El gobierno del Sebastián Piñera habrá de articular las sensibilidades emergentes y señales de la nueva sociedad civil.
Durante los gobiernos de la Concertación fueron depositadas amplias confianzas desde la ciudadanía en que se diseñaría una institucionalidad política capaz de asumir los cambios que estaban teniendo lugar en la sociedad, donde sus nuevos perfiles organizativos tuvieran cabida y pudieran ser factores de apoyo a los procesos de cambio y democratización de Chile.
Lo cierto es que ello no sucedió y el llamado progresismo de entonces se dedicó principalmente a construir sistemas de reproducción de privilegios que les brindarían confort y que tras el paso de los años y las permanentes denuncias son puestos de manifiesto.
Las débiles iniciativas que apuntaron a relevar el rol de la ciudadanía en la construcción democrática de la nueva sociedad, promovidas por un pequeño elenco de funcionarios públicos y líderes políticos, fueron incomprendidas mayoritariamente por una clase política que, de modo transversal, no se mostró abierta a ceder espacios de poder y continuó con la inercia del siglo XX.
[cita]El gobierno del Sebastián Piñera habrá de articular las sensibilidades emergentes y señales de la nueva sociedad civil.[/cita]
En este marco, la derrota política de la Concertación en diciembre de 2009 puede ser interpretada como el fin de un acuerdo pactado hacia fines de los años 80 entre una franja mayoritaria de la sociedad civil que anhelaba paz y libertad, y las elites políticas que buscaban gobernar un nuevo orden.
Este fenómeno constituye una lección para las nuevas autoridades públicas, por lo que las acciones emprendidas en el último tiempo deben ser observadas con mayor cautela, a la vez que saber escuchar y ver los nuevos fenómenos sociales en maduración, desarrollo y acción. Lo que cuenta, es si el gobierno que lidera Sebastián Piñera cometerá los mismos errores del pasado concertacionista, o bien, estará abierto a usar el sentido común y actuar en consecuencia. Y esto es especialmente relevante cuando se esta en medio de un proceso de reconstrucción tras el terremoto de febrero pasado.
¿Cuáles son los elementos de contexto en que ha de asentar un diálogo entre las autoridades del Estado y la sociedad civil en el escenario post concertación?
En primer lugar, debe destacarse que se ha instalado la convicción democrática en diversos países del mundo, que la participación ciudadana constituye un componente fundamental en el ordenamiento democrático, en su vitalidad, legitimidad y la gobernabilidad estatal. Entre los factores que han hecho posible este convencimiento, destaca el que la participación ciudadana supone una presencia activa del ciudadano en los asuntos públicos, que exige de los gobernantes una mayor apertura al tratamiento de los temas que antaño eran abordados entre partidos o actores de la arena estrictamente política y con gran falta de información.
Junto a lo anterior, se ha ido estableciendo una correlación entre participación ciudadana y transparencia, pues la presencia de actores no estatales que escrutan la labor de los gobiernos, constituye una fuerte señal social que los gobernantes tienen cada vez más en cuenta. Puede afirmarse que entre los atributos de la democracia moderna, la participación de la ciudadanía es uno de los factores que pueden potenciar su consolidación y hacer de ella un sistema que se perfeccione continuamente.
Luego de reconocer un conjunto de falencias que le impedían brindar adecuadamente sus servicios a la sociedad, el plan de modernización del Estado que tiene lugar hoy, busca redefinir sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales, además aspira a modificar la gestión o el modo en que son llevados adelante los cambios estatales y que buscan hacer más eficientes, eficaces y efectivas las políticas públicas, en un marco de nueva valoración de los usuarios en cuanto titulares de derechos, esto es, en tanto ciudadanos.
Es en este nuevo contexto de reforma del Estado en que tiene lugar una reconceptualización acerca del rol de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos que, a través de una renovada concepción de la participación ciudadana, permite nuevas formulaciones conceptuales y modos de operación.
