivo con todos ellos en procura de la convergencia en todo aquello en que el proyecto político de la máxima autoridad lo permita sin desvirtuarlo y lo exija el interés general de la nación.

Las críticas al carácter técnico del gabinete se han nucleado en torno a un falso concepto de la realidad política y las virtudes gubernamentales de los políticos. Dicho de otro modo, para los críticos de las singularidades de las autoridades técnicas, sólo los políticos profesionales pueden diagnosticar los anhelos de la población y ejecutar las políticas públicas orientadas a satisfacerlos; sólo los políticos profesionales tienen capacidad para concertar los disímiles y múltiples intereses que pugnan por imponerse en una sociedad y priorizarlos a un fin social útil para la comunidad nacional; sólo los políticos profesionales pueden apaciguar la postergación o la atención parcial de las aspiraciones de los grupos claramente descontentos o parcialmente insatisfechos; sólo los políticos profesionales son los llamados a otorgar los beneficios a los que aspiran grupos significativos de la población o, que sin serlo requieren atención prioritaria por parte del Estado y que debieran ser vaciados en leyes que dotarían a esas organizaciones o grupos de las reivindicaciones soñadas, ansiadas y reclamadas al sistema político.

Se habrá de concluir que el resultado de la interacción entre los grupos de interés y los políticos profesionales, ha sido un carrusel en que los caballos circulan concéntricamente.

Pues bien, la experiencia política de años de observación del desempeño de diversos gobiernos y del quehacer de los políticos en sede profesional, más bien nos hace pensar, que los políticos profesionales son proclives a buscar las soluciones populares, las políticas públicas que atraigan votos, aquellos acuerdos donde se avanza tímidamente algunos pasos en el sentido que indica la necesidad y la urgencia social, quedando esas iniciativas frecuentemente truncas, desgobernadas, cuando no inútiles y “tristes como una locomotora bajo la lluvia.” Por lo anterior me permito la licencia de parafrasear en mala a Jocelyn-Holt, ya que los políticos profesionales han patentado un estilo de hacer política que va del transar para avanzar al “transar sin parar.”

Sobre esto existen calificados ejemplos, como es el caso del ya mítico Transantiago, donde se priorizó la rápida ejecución de una buena idea gravada por la urgencia política de dejar la impronta de Lagos. El bien social al que se aspiraba no pasó de ser un anhelo voluntarista en desmedro de innumerables aspectos técnicos y aún económicos que impedían su pronta realización. En efecto, es un hecho conocido la existencia de incentivos que se encontraban mal ubicados o si se quiere que afectaba gravemente el esquema de negocios de ese proyecto y que llevaba a que los operadores realizando un mínimo esfuerzo tenían asegurada la rentabilidad de su actividad. Tan efectivo es lo anterior, que en la operación de salvataje, “el tecnócrata” encargado del control de daños, se abocó prioritariamente a la tarea de modificar los contratos suscritos con esos operadores precisamente por el equivocado diseño de los incentivos.

Ese “tecnócrata” no era otro que Cortázar, cuestionado por tal “defecto” cuando asumió como Ministro del Trabajo del Presidente Aylwin en 1990, críticas acalladas por su buen desempeño en la dictación de varias leyes de gran trascendencia laboral, entre otras, las 19.010 y 19.069, relativas a terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo y sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, respectivamente. Posteriormente, sus habilidades “tecnocráticas” fueron las que permitieron sacar a Televisión Nacional de Chile del marasmo económico y social en que se encontraba y alzarla como una empresa rentable que recuperó su credibilidad pública como una estación televisiva que representaba la diversidad cultural y social del país.

Pero volviendo al Transantiago, el descuido de esos aspectos técnicos – aparentemente secundarios para los políticos profesionales – llevó a la concreción del desastre político social más dantesco de los sufridos en la era concertacionista que restó numerosos votos a ese conglomerado, terminando por minar su base de apoyo electoral, la que junto a otros innumerables desaciertos y omisiones llevó a ésta a la pérdida del poder.

Qué decir de los daños sufridos por la infraestructura pública en el reciente terremoto, que manifiesta severos perjuicios originados principalmente por diseños efectuados por profesionales de otras latitudes donde los fenómenos telúricos no son más que experiencias remotas y hasta exóticas.

Esos diseños realizados en el extranjero por ingenieros desconocedores de las normas chilenas destinadas a enfrentar estas calamidades, sucumbieron por esos motivos y por falta de experiencia de la realidad de países sísmicos como Chile; pero también, porque en Chile fallaron las fiscalizaciones, las inspecciones de obras y los controles de normas que debían efectuar las autoridades chilenas pertinentes. Un ejemplo preciso de esto es el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, diseñado por ingenieros franceses, que sabemos de gran trayectoria en la construcción de trenes y convoyes para metros, pero ninguna en materia sísmica. Es por lo mismo que el Metro de Santiago compra carros a franceses y españoles, pero jamás les permite construir sus vías, estaciones y obras de arte.

Otro ejemplo digno de mención, es la larga historia de leyes exoradas que no son otra cosa que leyes particularizadas, es decir, con nombre y apellido y no naturalmente generales como sería de esperar, que son arrancadas a la autoridad de turno por grupos de interés, so pena de desatar todos los infiernos sobre el grupo gobernante partiendo por el ministro del ramo, si éste o aquellos osaban negar sus exigencias. No ha sido infrecuente, que esa forma de apreciar la tarea gubernativa y presionar la acción estatal hayan hecho de las autoridades políticas profesionales, rehenes de grupos de interés, estatuyéndose beneficios de todo orden orientados con exclusividad a sus representados y seguidores, en desmedro de otros grupos en abierta desigualdad ante la ley; y, una pesadilla para los abogados que debían recorrer innumerables leyes misceláneas para dar con estos beneficios apellidados. Tal realidad conducía a su turno, a que otros grupos en representación de sus asociados, interesados, clientes o beneficiarios pugnasen por alcanzar esos logros y, en un primer óptimo, mejorados sobre los de aquellos, porque la legitimidad no se alcanza en la modesta igualdad general, sino que en la altanera primogenitura.

Si se le otorga algo de crédito a lo que he señalado, se habrá de concluir que el resultado de la interacción entre los grupos de interés y los políticos profesionales, ha sido un carrusel en que los caballos circulan concéntricamente, pero en sentidos opuestos, camino a la colisión, recordándonos esas cosmogonías excluyentes de castas sacerdotales auto referenciadas y preocupadas de los abalorios de sus ritos paganos pero aisladas del quehacer general de una sociedad que para sobrevivir requiere la integración y la priorización de necesidades a satisfacer.

Si la función y el mérito que se le confiere a los políticos profesionales es la disposición a satisfacer con presteza esos requerimientos particularizados y excluyentes ¡Bienvenidos sean los técnicos a los gobiernos!

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