En el siglo XIX, fueron los conservadores quienes se abrieron a eliminar la norma que establecía el requisito de propiedad para poder participar en las elecciones. Enfrentados al crecimiento electoral de los liberales, la propuesta buscaba ganar votos en sectores rurales donde muchos hombres conservadores que sabían leer y escribir no contaban con un título de propiedad.
No debiese llamarnos a sorpresa que la derecha política plantee propuestas de reforma política. Históricamente, la derecha ha sugerido cambios cuando ha percibido beneficios en modificar el status quo. El error es pensar que las propuestas planteadas el pasado 21 de Mayo tienen un carácter “progresista” o que buscan apropiarse de la agenda de la Concertación. De hecho, las iniciativas políticas del actual gobierno buscan precisamente mantener las cosas como están. Cambiar para dejar todo igual.
En el siglo XIX, fueron los conservadores quienes se abrieron a eliminar la norma que establecía el requisito de propiedad para poder participar en las elecciones. Enfrentados al crecimiento electoral de los liberales, la propuesta buscaba ganar votos en sectores rurales donde muchos hombres conservadores que sabían leer y escribir no contaban con un título de propiedad. A mediados del siglo XX, fueron los partidos conservadores quienes apoyaron el derecho de voto para las mujeres dado que ellas tendían a favorecer posiciones conservadoras y no progresistas.
En esta ocasión, el gobierno de Piñera propone iniciativas que aparentemente buscan profundizar la democracia. No obstante, los efectos de algunas de ellas, y la ausencia de otras, podrían llegar a producir precisamente el efecto contrario: una democracia más elitista y alejada de la ciudadanía. Analicemos tres de ellas:
1. El esquema de inscripción automática voto voluntario tiene una “apariencia” más democrática que el voto obligatorio. No obstante, la experiencia comparada muestra que el efecto más probable de esta medida será una fuerte caída de la participación electoral—seguramente a niveles inferiores al 50%. Además tendrá un efecto elitista dado que son los más educados los que votan y como en Chile educación y estatus social van de la mano, serán mayoritariamente los sectores socioeconómicos medios y altos los que concurrirán a votar.
En este escenario, las promesas de campaña futuras se focalizarán en los sectores más acomodados de la sociedad, lo que es sin duda algo negativo. Para evitar esto, la solución es promover un sistema de inscripción automática y voto obligatorio—y eventualmente con un sistema de des-inscripción voluntaria.
[cita]Históricamente, la derecha ha sugerido cambios cuando ha percibido beneficios en modificar el status quo.[/cita]
2. Nada más loable que modernizar la ley de partidos políticos de modo de mejorar su transparencia y vínculo con la ciudadanía. Sin embargo, la iniciativa del Gobierno hasta el momento no ha abordado un tema esencial: el financiamiento permanente de los partidos. Sin contar con una norma que garantice un mínimo de financiamiento para su funcionamiento administrativo, es impensable el fortalecimiento de la democracia.
3. La propuesta del gobierno busca establecer primarias voluntarias, simultáneas y vinculantes en los partidos. A simple vista parece una excelente y pertinente iniciativa. Ello permitiría sin duda mayor transparencia y asociación entre partidos, militantes y ciudadanía. Sin embargo, si se plantea esta idea como “voluntaria”, los incentivos que tendrán los partidos para iniciar un proceso como el descrito serán muy bajos. Por tratarse de un sistema multipartidista y que estimula la formación de coaliciones (al menos para competir en el Congreso y en las presidenciales), el carácter voluntario de esta iniciativa incrementa la incertidumbre en tiempos electorales. Podría darse el caso de partidos que determinen elegir sus candidatos en primarias mientras otros esperen tales resultados para decidir a quién poner en competencia. La única solución es contar con primarias simultáneas, vinculantes pero obligatorias. Las primarias voluntarias no garantizan la democratización de los partidos—objetivo esencial en el actual contexto nacional.
Ahora bien, quizás lo más problemático de las propuestas es lo que quedó fuera de la agenda. Si no se establece una reforma integral al sistema político, los parches propuestos no resolverán las debilidades de nuestra democracia. Las ausencias más destacables son: reforma al sistema binominal, período presidencial, equilibrio de poder entre ejecutivo y legislativo, regulación de conflicto de intereses y lobby y una revisión profunda a la actual ley de financiamiento electoral. Esta última, tal cual está diseñada no garantiza transparencia ni acceso a información en relación a las donaciones contempladas en las campañas. Bajo este esquema, la coalición en el gobierno contará con la doble ventaja de tener acceso a recursos privados y públicos para competir en las próximas elecciones.
En definitiva, la agenda del gobierno en el ámbito político tal cual fue expresada en el discurso del 21 de Mayo es más bien acotada, su orientación favorecerá a ciertos sectores sociales y su efecto es que mantendrá la sensación de estar viviendo en una democracia que no le pertenece a la ciudadanía. Un país formalmente democrático, pero sustantivamente organizado desde arriba. Cualquier cosa menos una agenda progresista.
