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La política indígena de Sebastián Piñera

por 18 junio 2010

Un texto constitucional ambiguo no va a satisfacer esta demanda política, especialmente cuando ya se ha ratificado el Convenio 169, que establece de manera clara los derechos de los pueblos originarios y vías para el ejercicio de los mismos.

En la Corporación Proyectamérica hemos instalado un Taller de seguimiento de los anuncios y políticas gubernamentales en materia indígena, cuya última reunión estuvo centrada en la revisión de los anuncios del presidente Piñera con motivo del 21 de mayo, los que extendió la semana siguiente en la región de la Araucanía, dando así cumplimiento a una expectativa que el propio gobierno había creado en este ámbito.

Los anuncios de Piñera se pueden sintetizar en tres ámbitos claves: el político, en que se propone reactivar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; el institucional, en que recoge parcialmente las propuestas del gobierno de Bachelet de transformar a la CONADI en una Agencia de Desarrollo Indígena afincada en la capital, y en el ámbito de la política de tierras, en donde se proponen los principales cambios al desentenderse de los compromisos de compras con las comunidades y activar la modalidad del subsidio para ampliación de mini parcelas para familias, contemplado en la ley indígena y conocido como la modalidad establecida en el artículo 20 letra A de dicha ley.

Estos anuncios son la expresión de una reflexión de fondo en el núcleo gobernante, por lo que su análisis es particularmente relevante para entender hacia donde se dirige el Gobierno en la materia y detectar los principales focos de conflicto que estas opciones abrirán.

En el plano político, el anuncio del reconocimiento constitucional deja abiertas muchas preguntas. Desde luego, la primera de ellas se refiere al tenor que dicho reconocimiento va a adoptar. En efecto, la idea central del reconocimiento constitucional supone que los pueblos originarios son sujetos de derechos colectivos, y por lo tanto, para hacer de dicho reconocimiento una norma con efecto práctico, es necesario definir en la reforma -ya sea en la propia Constitución o en la ley- el alcance y las vías de ejercicio y reclamo de esos derechos. Un texto constitucional ambiguo no va a satisfacer esta demanda política, especialmente cuando ya se ha ratificado el Convenio 169, que establece de manera clara los derechos de los pueblos originarios y vías para el ejercicio de los mismos.

Un texto constitucional ambiguo no va a satisfacer esta demanda política, especialmente cuando ya se ha ratificado el Convenio 169, que establece de manera clara los derechos de los pueblos originarios y vías para el ejercicio de los mismos.

En tal sentido, es preocupante que en el discurso gubernamental no se encuentren referencias a dicho Convenio ni se valide un programa de implementación del mismo. En efecto, el reconocimiento constitucional debiera ser objeto de una segunda Consulta (se hizo una antes de la entrada en vigencia del Convenio) liderada por el Congreso Nacional, en donde los representantes de los diferentes pueblos originarios de Chile puedan participar en la construcción de un consenso de cuenta de sus aspiraciones.

En el plano de la reforma institucional, la propuesta recoge de manera parcial lo que ya había sido formulado e ingresado al Parlamento por la presidenta Bachelet. La transformación de la CONADI en una Agencia de Desarrollo Indígena es una necesidad impostergable, un paso completamente necesario para constituir un servicio público moderno y eficiente que administre de manera transparente los cuantiosos recursos de los diferentes fondos que maneja la corporación, en particular el Fondo de Tierras. La doble función de CONADI, en el sentido de representar a los pueblos y ejecutar políticas y presupuestos públicos, fue una mala arquitectura institucional que derivó en vicios y captura que deben tener término.

No obstante lo anterior, la transformación de CONADI en una Agencia dejará pendiente el tema de la necesaria representación nacional de los pueblos originarios, que en el contexto de la vigencia de Convenio 169 es una necesidad imperiosa. La propuesta de constituir un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, integrado por representantes elegidos democráticamente y que considere tanto funciones resolutivas como consultivas, es una necesidad de la nueva institucionalidad indígena, que el término de la CONADI hará impostergable. La propuesta de política indígena de Piñera no ve esta necesidad, a pesar de considerarla en su Programa de Gobierno. Este es un vacío demasiado relevante y por cierto no casual: coincide con la desaparición del Convenio 169: coincide con un reconocimiento constitucional licuado.

También es desalentadora la desaparición del Ministerio de Asuntos Indígenas en la propuesta institucional. Una Agencia de Desarrollo Indígena dependiente de MIDEPLAN o del Ministerio Social que se pretende crear, hace perder relevancia política al tema indígena, lo arrincona en la discusión presupuestaria y le hace perder interlocución al gobierno en su necesario dialogo político con las comunidades y dirigencia indígena. Un error que nuevamente terminará siendo pagado por algún ministro de La Moneda que deberá hacerse cargo cuando el conflicto desborde la precaria institucionalidad de Mideplan.

Finalmente, se plantea una reforma a la política de tierras que, sin embargo, no aborda el principal problema de dicha política, cual es establecer el límite temporal y físico al proceso de recuperación de tierras indígenas. Es cierto que la Concertación tampoco supo abordar este tema, pero al priorizar las compras a comunidades esta buscó privilegiar las demandas colectivas que se sostenían en títulos reconocidos por la ley y hacían referencia a territorios acotados. Dedicar el Fondo de Tierras a cubrir demandas de personas por ampliación de tierras puede significar abrir una puerta para reclamos infinitos, sin límites físicos ni temporales, basados sólo en una legitimidad de necesidad y no en títulos u ocupaciones ancestrales. Si lo que el gobierno busca es terminar con asignaciones arbitrarias de predios, compras especulativas o incentivos a la movilización de las comunidades, lo que debe hacer es mejorar el procedimiento de compra de tierras, mejorar la ley y buscar un acuerdo con las comunidades que permita acotar temporalmente el proceso de recuperación de tierras indígenas.

Dice el Gobierno que también desea impulsar la sostenibilidad y el desarrollo productivo de las tierras indígenas, para lo cual se formuló un plan de infraestructura básica y se busca potenciar el acceso de las comunidades y familias a los diferentes subsidios y programas de apoyo. Se espera que una reformulación del Plan Araucanía del Intendente Molina permita abordar con eficacia y sentido de urgencia esta tarea. Todos esperamos que así ocurra. Sin embargo, el gobierno debería revisar un conjunto de normas, leyes y reglamentos, que en la práctica dificultan enormemente el acceso de los indígenas al apoyo productivo y social del Estado. También debiera dar continuidad a proyectos emblemáticos que buscaban desarrollar nuevas modalidades de asociación entre las comunidades indígenas y las empresas productivas (forestales en particular), como es el caso de las comunidades de Temulemu, Didaico y Pantano y Forestal Mininco, proyecto que contaba con el apoyo del BID y del Ministerio de Hacienda y que desafortunadamente parece haberse paralizado con la asunción de las nuevas autoridades. En este campo hay mucho por hacer y podemos coincidir en que se trata de un aspecto clave de una política que busque el desarrollo integral de las comunidades, conforme a sus propios planes de vida y opciones culturales.

En definitiva los anuncios en materia indígena no representan grandes novedades, pero tienen la virtud de sacar al gobierno del inmovilismo recogiendo de manera parcial las políticas que venía impulsando la Concertación. El único cambio relevante, y probablemente el más conflictivo, se refiere a la política de tierras, donde ciertamente se abrirán distintos focos de problemas ya que para las comunidades indígenas, los compromisos de compras de tierras no son de un gobierno, sino del Estado y, como es natural, esperan continuidad y cumplimiento de la palabra empeñada.

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