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Terremoto y protección ambiental

por 22 abril 2010

No existe hasta ahora un catastro exhaustivo respecto a los daños en las zonas más afectadas en la infraestructura de diversa índole, tales como rellenos sanitarios, plantas de procesamiento agropecuario, plantas de celulosa.

Cada 22 de abril, alrededor de todo el mundo se celebra el Día de la Tierra, momento propicio para analizar aspectos contingentes en materia ambiental en el país, que esta vez se encuentra conmocionado a causa del terremoto y posterior maremoto de febrero. Durante este año, el gobierno deberá implementar la nueva institucionalidad ambiental, que fue aprobada por el Congreso en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet.

Durante la discusión de esa reforma, Fundación Terram junto a algunos parlamentarios planteamos la necesidad de incorporar a todas las industrias e instalaciones productivas al Sistema de Evaluación Ambiental, incluyendo a aquellas construidas previo a la entrada en vigencia de la antigua ley ambiental, a mediados de los 90, y que por lo tanto no fueron evaluadas ambientalmente bajo la ley N°19.300 y no cuentan con autorización ambiental emanada de un proceso de calificación ambiental.

No existe hasta ahora un catastro exhaustivo respecto a los daños en las zonas más afectadas en la infraestructura de diversa índole, tales como rellenos sanitarios, plantas de procesamiento agropecuario, plantas de celulosa.

El argumento era claro: pese a que esas industrias entraron en funciones cuando las leyes ambientales eran más permisivas o completamente inexistentes, es necesario regularizar estas situaciones y aunar criterios, otorgando plazos razonables para disminuir los impactos ambientales, a la salud de las personas y los ecosistemas, incorporar la tecnología necesaria, y así exigir a todas las instalaciones productivas del país los mismos estándares ambientales.

Esta propuesta cobra nuevamente relevancia tras la coyuntura generada por el terremoto y tsunami, a la vista de la gran cantidad de infraestructura productiva de todo tipo que se vio afectada por el movimiento telúrico, y que quedó con daños de diversa consideración. Todas estas instalaciones deberán ser sometidas a reparaciones, incluyendo, en algunos casos, obras mayores.

Esta situación plantea al menos dos interrogantes fundamentales. En primer término, no existe hasta ahora un catastro exhaustivo respecto a los daños en las zonas más afectadas en la infraestructura de diversa índole, tales como rellenos sanitarios, plantas de procesamiento agropecuario, plantas de celulosa, etc. Es necesario que la opinión pública conozca en detalle no sólo la infraestructura destruida, sino también la presencia y eventual liberación al medio ambiente de sustancias peligrosas, y los riesgos que éstas pueden implicar para la salud de las personas. La respuesta a esta interrogante es urgente y representa el punto de partida fundamental para la toma de cualquier decisión.

Junto con ello, se plantea la disyuntiva respecto a si todas las obras de reparación y reconstrucción que será necesario emprender serán sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Al no haber sido sometidas previamente al Sistema, no existe para estas instalaciones planes de contingencia ni respaldo legal que permita intervenir en caso de catástrofes naturales u otros casos fortuitos, de manera de actuar a favor de la protección de la salud de las personas y el medio ambiente, y no exclusivamente velando por la inversión de capitales privados.

Esto refuerza la necesidad de insistir, ahora más que nunca, en establecer mecanismos que permitan incorporar al SEIA a todas las instalaciones productivas relevantes actualmente funcionando en el país, sin importar el momento en que entraron en funcionamiento. Es necesario evaluar su impacto bajo el prisma de los actuales parámetros en términos de contaminantes y manejo de elementos tóxicos.

En tanto, respecto a las reparaciones que será necesario emprender, evidentemente se trata de obras nuevas, por lo tanto debieran someterse a la legislación vigente en materia ambiental, es decir, ingresar al SEIA y cumplir cada uno de los requisitos y pasos que éste determina. Lamentablemente, ya se han dejado sentir con fuerza las presiones en el sentido de acelerar el proceso de reconstrucción y puesta en marcha del aparato productivo de las zonas afectadas, y se han repetido consignas en el sentido de “acelerar los trámites burocráticos” necesarios, incluidos los ambientales.

Es en este tipo de situaciones en las que la sociedad en su conjunto, en base a un debate informado, debe tomar decisiones que son claves para el futuro del país y del planeta, compatibilizando intereses contrapuestos. Si bien es muy importante recuperar la actividad económica del país, esto no puede hacerse a costa del medio ambiente o asumiendo riesgos sanitarios para la población. No debe desperdiciarse la oportunidad de un nuevo comienzo, que permitiría establecer procesos más amigables con el medio ambiente y la salud humana y, tal como lo han repetido diversas autoridades, reconstruir el país mejor que antes.

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