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¿Por qué disminuye nuestra competitividad?

por 3 junio 2010

Lo complejo de este diagnóstico es que implícitamente se está indicando que para recuperar la “competitividad país” es necesario reducir la competitividad del sector financiero y del mercado de servicios privatizados y desregulados.

Hablar de la competitividad de los países es para muchos un sinónimo de desarrollo y prosperidad. Por este motivo, el último Ranking de Competitividad Mundial, elaborado en Suiza por la Escuela de Negocios IMD, debería haber suscitado un debate público más acalorado. El informe puso a Chile en el puesto 28, entre 58 economías, lo que representa su ubicación más baja desde el 2000. Y conste que los datos de IMD son anteriores al terremoto. De esta forma el país retrocedió 10 lugares en cinco años y en relación con 2009, cayó en tres posiciones. Desde la perspectiva de la globalización y los mercados, el Chile neoliberal decae definitivamente.

Es evidente que la competitividad no constituye un objetivo en sí mismo. De hecho, el país que lidera el ranking es Singapur, una ciudad-estado donde gobierna un régimen monopartidista sobre la base de un control draconiano de los medios de comunicación, la sociedad civil y los sindicatos. Con un modelo como ese es muy fácil competir. Sin embargo, asumiendo los fríos datos del estudio es curioso observar los motivos que el informe detalla como causa de este retroceso: Chile involuciona en el ranking de competitividad mundial principalmente por el alto margen de usura de la banca (técnicamente el “alto spread” de la tasa de interés) y la profunda crisis de su sistema educacional.

Lo complejo de este diagnóstico es que implícitamente se está indicando que para recuperar la “competitividad país” es necesario reducir la competitividad del sector financiero y del mercado de servicios privatizados y desregulados.

El spread bancario está relacionado directamente con la concentración de ese mercado. Este proceso oligopólico ha permitido a los bancos chilenos maximizar el margen entre la tasa pasiva que pagan a los ahorristas y la tasa activa que reciben por los préstamos otorgados. Esta diferencia es de 5,77 puntos promedio, en comparación a 0,33 puntos que opera en el Reino Unido. Chile aparece en este aspecto en los niveles más altos del mundo.

En relación al sistema educativo, hay consenso en que el actual modelo no es el resultado del sino trágico de la nación. Se trata de un “sistema escolar concientemente estructurado por clases sociales” (Informe OCDE: 2004) con el fin de producir mano de obra barata en un modelo extractivista y concentrador. Además el estudio denuncia los bajos niveles de inversión en Innovación y Desarrollo (I+D) que recaen exclusivamente en los magros presupuestos estatales, los abusivos costos de las telecomunicaciones, especialmente en los servicios de telefonía celular, fija y la conexión a Internet, la baja productividad laboral, la persistente discriminación de género y el reducido número de empleos como porcentaje de la población. Un panorama que la ciudadanía corrobora cotidianamente.

Lo complejo de este diagnóstico es que implícitamente se está indicando que para recuperar la “competitividad país” es necesario reducir la competitividad del sector financiero y del mercado de servicios privatizados y desregulados. En otras palabras, para volver a crecer Chile necesita más Estado, un mayor aporte fiscal de los privados y mayores regulaciones. Esta constatación se podría tolerar perfectamente en otras latitudes, pero para la mentalidad de nuestro empresariado sería como aceptar un oxímoron

El desafío que se presenta a Chile es extraordinariamente complejo. Proponer un proyecto de desarrollo nacional, aún desde la perspectiva capitalista más ortodoxa, es hoy más que nunca una idea antagónica, incompatible y enfrentada al proyecto de las élites nacionales, que apuestan a la riqueza rápida, fácil y depredadora. Por este tipo de constataciones creo que hoy no hay márgenes posibles para acuerdos de unidad nacional. Es hora de definiciones claras y distintas, que diferencien los proyectos políticos en curso. Pero ¿estará la Concertación en condiciones de comprender esta exigencia?

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