EL terremoto ha abierto una interesante polémica acerca de como financiar la reconstrucción. Apenas elegido un gobierno de centro-derecha, se ha puesto en el tapete el tema del royalty minero y el alza de impuestos a las empresas, que eludieron a la Concertación a lo largo de veinte años. Según El Mercurio del 12 de abril, más de un 74 por ciento de la población apoya la primera medida y ni siquiera publican cuantos apoyan la segunda: debe ser unánime.
Es interesante aportar a este debate un sencillo cálculo, que permite comprobar que si se termina con las AFP y se restablece el sistema público de reparto, como acaba de hacer Argentina, el fisco recibiría recursos netos por más de 5.000 millones de dólares anuales. Sin contar con los fondos de pensiones acumulados, que quedarían de reserva para el momento en que sus propietarios vayan jubilando. Ello permitiría financiar el costo fiscal total de la reconstrucción, que el gobierno ha estimado en algo menos de 10.000 millones de dólares, en sólo dos años.
¿Como resulta esta maravilla? Muy sencillo. Como muestra el reciente estudio de CENDA «Resultados para sus afiliados de las AFP y Compañías de Seguros Relacionadas con la Previsión: 1982-2008,» las cotizaciones previsionales de los afiliados al sistema alcanzan actualmente a algo más de 3,1 billones de pesos anuales, incluyendo poco más de 2,7 billones de pesos en cotizaciones obligatorias y 0,4 billones en cotizaciones voluntarias y otros aportes netos. Es decir, cada año, las AFP aplican una suerte de impuesto a los salarios que suma unos seis mil millones de dólares.
En caso de terminar con las AFP y restablecer el sistema público de reparto, dichas cotizaciones entrarían a la caja fiscal, como ocurría hasta 1981. Naturalmente, el fisco debería asumir el pago de todas las pensiones y otros beneficios que actualmente pagan las AFP. Sin embargo, el costo de las mismas es de poco más de 0,5 billones de pesos anuales. En otras palabras, el fisco quedaría con un excedente neto de algo más de 2,5 billones de pesos anuales, que equivalen aproximadamente a cinco mil millones de dólares, al cambio actual. Eso permitiría financiar la reconstrucción en dos años, como se ha mencionado y en lo sucesivo quedarían como excedente fiscal neto.
Adicionalmente, las compañías de seguros pagan pensiones vitalicias y de invalidez y otros beneficios, por una suma de 0,9 billones de pesos anuales. Sin embargo, ellas ya se embolsaron la propiedad de la totalidad de los fondos de pensiones de quiénes contrataron las primeras. Es decir, ya tienen en caja el dinero para seguir pagándolas hasta el fallecimiento de los beneficiarios. Por lo tanto, igual que en Argentina, deberán continuar haciéndolo.
Naturalmente, el Estado se tendrá que hacer cargo de todos los nuevos pensionados, a los que ofrecerá ahora una pensión vitalicia, pero calculada según la fórmula del ex INP. Es decir, las nuevas pensiones vitalicias dependerán sólo de los últimos salarios y del número de años cotizados, lo que para la generalidad de los afiliados entrega pensiones muy superiores a las de las AFP.
En el caso de las mujeres, especialmente, ellas podrán recuperar su derecho a jubilar a los 60 años con pensiones calculadas mediante la misma fórmula que los hombres a los 65. Es decir, si una mujer de 60 y un hombre de 65 tienen la misma remuneración y la misma cantidad de años cotizados, ambos obtendrán la misma pensión vitalicia, tal como ocurre en el ex INP. En las AFP, en cambio, aunque ambos tengan el mismo fondo acumulado, ella obtiene una pensión que es la mitad que la de él.
Al igual que ocurre hoy con quiénes contratan pensiones vitalicias, los afiliados que jubilen deberán transferir al Estado la totalidad de su fondo de pensiones acumulado. Ciertamente, el Estado garantizará que nadie salga perjudicado con la nueva fórmula de cálculo, respecto de las pensiones vitalicias ofrecidas por compañías de seguros privadas con las cuales siempre los afiliados podrán cotizar una alternativa para comparar.
