El también ex subsecretario de Pesca estará encargado de “atender la aplicación, respeto y fiscalización de las regulaciones ambientales y sanitarias” de AquaChile, mismas normas cuya modificación Sandoval encabezó en los últimos dos años.
La presencia de numerosas ejecutivos de los más grandes conglomerados empresariales tanto en el gabinete del Presidente Sebastián Piñera como en el resto de las reparticiones de la administración pública, ha generado profundas y justificadas críticas desde la Concertación. Esta situación, evidentemente, puede comprometer la independencia de los funcionarios en una serie de actos administrativos, y generar numerosos conflictos de intereses frente a los cuales será necesario prestar la debida atención de parte de la ciudadanía.
Sin embargo, el paso de personas desde el mundo privado a la administración del Estado es tan nocivo como el proceso inverso, situación que se ha repetido en innumerables ocasiones protagonizada precisamente por representantes de la Concertación que, tras ejercer la función pública durante un periodo de gobierno, en el siguiente han aparecido en el mundo privado. Muchos son los nombres que engruesan la lista de funcionarios que fueron a “ganarse la vida” como gerentes o directores de grandes empresas privadas. Con la llegada de Piñera al poder, la situación no ha cambiado y seguimos viendo cómo conocidos militantes de la Concertación, ahora en la oposición, emigran a las empresas.
[cita]El también ex subsecretario de Pesca estará encargado de “atender la aplicación, respeto y fiscalización de las regulaciones ambientales y sanitarias” de AquaChile, mismas normas cuya modificación Sandoval encabezó en los últimos dos años.[/cita]
Es el caso de Daniel Fernández, militante del PPD que salió de TVN para integrarse a HidroAysén; o el más reciente de los casos conocidos, el de Felipe Sandoval, que acaba de ser reclutado por AquaChile. Este último merece especial atención pues desde abril de 2008 y hasta después que asumió el actual gobierno, tuvo el cargo de coordinador del Grupo de Tareas del Salmón, entidad que reunió a representantes de organismos públicos para buscar una salida a la crisis del salmón. Así, durante casi dos años vimos a Sandoval, también ex subsecretario de Pesca, encabezar los equipos técnicos y políticos del gobierno que propusieron la reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura, así como todas las modificaciones reglamentarias para el sector. Es por esto que su desembarque en AquaChile, una de las más grandes empresas del sector, da que hablar y pone nuevamente de manifiesto la necesidad de regular el tránsito entre el mundo público y privado, más aún cuando se hace dentro de un mismo sector de la economía.
Este hecho sólo agrega una vuelta de tuerca más a un problema que hemos denunciado desde hace años: la puerta giratoria de los profesionales que, una y otra vez, pasan de los servicios públicos y las empresas del estado a la gerencia de grandes empresas, enturbiando el panorama en numerosas áreas clave del desarrollo productivo del país.
La ley de probidad administrativa intentó generar un marco regulatorio frente al problema, pero ha resultado claramente insuficiente y se ha visto sobrepasada frente a la realidad. Ese texto legal señala que: “son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones”.
En el caso de Sandoval, su cargo, pese a depender directamente del gobierno y a que encabezó la reformulación de importantes políticas públicas para el sector salmonicultor, en estricto rigor no corresponde a un cargo incluido dentro de la mencionada ley de probidad, por lo que éste no se vio obligado a esperar los seis meses que establece la legislación antes de integrarse a una empresa privada del sector. Así, si bien se da cumplimiento en la letra a la ley, se violenta su espíritu pues, como informó la propia empresa en un comunicado, el también ex subsecretario de Pesca estará encargado de “atender la aplicación, respeto y fiscalización de las regulaciones ambientales y sanitarias” de AquaChile, mismas normas cuya modificación Sandoval encabezó en los últimos dos años.
Casos como éste demuestran, una vez más, la necesidad de reforzar las normativas en este ámbito y eliminar este tipo de prácticas. Es indispensable poner fin a la “puerta giratoria” de personeros que transitan entre entidades públicas y privadas, incluyendo a todos los sectores, es decir, tanto del actual gobierno como de la oposición. Sólo así será posible transparentar las decisiones de gobierno, mejorar la imagen de las empresas y cimentar relaciones de confianza entre todos los actores involucrados.
