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La gran muralla en el acceso a la Educación Superior

por 9 mayo 2010

Defender un sistema universal, único y centralizado de selección a la Educación Superior, que sea administrado por un organismo público que dé garantía en la defensa del bien común por sobre todo interés económico o particular.

Julio Sarmiento, Estudiante de Medicina, Senador Universitario y presidente de la Federación Estudiantes de la Universidad de Chile.

El Ministro de Educación acordó con el Consejo de Rectores la postergación de dos semanas a la PSU como solución frente al impacto del pasado terremoto en los estudiantes de cuarto medio. La solución no es tan simple.

Independiente del terremoto, algo de fondo funciona mal en el sistema de acceso a la Educación Superior. Si uno analiza, de los 100 mejores colegios en cuanto a resultados de la PSU del año pasado, 95 son particulares pagados. El grueso de los estudiantes de Chile no estudia en instituciones de esta naturaleza, sino que en establecimientos donde sólo el 58% de ellos logra el mínimo de 450 puntos, versus un 95% que si lo logra en los establecimientos pagados. La situación a todas luces da cuenta de que existen espacios de oportunidad distintos, donde la solución va más allá de posponer la PSU o abrir uno o dos liceos “de excelencia”.

Defender un sistema universal, único y centralizado de selección a la Educación Superior, que sea administrado por un organismo público que dé garantía en la defensa del bien común por sobre todo interés económico o particular.

Existe una barrera prácticamente infranqueable a nivel de la selección universitaria. Pese a que la inteligencia está repartida homogéneamente en todos los niveles socioeconómicos, vemos que en los hechos, la selección universitaria produce una notable concentración de los estratos más altos. Si la selección se trata de llevar a la Universidad a los más capaces pero constatamos que los estudiantes talentosos de la educación municipal no están entrando a la Universidad, debemos cuestionarnos fuertemente la efectividad del sistema actual. Existe una discusión, aún abierta, sobre si una prueba de este tipo tiene que enfocarse en conocimiento o habilidades, lo que hace cuestionarse la pertinencia de que apliquemos estos métodos después de considerar los resultados.

Por otro lado, hay también inconsistencias de origen en este mecanismo. La prueba mezcla los objetivos de seleccionar estudiantes para el ingreso a la Educación Superior junto con evaluar el sistema de Enseñanza Media, un especie de “dos por uno” que aún es desmentido por el ministerio, pero que se demuestra en la ausencia de un SIMCE para el cuarto medio. Esto es un error, ya que pruebas de esta naturaleza cumplen propósitos distintos, no son rendidas por la misma población de estudiantes, y tienen una distribución esperada que no es la misma.

Los resultados del sistema han sido lapidarios, ya que no hay evidencias de que con la PSU hayan mejorado los aprendizajes de la Enseñanza Media según SIMCE. No se ha favorecido la equidad sino que se ha visto un perjuicio para los alumnos provenientes de la educación municipal y sobre todo la enseñanza técnico profesional. No se logró reducir la necesidad de los preuniversitarios. Como se repiten 12 preguntas cada año, son conocidas por estos, se da en fenómeno de acaparar "información privilegiada".

Las propuestas alternativas existen y se aplican, pero ha faltado voluntad política para instalarlas como regla general. Una de ellas surgió en la USACH y se basa en considerar de manera prioritaria las notas de la educación media, ponderadas en relación a la cohorte de cada establecimiento y no a nivel nacional. La puesta final debería ser generar en los hechos, cuotas de ingreso por tipos de establecimientos, de modo que los mejores de la educación municipal y de la educación particular subvencionada puedan ser seleccionados en una proporción que se acerque a la de la educación pagada.

Independientemente de ello, el tema debe asumirse bajo ciertos principios generales que algunas federaciones han sintetizado muy bien. Defender un sistema universal, único y centralizado de selección a la Educación Superior, que sea administrado por un organismo público que dé garantía en la defensa del bien común por sobre todo interés económico o particular, contando para esto con el financiamiento y la autonomía necesarios.

Mejorar el instrumento estandarizado de selección, asegurando que beneficie a los estudiantes sin discriminaciones; que se centre en la meritocracia y permita el acceso de los más capaces. Incluir mecanismos de acceso complementarios en las universidades, que le den una mayor valorización al ranking de colegio, las notas de enseñanza media y las realidades regionales, en el espíritu de valorizar el esfuerzo personal de los estudiantes y su entorno social inmediato. Y por último, abogar por la transparencia de todos los mecanismos de selección, instituciones involucradas, resultados obtenidos y consecuencias sociales de los mismos.

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