Es decir, el fondo de pensiones no se tocaría, dejándolo de reserva para traspasar al Estado al momento de jubilar, igual como hoy se hace con las compañías de seguros privadas. Sólo que en lugar de ser administrado por las AFP, el Estado lo administraría de conjunto con los afiliados, invertido en instrumentos seguros, como por ejemplo, bonos que paguen la deuda de CODELCO y el Metro. También se puede incrementar considerablemente la suma destinada a préstamos hipotecarios, de evidente beneficio para los afiliados, que actualmente alcanza apenas al 2,7 por ciento del fondo total.
Para financiar las mejores pensiones otorgadas, el Estado contará adicionalmente con los fondos que actualmente traspasa a las AFP en forma de bonos de reconocimiento y otros subsidios. Como se comprueba en el estudio de CENDA antes citado, dicha suma alcanza hoy a poco menos de 0,7 billones de pesos adicionales. Ello permitiría, por ejemplo, duplicar el monto de las pensiones otorgadas actualmente por las AFP, las cuales, como se ha dicho, tienen un costo de 0,6 billones de pesos anuales. Alternativamente, la suma hoy destinada a bonos de reconocimiento se puede destinar a mejorar todas las pensiones de quiénes han jubilado por el sistema privatizado, incluidos los que contrataron pensiones vitalicias con compañías de seguros privadas.
Finalmente, cabe preguntarse si el sistema es sustentable en el tiempo. Es decir ¿es capaz de sostenerse a pesar del envejecimiento gradual de la población? Efectivamente y por muchos años sin necesidad de subir las cotizaciones actuales.
Como ha mostrado el estudio de CENDA referido, el flujo de cotizaciones de hecho alcanza para pagar todas las pensiones actuales, tanto las que pagan las AFP como las que paga actualmente el Estado, incluyendo las del sistema antiguo y las nuevas pensiones solidarias. Además, dicho flujo crece a un 6,5 por ciento anual en promedio, mientras el número de adultos mayores lo hace a un ritmo inferior al 3 por ciento anual. Es decir, la plata de las cotizaciones alcanza y su crecimiento permite ir mejorando gradualmente todas las pensiones.
Si se termina con el sistema de AFP, igual como hizo Argentina, ganan mucho los afiliados, especialmente las mujeres y también gana el fisco. Esa es la realidad. ¿Porque no lo hacemos? ¿Es que alguien resulta perjudicado?
Desde luego. En primer lugar pierden las AFP y compañías de seguros, que actualmente se embolsan para ellas mismas exactamente un tercio de las cotizaciones obligatorias, es decir, casi un billón de pesos anuales, lo que equivale a cerca de dos mil millones de dólares por año.
Pierden todos los que profitan de ese chorro de dinero, incluidos los operadores financieros, generalmente relacionados con los propietarios de las AFP, que actualmente sacan suculentas tajadas por cada compra y venta de acciones que éstas les encargan realizar a cada rato. Lamentablemente, la industria de publicidad perdería uno de sus principales auspiciadores, lo que afectaría a los medios de comunicación y lamentablemente también a algunos actores y personajes muy queridos del público que se han prestado para cantar loas al sistema sin saber de que se trata.
Adicionalmente, perderían los grandes grupos financieros, que se quedan con los restantes dos tercios de las cotizaciones anuales, puesto que son los destinatarios de las inversiones realizadas por las AFP en forma de capital accionario o préstamos directos. Conviene recordar que sólo doce grandes grupos económicos, entre ellos los propietarios de las AFP, concentran la mitad de las inversiones que éstas realizan en el país.
Como dijo un conocido empresario, tanto las AFP como los grandes grupos financieros «tendrían que aflojar esta teta.» Estaría bueno.
