El Presidente Piñera perdió la ventaja política, y a poco andar ha quedado demostrado que el núcleo de ideas centrales que debían sostener su iniciativa no estaban del todo claras. Ello ha entrabado el proyecto y permitido que los sectores políticos y empresariales más ortodoxos agrupados en torno a la UDI pongan objeciones que desdibujan la potencia política de los primeros anuncios.
No son sólo los desacuerdos del gobierno lo que retrasa el proyecto de ley para el financiamiento de la reconstrucción. Es el tema en sí el que genera una especial sensibilidad en la elite política, acostumbrada a que las reformas tributarias, junto a otro núcleo de temas públicos, estén sujetas a vetos corporativos y procedimientos casi ecuménicos a la hora de legislar sobre ellas.
Tal cultura, que implica consensos, equilibrios y compensaciones, no ha sido reemplazada por otra con la instalación del nuevo gobierno. Y el de Sebastián Piñera carece de los atributos políticos –entre ellos orden y disciplina interna- que hacen posible que pueda seguir funcionando con la eficacia de años anteriores. En pleno apogeo de la transición y hasta hoy, derecha e izquierda fueron unánimes sostenedores de la primacía del crecimiento económico y la libertad del mercado como argumento para alterar lo menos posible el statu quo impositivo del país.
[cita]Se ha producido un sigiloso cabildeo desde dentro del gobierno, pero ahora no con la finalidad de consensuar el proyecto Presidencial para hacerlo viable en el Congreso, sino al revés, para minarlo.[/cita]
La Concertación durante veinte años de gobierno mantuvo el tema bajo control disciplinario supremo. Cualquier discusión sobre eventuales reformas tributarias era de iniciativa estrictamente gubernamental, más allá de lo legal. Y quedaba primero sujeta a cabildeos y consultas por fuera de la opinión pública y de las instituciones normales, dirigidos bajo reserva y con mano de hierro por el Gobierno. Los interlocutores privilegiados eran los gremios empresariales y los partidos políticos de oposición, y uno que otro parlamentario oficialista que oficiaba de articulador para su sector.
Sólo una vez conseguidos los consensos básicos, el tema llegaba sin muchos márgenes de flexibilidad a las instancias parlamentarias abiertas. Pero a un debate muy amarrado. Sobre el oficialismo de la época se dejaba caer la disciplina de hierro de los ministros de Hacienda y de los grandes operadores políticos.
Tal cultura política sobre los impuestos, hizo del tema algo vedado en la Concertación, y fue precisamente un tema impositivo – el de la depreciación acelerada- el que enfrentó a los parlamentarios concertacionistas por primera vez con Michelle Bachelet, inflingiéndole una seria derrota que fue antecedente previo a la pérdida de la mayoría parlamentaria poco después.
El Presidente Sebastián Piñera ha actuado con una lógica que se aparta de esa cultura. Enfrentó el tema de manera sorpresiva, y con mucha liberalidad y capacidad comunicacional se apartó de ella, descolocando a su coalición y al mundo político y empresarial que lo apoya. Sin embargo, esa exitosa embestida, protagonizada conjuntamente con su Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, se quedó en lo puramente comunicacional y no tuvo la consistencia técnica y operativa para cuajar rápidamente en proyecto de ley.
El Presidente Piñera perdió la ventaja política, y a poco andar ha quedado demostrado que el núcleo de ideas centrales que debían sostener su iniciativa no estaban del todo claras. Ello ha entrabado el proyecto y permitido que los sectores políticos y empresariales más ortodoxos, agrupados en torno a la UDI, pongan objeciones que desdibujan la potencia política de los primeros anuncios.
Se ha producido un sigiloso cabildeo desde dentro del gobierno, pero ahora no con la finalidad de consensuar el proyecto Presidencial para hacerlo viable en el Congreso, sino al revés, para minarlo y hacerlo lo más leve y transitorio posible, dejando en claro que no hay solo una idea de proyecto, sino varias.
En tal escenario el Congreso Nacional se recupera de facto como la arena política privilegiada para buscar los consensos necesarios, sin grandes filtros externos como antaño. Pero aún no se perciben ni las vocerías ni las interlocuciones políticas autorizadas que hablen a nombre de grupos ampliados de parlamentarios, o demuestren tener la oreja de La Moneda, más allá de posturas doctrinarias. En un tema que se anuncia transversal, una vez más la política es sorda y muda.
Desde el gobierno, el ministro de la Segpres debiera producir el orden político y los consensos para viabilizar la iniciativa gubernamental, tal como la desea el Presidente. Lo que no queda claro es si está de acuerdo con ella o es partidario de los reparos de la UDI frente al alza de impuestos.
