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Cruje el poder político de la iglesia

por 29 abril 2010

Cruje el poder político de la iglesia
El tema entonces no es un asunto de dinero sino de poder. Y tocar el poder de la Iglesia, sea político o económico, siempre es algo mayor. Peor en el caso Karadima, pues se trata de un sacerdote que ejerció su ministerio en un círculo estrecho y significativo del poder político conservador del país, y a quien sus seguidores consideran –muchos de ellos gente de gran influencia social- como su conductor espiritual.

Los escándalos sexuales que afectan a la Iglesia Católica en todo el mundo apuntan a  una crisis de poder político, no de fe o religión. En el caso de Chile, lo que parece estar  en cuestión no es la comisión de tal o cual delito por parte de un  predicador connotado, sino una lesión del capital político más preciado de ella: ser intérprete fiel de una moral que aspira a cohesionar mayoritariamente la conducta de toda la sociedad.

Ello explica la virulencia en las reacciones de algunos sectores en contra de las víctimas. También que el tema haga centro en una sorda pugna de poder interno sobre la sucesión de Francisco Javier Errázuriz a la cabeza de la Iglesia y sobre quién tendrá el vínculo de mayor peso con el gobierno.

Las expresiones cotidianas de ese poder se pueden apreciar en actos ecuménicos que convocan a las más altas autoridades del Estado, en declaraciones y documentos de la curia sobre hechos de la sociedad en forma permanente, o simplemente en críticas directas  a políticas públicas que no son de su agrado, sea en salud, educación u otros campos.

La defensa de ese poder obliga a gastar sumas ingentes en connotados estudios de abogados para defender la responsabilidad institucional frente a hechos delictivos de sus funcionarios.

Ella lo usa  además para imbricar a la institución –en estricto rigor una institución privada- como si fuera parte del Estado. Con éxito tal, que al lado de las figuras históricas de una república que se declara laica, siempre hay una imagen religiosa protectora. El vínculo material para que ello ocurra proviene de lazos sociales cultivados en comunidades de fe como la que dirigía Fernando Karadima, vínculos familiares, colegios y universidades y, por cierto, negocios.

Esa es una de las razones más fuertes para que la Iglesia Católica siempre trate de manera oblicua el tema de los delitos sexuales, pues ellos hacen que la institución pierda credibilidad y confianza entre sus adherentes, elementos esenciales para la cohesión que como poder político influyente requiere.

En estricto rigor, el Derecho Canónico, cuya codificación se produce recién a principios del siglo XX y la versión que rige actualmente es de la década de los ochenta, se orienta a regular la vida institucional de la Iglesia como comunidad de creyentes. Nada tiene de fondo sobre derechos individuales que no se remita a la fe. No es extraño entonces que la pena más extrema para los delitos en el Derecho Canónico sea la expulsión del transgresor.

A las víctimas solo se les ofrece consuelo y sus denuncias dan origen a  procesos que lo que buscan es mantener el equilibrio de la institución y no necesariamente la verdad. Por lo que tanto su duración como la forma de substanciación son difusas. Como individuos, las víctimas carecen de la importancia que tienen para el derecho penal común. Peor aún, ellas se transforman en victimarios y enemigos de la comunidad cuando se atreven a denunciar públicamente los hechos ilícitos. Ahí, es la propia comunidad de fe la que se activa para defender su integridad, incluso de manera violenta, en contra aquellos que quieren destruirla.

La defensa de ese poder obliga a gastar sumas ingentes en connotados estudios de abogados para defender la responsabilidad institucional frente a hechos delictivos de sus funcionarios.

El caso de Juan Andrés Aguirre, el llamado “Cura Tato”, condenado a doce años por nueve delitos de abuso sexual es un buen ejemplo. En su juicio, en el cual  también estuvo involucrado como defensor Luis Ortiz Quiroga, el mismo abogado que se acaba de integrar a la defensa de Fernando Karadima,  la Iglesia logró zafar su responsabilidad en última instancia en la Corte Suprema. Pagó todos los gastos del juicio pero evitó finalmente pagar indemnizaciones a las víctimas, a lo cual la habían condenado en las dos instancias judiciales previas.

El tema entonces no es un asunto de dinero sino de poder. Y tocar el poder de  la Iglesia, sea político o económico, siempre es algo mayor. Peor en el caso Karadima, pues se trata de un sacerdote que ejerció su ministerio en un círculo estrecho y significativo del poder político conservador del país, y a quien sus seguidores consideran –muchos de ellos gente de gran influencia social- como su conductor espiritual.

Tal circunstancia obliga a valorar la valentía de la confesión pública de las víctimas. Su tono dramático obliga, de acuerdo a los valores laicos que deben regir  una sociedad que se declara democrática y republicana, que ellos no sean agraviados por segunda vez, ahora con criterios que amparan la impunidad.

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