La moraleja del caso Otero es esta: independientemente del juicio que se tenga sobre el pasado y presente, el tema es altamente sensible para la elite y la opinión pública. Gran parte de la población tiene una opinión y un juicio formado sobre el pasado.
El ex embajador Miguel Otero abrió la dolorosa caja de Pandora del pasado. Todo parecía encaminarse hacia el futuro. De las 17 mil palabras pronunciadas por el presidente Piñera en su mensaje presidencial, destinó sólo 59 de ellas a las violaciones a los derechos humanos calificándolas como graves y comprometiéndose con avanzar “en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación entre los chilenos”.
Las declaraciones de Otero y posteriores reacciones políticas demuestran que el pasado sigue dividiendo tanto a la Alianza como a los propios chilenos. La Encuesta Nacional UDP (Octubre 2009) representativa del 70% de la población nacional demuestra esto con nitidez. Transcurridos 20 años desde el tránsito a la democracia, el 71,8% de los encuestados se mostró de acuerdo con la expresión “en 1973 no se justificaba violar los derechos humanos bajo ninguna circunstancia”, mientras solo el 16,6% de los entrevistados justificaron tales violaciones para “alcanzar la paz social”.
Otros dato de interés es que el 62,5% se mostró de acuerdo con la afirmación referida a que “las fuerzas armadas saben donde están los cuerpos de los desaparecidos pero no quieren entregar la información”. Asimismo, un 75,4% consideró que los civiles que participaron del gobierno militar también son responsables por las violaciones a los derechos humanos. Consistentemente, cerca de un 60% de los encuestados se muestra de acuerdo con la idea de seguir investigando hasta que se juzgue a todos los responsables.
Así, una abrumadora mayoría del país no justifica la violencia política de la dictadura y favorece crecientes nociones de justicia. No obstante, cabe advertir que existe una minoría consistente que aún justifica dichas violaciones (16,6%), que se muestra muy de acuerdo con la idea de dar vuelta la página y mirar hacia el futuro (20,7%) y que piensa que juzgar a los responsables por dichas violaciones “sólo ayuda a aumentar el odio entre los chilenos” (14,8% muy de acuerdo, 43,3% de acuerdo).
[cita]Ya muy pocos en nuestra sociedad se compran la interpretación que las violaciones a los derechos humanos fueron fruto de unos pocos militares de bajo rango como lo aseveró el propio embajador Otero.[/cita]
En este sentido, los mayores niveles de información sobre lo ocurrido después de 1973 parecen estar produciendo un mayor consenso social sobre lo injustificable que fue el abuso de poder en dicho período. Al minimizar el impacto de la dictadura (“la mayor parte de Chile no sintió la dictadura”), las declaraciones del embajador Otero gatillaron una respuesta que precisamente alude a este consenso político y social. Mayoritariamente la sociedad chilena no justifica las violaciones a los derechos humanos, incluso si el objetivo era alcanzar la paz social.
Donde sí existe una mayor división es acerca del mejor camino para resolver los juicios pendientes. Un importante segmento de los encuestados defiende la idea de continuarlos. Otro segmento reconoce que hubo abusos pero se inclina por cerrar los casos pendientes en la justicia. Un tercero y más minoritario grupo de encuestados justifica tales violaciones y observa los juicios como una simple revancha política. De este modo, parece ser que el procesamiento a militares no es mayoritariamente percibido como un proceso de ejercicio de derechos y educación democrática por todos los segmentos de la sociedad.
La moraleja del caso Otero es esta: independientemente del juicio que se tenga sobre el pasado y presente, el tema es altamente sensible para la elite y la opinión pública. Gran parte de la población tiene una opinión y un juicio formado sobre el pasado lo que queda graficado en que menos del 10% de los encuestados se ubica en la categoría no-sabe/no-responde. La mayoría de la población no justifica las violaciones pasadas y existe mayor división de opiniones sobre los caminos presentes y futuros para enfrentar el tema.
El hecho que muy pocos queden indiferentes sobre el tema le plantea un serio desafío al gobierno de Piñera. Primero, tendrá que ser muy cuidadoso con el tipo de política que implementará en este ámbito por cuanto existen posiciones claramente definidas en la sociedad. Es probable que una política contradictoria con la protección a los derechos humanos incentivaría críticas en una sociedad que ha producido un consenso social mayor en torno al tema.
En segundo lugar, deberá ser capaz neutralizar a los sectores pinochetistas que forman parte de la coalición y que—consciente o inconscientemente—harán todo lo posible por rescatar la obra del general Pinochet. Y existe un cada vez más extendido consenso social sobre el negativo impacto de Pinochet durante y después de su régimen. Ya muy pocos en nuestra sociedad se compran la interpretación que las violaciones a los derechos humanos fueron fruto de unos pocos militares de bajo rango como lo aseveró el propio embajador Otero. Un solo dato: el 76,1% de la muestra total (75% entre sectores ABC1) asevera estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “el general Pinochet siempre supo de las violaciones a los derechos humanos”. Socialmente Pinochet dejó de ser un héroe, o tal vez, nunca lo fue.
