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¿Negligencia o connivencia?

por 10 mayo 2010

Ambos cuerpos normativos, celebrados por la opinión pública informada, comenzaron paulatina y gradualmente a ser retocados por las autoridades políticas de la Concertación accediendo a las presiones ejercidas por ciertos grupos de poder económico.

Toda vez que nos hemos enfrentado a proyectos de edificación, loteos de urbanización o modificaciones de planes reguladores cuyas aprobaciones han sido objetadas porque han vulnerado o amañado las normas, la pregunta que inmediatamente nos surge a todos es si ello es producto de un error del funcionario o es la disposición de éste para favorecer al privado solicitante del permiso respectivo o beneficiario directo de los cambios reglamentarios.

En nuestras columnas “Los pícaros cambios de uso de suelo”, (I y II parte) del 25 y 27 de noviembre de 2008, “Autopisteros y burocracia” del 20 de marzo de 2009 y “Decir lo que otros callan” del 8 de febrero de 2010, las cuatro publicadas en El Mostrador, fuimos muy didácticos en relatar las formulas artificiosas empleadas para posibilitar los cambios de uso de suelo solicitados por actores privados propietarios de extensos terrenos rurales en el sector poniente de Santiago.

Este proceso, que se ha urdido dentro del marco de la figura administrativa de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) ha sido una lección maestra, para quienes con paciencia, hemos observado como se fraguan paso a paso, año tras año, los cambios normativos para que algunos bien conectados con las cúpulas del poder político procuren enormes privilegios económicos tratando de eludir las obligaciones pecuniarias y urbanas asociadas al bien común en general, y a la libre competencia y a la igualdad ante la ley en particular.

Ambos cuerpos normativos, celebrados por la opinión pública informada, comenzaron paulatina y gradualmente a ser retocados por las autoridades políticas de la Concertación accediendo a las presiones ejercidas por ciertos grupos de poder económico.

Recordemos que los graves problemas ambientales, de transporte, de marginalidad social, de carencia de áreas verdes, agotamiento de los acuíferos y de otras tantas razones, empujaron a las autoridades políticas a prohibir la expansión urbana mediante, en primer lugar (1994), la promulgación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y a continuación (1998), del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).

Ambos cuerpos normativos, celebrados por la opinión pública informada, comenzaron paulatina y gradualmente a ser retocados por las autoridades políticas de la Concertación accediendo a las presiones ejercidas por ciertos grupos de poder económico con los cuales llegaban a contacto y por los propios jerarcas de su pacto ya iniciados en los negocios inmobiliarios, quienes vislumbraron, si es que no fraguaron desde un comienzo, las enormes posibilidades de negocios que se presentaban de obtener excepciones normativas exclusivas valiéndose de la discrecionalidad que se reserva el Estado, disimulada, como bien se estila en estas latitudes, con los respectivos pseudos estudios contratados a la medida del requirente.

Así, ya en el año 1997 se modifica el PRMS para crear las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionados (Zoduc), ingeniosa fórmula que por arte de magia declaró urbanizables miles de hectáreas rurales, de connotadísimos personajes públicos, localizadas en la provincia de Chacabuco. El discurso oficial, nunca faltante para estas maniobras, fue que de esta manera se generarían núcleos urbanos con todos los necesarios equipamientos para mantenerse desconectados de la ciudad de Santiago y, además, generar la soñada integración social, pues debían considerarse dentro de los proyectos, altos porcentajes de viviendas para los sectores vulnerables. Como imaginará el lector, nada de ello se cumplió pues la norma fue lo suficientemente mal hecha para que ésta no se acatara. Y en esos amplios y bucólicos territorios sólo se observan viviendas de lujo expeditamente conectadas con la ciudad de Santiago a través de las nuevas autopistas.

Pero aunque usted no lo crea, esta “negligencia” normativa, luego de un sentido mea culpa de las autoridades ministeriales, fue la excusa para dictar en el año 2003 una nueva disposición que crearía los mencionados PDUC para ocupar con usos inmobiliarios nuevos suelos rurales. Esta vez el discurso oficial de rigor, fue que así, imparcialmente, todos aquellos que dispusieran de un mínimo de 300 hectáreas rurales podían presentar sus proyectos con la obligación ineludible de hacerse cargo de todas las externalidades negativas que produciría para la ciudad.

