De las cosas que critiqué al Gobierno Militar en su tiempo fue no haber modernizado y saneado el Poder Judicial, no haber privatizado el Banco del Estado y no haber hecho una real y buena reingeniería en la Universidad de Chile. Esas tres instituciones son grandes lastres tradicionales del progreso chileno.
Ayer un grupo de violentistas de izquierda (valga la redundancia) fue a pifiar a Sebastián Piñera a la Universidad de Chile, pero por las razones equivocadas.
En efecto, el Gobierno se propone hacer algo bueno y justo: poner en pie de igualdad (de aportes de recursos estatales y de exigencias) a todas las universidades del país. Y con ocasión de la asunción del rector Víctor Pérez por un segundo período, éste consideró oportuno cohonestar dicha violencia izquierdista protestando porque la fuerza pública ingresó al recinto para ponerle término (pese a que ésa es la misión de la fuerza pública) y criticando al Gobierno porque, dijo, «hay instituciones que aparecen en las páginas de negocios porque se compran y venden en cifras millonarias, y otras, en las págtinas judiciales, en estos días, por una gran negocio con becas. Pretender que las universidades con tradición son iguales a ese tipo de instituciones y, por tanto, iguales al ser consideradas por el Estado es impensable y supone una afrenta para nosotros».
Pocas veces he leído una frase más farisaica que ésa. Por supuesto que es impensable que la Universidad de Chile, dada su realidad actual, llegue alguna vez a valer «cifras millonarias», porque es un hoyo negro que absorbe recursos estatales sin tasa ni medida ni justificación desde hace muchos años, y se mantiene alejada de las más elementales normas de buena administración. Cuando su rector José Luis Federici intentó poner orden en ella, bajo el gobierno modernizador y rectificador, hace más de un cuarto de siglo, los intereses heridos que medraban del desorden general propio de ese monstruo burocrático lograron derrotarlo, en la que se llamó «revolución de los decanos». Tengo a mucha honra haber sido la única voz que pública y resueltamente defendió el intento rectificador de Federici.
Por supuesto, entonces, que ni soñarse puede que alguna vez alguien se interese por pagar «cifras millonarias» por un tonel sin fondo. Eso acusa una falta de criterios mínimos sobre valorización de entidades, sean éstas productoras de bienes o de servicios educacionales.
Pero donde el fariseísmo rectorial desborda todo límite es cuando alude a una universidad de izquierda que ha hecho su agosto con la simulación de «becas Valech» para cobrar millonarias sumas de manera indebida, pues la Universidad de Chile no hace mucho se prestó para lo mismo, simulando servicios para obtener pagos indebidos del Ministerio de Obras Públicas, como consta en los procesos llevados adelante por la ministra sumariante Gloria Ana Chévesich.
Si algo cabe observar respecto de los planes de gobierno para la educación superior es que no pongan énfasis en el principio de subsidiariedad, de acuerdo con el cual nada tiene que hacer el Estado en la educación superior, porque desde la revolución modernizadora de los años 80, cuando se liberó el acceso a esta actividad de una manera democrática y para todos los chilenos, se han fundado decenas de universidades que entregan, muchas de ellas, servicios educacionales de excelencia.
Lo que un gobieno realmente resuelto a velar por el bien común debería hacer es sanear al más breve plazo y con el máximo rigor la estructura administrativa y burocrática gigantesca en que se ha convertido la Universidad de Chile y licitarla para que ella sea adquirida por particulares aptos para la actividad de impartir educación superior. Y, después, destinar los ingentes recursos que así obtendría a ofrecer a las familias chilenas de pocos recursos becas para que libremente elijan la universidad a la cual deseen enviar a sus hijos, con todos los gastos de la respectiva enseñanza completamente pagados.
La quejumbrosa protesta del rector Pérez por lo que considera un atentado contra la majestad de las instituciones tradicionales de educación superior no es otra cosa que una disimulada defensa de intereses corporativos impresentables, que desde hace muchos años han ocultado un dispendio vergonzoso de recursos de todos los chilenos, recursos que mucho mejor servirían a quienes más los necesitan. Los años han pasado sin que ningún gobierno haya logrado ponerle el cascabel al gato de su incontrolada dilapidación.
