Reputados economistas de variadas tendencias han hecho saber sus aprehensiones respecto al alza de impuestos o la retención de empresas en el Estado por razones ideológicas o de cálculo electoral miope.
Con el objeto de ir preparando consensos para tomar medidas capaces de detonar y acelerar la reconstrucción, el gobierno anunció estar abierto al alza de impuestos. Dado que aún se plantea como iniciativa a ser evaluada, estamos a tiempo para advertir que los perjuicios de medidas en esa dirección son comparables a los causados tanto por el movimiento telúrico como por los saqueos que sufrieron, aterraron y avergonzaron a millares de chilenos por culpa de las torpes resoluciones de la administración saliente en materia de uso de la fuerza pública.
Es tan obvia la convergencia de los especialistas sobre los efectos de las alzas de impuestos en inversión, producción, empleo y disminución de la pobreza, como el que el cambio de la Concertación por la Alianza en parte importante se debió al rechazo público a la práctica reiterada de tomar medidas económicamente contraproducentes, al amparo de la desinformación ciudadana sobre esas nefastas consecuencias.
[cita]Reputados economistas de variadas tendencias han hecho saber sus aprehensiones respecto al alza de impuestos o la retención de empresas en el Estado por razones ideológicas o de cálculo electoral miope.[/cita]
Sin embargo, plantear que la subida de impuestos puede ser aún más dañina que el terremoto y saqueo juntos, apunta más bien al daño que ello producirá a nuestra democracia y a las expectativas ciudadanas, que a ese efecto negativo sobre el ritmo de actividad económica y las variables relacionadas ya dichas: inversión, producto, empleo y pobreza.
Como oportunamente indicaran los medios de comunicación, dos y media décadas de progreso económico han sido impulsadas en parte muy importante por las privatizaciones y las exenciones tributarias que caracterizaron el plan de reconstrucción posterior al terremoto que en marzo de 1985 azotó al país.
También es bien sabido que la Alianza llegó al poder gracias a que su 46% de votación en primera vuelta recibió en segunda algo más de un 5% que había votado por Marco Enríquez-Ominami.
Es de consignar que este grupo de votantes -MEO en primera y Piñera en segunda vuelta-, son un segmento nuevo de comportamiento político, caracterizado por su mayor educación, menor edad y una sana combinación de liberalismo tanto en lo económico como en lo social. Este fue el grupo que hizo saltar los indicadores de popularidad en mayo pasado, cuando la candidatura de ME-O propuso abrir espacio a la venta parcial de Empresas del Estado con el objeto de darles eficiencia, transparencia y fiscalización. Entre esas empresas explícitamente se mencionó a Enap, Banco Estado, Enami, EFE, Correos, Metro, TVN y Codelco.
No es aventurado esperar que ante anuncios de alzas impositivas y silencios en materia de privatizaciones, este 5% que prefirió a la Alianza por sobre la Concertación, en gran medida como una opción de seriedad en lo económico y convicción democrática en lo político, pierda sus esperanzas y modifique sus expectativas. Añádase a esto el devastador efecto que puede producir entre los aliancistas, toda vez que nada hacía esperar de la administración Piñera el recurso al fácil y carísimo expediente concertacionista de implementar políticas económicas reprobadas unánimemente por los especialistas pero aprovechando que la población general no lo sabe.
Existían además otras buenas razones para la formación de expectativas positivas respecto a la seriedad con que se enfrentaría la reconstrucción. Entre las personas claves en la nueva administración se encuentran algunas que ocuparon cargos importantes en el equipo que Hernán Buchi lideró veinticinco años atrás. A lo anterior se debe agregar que reputados economistas de variadas tendencias han hecho saber sus aprehensiones respecto al alza de impuestos o la retención de empresas en el Estado por razones ideológicas o de cálculo electoral miope. En particular, Sebastián Edwards planteó privatizar el 35% de todas las empresas públicas mencionadas.
Tampoco se puede ignorar que el Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios que por más de veinte años ha sido uno de los más claros, sino el más, en recomendaciones en materia tributaria y de privatizaciones exactamente contrarias a las que se están insinuando ahora, fue el mayor proveedor de ministros y técnicos de la nueva administración. Finalmente, es sabido que el presidente Piñera también tiene una sólida formación como economista y ha dado sobradas pruebas de inteligencia y sabiduría en su trayectoria como académico, empresario y político.
Es en ese contexto, que el anuncio de posibles alzas de impuestos por parte de la actual administración no puede sino traer la expectativa que la Alianza no será distinta a la Concertación en materia de consistencia y seriedad, generando la sospecha de que la democracia chilena tiene un “techo” en calidad de políticas económicas a implementar. Sería grave tener que hacerse a la idea de que, independientemente del signo ideológico y de la trayectoria de los gobernantes, las prácticas populistas e irresponsables se hayan instalado para siempre en La Moneda.
En síntesis, si bien los daños materiales y el dolor que trajo el terremoto son cuantiosos y alcanzan a parte importante de la población nacional, afectada además por los saqueos de los primeros días que afortunadamente terminaron cuando por fin la fuerza pública reinstauró el orden y respeto por la propiedad, es posible que debamos agregar el negativo y permanente efecto de una política económica populista y la dolorosa pérdida de la esperanza de que un cambio político terminaría con actos de la autoridad haciendo lo contrario a lo correcto. El daño a sufrir nuestra democracia por esta suma de malas prácticas y desilusión ciudadana, puede ser más cuantioso y duradero que el del terremoto.