Para ello se dictó el nuevo artículo 8.3.2.4 del PRMS, aprobado con fórceps en el Gobierno Regional Metropolitano, y visado de mala gana por la Contraloría General de la República ante la insistente presión del gobierno de Lagos. Así y todo, y para salvar las apariencias, y atendiendo el conocido dicho “la carga se arregla en el camino” que el mediático empresario Paulmann nos espetara con ocasión de su negativa a pagar las obras viales de su Costanera Center, el mencionado artículo estableció una serie de exigencias que en la práctica se escamotearían de acuerdo a los usos y costumbres nacionales, y que de paso servirían de barrera de entrada a otros competidores menos avispados.

Así, en el año 2005 se presentaron a tramitación tres PDUC en 2.500 hectáreas en la comuna de Pudahuel, cuyos nombres de fantasía son Urbanya, Enea y Ciudad Lo Aguirre, pertenecientes a los grupos Santa Cruz-Yaconi, Endesa y Hurtado-Vicuña, respectivamente. Sus voceros, para impresionar a la opinión pública, informaban que sus inversiones alcanzaban los 3 mil millones de dólares.

Como era de esperarse sus proyectos ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), vía simples “Declaraciones”, las que fueron aprobadas en el 2007 sin mayores objeciones por la disciplinada Corema. Por su parte, el Gobierno Regional Metropolitano, suponemos ignorante de la regulación específica de estos 3 proyectos, los autorizó sin más, en el 2008. Ello nos obligó a denunciar ante la Contraloría General de la República el mal actuar de ese organismo público, en razón de todas ilegalidades detectadas.

El 27 de marzo de 2009 el servicio contralor, vía dictamen Nº 16026, acogiendo nuestra acusación y las de otros, rechazó los 3 proyectos por diversas razones, siendo la más grave la referida a que en las “aprobaciones” no existían los planes de inversiones privadas necesarios para mitigar los impactos negativos, ni las forzosas expropiaciones para las extensas vialidades requeridas, todo lo cual importaban cuantiosas sumas de dinero que los particulares pretendían ahorrarse: ¿colusión público-privada o negligencia?

Ante este escollo los PDUC contrataron a distinguidos profesionales para que “solucionaran” los problemas y así fue como en los inicios de este año el mismo Gobierno Regional “autorizó” tres nuevas resoluciones de dichos proyectos. Pero para ello fue indispensable que previamente el Minvu promoviera una nueva modificación al PRMS, ahora respecto de la vialidad metropolitana allí consignada: sólo así estos PDUC serían viables. El traje a la medida se llamó resolución Nº 12, emitida el 9 de febrero de 2010, en las postrimerías del gobierno anterior, acto administrativo que, ¡oh sorpresa ! por sus incoherencias, la Contraloría General sólo tomó razón de ella “con alcances”.

Luego de esta acrobacia normativa, el Gobierno Regional, envió a la Contraloría General los tres fatigados PDUC para su toma de razón, pero este agudo servicio detectó nuevas y serias irregularidades. Por ello, través de los dictámenes 21511, 21512 y 21513, del 26 de abril de 2010, devolvió sin aprobar, a su díscolo remitente, las resoluciones de estos tres negocios. Si los lectores desean conocer sus contenidos pueden acceder a la página web de la Contraloría.

Sin duda estas prácticas son nocivas para el país, pues dan cuenta de un debilucho Estado cooptado, en que la discrecionalidad del mismo entorpece el sano funcionamiento del mercado. A la larga estos 3 negocios inmobiliarios se aprobarán, pero estamos seguros que la Contraloría General será implacable en exigir el cumplimiento de la normativa.

En todo caso, ya le hemos solicitado una entrevista a la ministra Magdalena Matte para proponerle que su ministerio audite el proceso administrativo de estos tres proyectos con la idea de que en el futuro las cosas se hagan bien.

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