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La república discrecional

por 15 abril 2010

La república discrecional
Los gobernantes han buscado inhibir y disolver las iniciativas que les desagradan y, por otro, han apoyado e impulsado las organizaciones que les son funcionales o cómodas. En algunos casos, cuando la sociedad civil adquiere autonomía política para defender una agenda propia, se la ha llamado el “perro del hortelano”, tal como lo hizo Alan García en 2008.

Las denuncias de la nueva administración, respecto a  asignaciones discrecionales de fondos a organizaciones de la Sociedad Civil durante el gobierno de Michelle Bachelet merecen un análisis cuidadoso, del cual extraer importantes lecciones. Según estos datos, durante los últimos tres meses del anterior gobierno, el ministerio de Hacienda realizó giros por 3.106 millones de pesos para organizaciones de la sociedad civil. El 77% de estos recursos se destinaron al Festival Internacional Santiago a Mil y a Un techo para Chile e Infocap.

El grado de concentración de estos dineros y el modo discrecional de asignarlos, contrasta brutalmente con los montos y los alcances del único fondo formal y concursable que el Estado posee para financiar actividades de la sociedad civil. Se trata del Fondo de fortalecimiento de la sociedad civil, que en 2009 asignó 1.045 millones de pesos a 301 organizaciones de todo el país. ¿Cómo es posible que las asignaciones discrecionales tripliquen las trasferencias basadas en mecanismos formales,  públicos y condicionados a rendiciones de cuentas exhaustivas, que incluyen el recurso al Consejo de Defensa del Estado en casos de irregularidades? ¿Cómo explicar que los dineros asignados a dos instituciones de modo tal que dupliquen los aportes que recibieron otras trescientas, que se dieron el trabajo de escribir proyectos y pasar por el cedazo de plazos, jurados y comisiones de evaluación?

El rey asignaba tierras, títulos y cargos a quién le caía en gracia.  Por este motivo se tiende hasta hoy a concebir y manejar lo público como una extensión del espacio privado.

En nuestro país, como en toda América Latina, los gobiernos han tendido a relacionarse con las organizaciones sociales de forma autoritaria, patrimonialista, discrecional y clientelista. Por un lado, los gobernantes han buscado inhibir y disolver las iniciativas que les desagradan y, por otro, han apoyado e impulsado las organizaciones que les son funcionales o cómodas. En algunos casos, cuando la sociedad civil adquiere autonomía política para defender una agenda propia, se la ha llamado el “perro del hortelano”, tal como lo hizo Alan García en 2008.

Pero cuando surgen iniciativas a las que se puede incorporar en una agenda funcional a las políticas públicas se les apoya y fortalece. No es fácil encontrar experiencias en que los Estados latinoamericanos respeten y fomenten la autonomía de la sociedad civil.

Esta concepción patrimonialista del poder tiene orígenes coloniales: los inmensos territorios conquistados por España fueron considerados propiedades del rey y posteriormente tierras en Merced Real. El rey asignaba tierras, títulos y cargos a quién le caía en gracia.  Por este motivo se tiende hasta hoy a concebir y manejar lo público como una extensión del espacio privado. Se legitimó que un gobernante pueda asignar discrecionalmente recursos públicos a instituciones que considera relevantes, sin mayor debate. Si antes estas asignaciones fueron a los cultos de la Iglesia ahora van a otros fines, pero seguimos observando cómo su graciosa majestad reparte sus dádivas a quién lo estime necesario. Y la rigurosa ética republicana, que nos prometió la neutralidad del Estado, igualdad de trato y tolerancia, no parece ser más que una ilusión.

Es urgente abogar por una ley que ponga fin a la discrecionalidad en la asignación de recursos, por medio de un mecanismo público transparente de financiamiento que otorgue independencia, sustentabilidad y desarrollo organizacional de las organizaciones sociales. Un primer paso en este objetivo lo constituiría la pronta promulgación de la Ley de Participación Ciudadana en la gestión pública, que fue aprobada por unanimidad por la comisión mixta abocada a su estudio en el pasado mes de febrero. Esta ley institucionaliza el actual Fondo de fortalecimiento de la Sociedad Civil, dotándole de una estructura definitiva, que a futuro podría centralizar todos los fondos que hoy están librados al criterio de la autoridad presidencial. Lamentablemente, la discrecionalidad ha sido legal por años y los partidos políticos han evadido este debate, por lo que hoy nada asegura que el actual gobierno no vaya a ser igual de discrecional que el anterior. La ciudadanía es llamada a terminar con ello.

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