La política de participación ciudadana comienza a constituirse en un nuevo ámbito de la política pública, que junto con abrir nuevos espacios a la deliberación democrática de los actores sociales, genera movimientos y tensiones que dan cuenta de la vitalidad del cambio que trae aparejada. Uno de los propósitos que han guiado los procesos de construcción de ciudadanía, ha sido dotar de poder a las organizaciones de la sociedad civil, en donde la participación ciudadana ha sido uno de los hilos conductores. Tal relación no ha sido simple ni directa, pues se ha tendido a pensar que la participación de ciudadanos y ciudadanas concluye en el acto eleccionario al que cada cierto tiempo son convocados para elegir a las autoridades políticas que gobernarán.
La incorporación de la ciudadanía en fases del ciclo de gestión de la administración de los asuntos públicos, sea en los ámbitos nacional, regional o local, ha sido uno de los desafíos para el desarrollo de las relaciones entre autoridades de Estado y actores sociales en los últimos años. Los asuntos de Estado, por lo general se pensaba debían estar en manos de expertos en administración y gobernantes y la idea de incluir las voces de líderes sociales y colectivos sociales, era muy ajena al pensamiento sobre políticas públicas.
Esa visión ha cedido paso a nuevas concepciones sobre lo público y acerca del rol de la ciudadanía en su construcción, y crecientemente se piensa desde los gobiernos que la eficiencia y eficacia de la labor de gobernar va de la mano con modalidades de corresponsabilidad de los asuntos públicos, en donde la población organizada y asociada, interviene y delibera sobre propuestas, diseños, políticas a la vez que actúa en su desarrollo; es lo que se denomina gestión pública participativa, que en Chile ha ido ganando terreno a través de prácticas, que dejan innumerables lecciones para mejorar diseños y resultados de gestión. Encontramos formas de ejercicio de esta modalidad en la asignación participativa de recursos de inversión a través de presupuestos participativos, mediante el desarrollo de cuentas públicas de gestión, en la instalación de nuevos organismos de Estado mediante procesos dialógicas que buscan no sólo dar a conocer el sentido sino asimismo recoger la incidencia ciudadana en dicho proceso, como lo es una nueva región, o en la puesta en marcha de la ley de acceso a la información pública o en la construcción de Cartas Ciudadanas en los municipios que implican contratos entre autoridades y ciudadanos para el mejoramiento de la prestación de servicios.
Para sintonizar con las nuevas tendencias que se desarrollan en la sociedad civil y desplegar acciones que mejoren la calidad de nuestra democracia, y poder avanzar a modalidades de diálogo eficiente entre ciudadanía y gobierno, es importante tener presente que existe un camino recorrido de encuentros y desencuentros entre gobiernos y sociedad civil, que han permitido dejar avanzadas iniciativas legislativas de interés como la ley de participación ciudadana, ya aprobada en comisión mixta, el defensor ciudadano, la iniciativa popular de ley, entre otras.
Lo que puede marcar diferencias será tanto el trato como la comprensión política de la necesidad de establecer formas de diálogo activo que hagan viable la inclusión de la sociedad civil en los procesos de desarrollo nacional, que se establezca una institucionalidad que no descanse en el temor y la desconfianza, como ocurrió en los gobiernos anteriores, y que permita la sostenibilidad institucional del nuevo tejido asociativo en Chile, y no caer en la creencia ingenua que la sociedad civil es una, homogénea, moderna, integrada y sistémica, a la cual se pueda echar mano cuando suceden catástrofes o un grupo desvalido o excluido de la sociedad lo requiere.
El gobierno del Sebastián Piñera habrá de articular las sensibilidades emergentes y señales de la nueva sociedad civil, así como disponer de lineamientos de política que incluyan, acojan y valoren el rol modernizador y democratizador que cumple la ciudadanía en el desarrollo de Chile.
