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Diez razones contra la anunciada modificación del PRMS de 1994

por 30 junio 2010

Los consejeros regionales tienen que entender que nos encontramos de frente a la oportunidad para dar un giro en la política urbana de nuestra ciudad.

En temas urbanísticos, la Concertación le dejó de herencia al nuevo gobierno de la Alianza por Chile un plan para clasificar 10 mil nuevas hectáreas para usos urbanos por aprobar. He aquí algunas de las razones que señalan que la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, cuya aprobación se vota este el miércoles  30 de junio en el Core Metropolitano, es un ejemplo más de la errática política urbana que la Concertación llevó adelante sin importar los resultados y los efectos nocivos sobre una ciudad a medio hacer, pero  colmada de conflictos funcionales, sociales y ambientales.

1. Se carece de protocolos y metodologías que normalicen el proceso de revisión, de modificación y actualización de los instrumentos de ordenamiento urbanísticos;

2. Falta una evaluación pormenorizada del remanente de superficie aún disponible de las 25 mil hectáreas de nuevo suelo para usos urbanos calificadas por el PRMS de 1994, que al 2010 debe situarse en alrededor de 6 mil hectáreas sin ocupación;

3. Según las Estimaciones de Población del INE,  entre 2010 y 2030 el área metropolitana crecerá en alrededor de 1 millón de habitantes. Si la densidad posible  es de 100 habitantes por hectárea, requerimos 10 mil hectáreas para contener este crecimiento, a la cual debemos restar las 6 mil hectáreas remanentes del anterior plan, requiriendo tan solo 4 mil nuevas hectáreas de suelo urbano;

Los consejeros regionales tienen que entender que nos encontramos de frente a la oportunidad para dar un giro en la política urbana de nuestra ciudad.

4. La emigración poblacional desde las comunas centrales hacia las comunas de Maipú, San Bernardo y Puente Alto, principalmente, incidiendo en el vaciamiento de las primeras desde los años 90 en adelante. Situación que promueve el aumento del número de viviendas vacantes, sin uso y el deterioro físico y social que ello trae aparejado;

5. Los cambios que ha experimentado el quehacer urbanístico puesto en práctica por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de los gobiernos de la Concertación han buscado dejar de lado el urbanismo tradicional asentado en la zonificación de los usos del suelo, propugnando un urbanismo por condiciones que busca resolver los  problemas operativos que presenta el primero y dar la máxima facilidad a los empresarios interesados en la producción del suelo urbano, cumpliendo una docena de condiciones en terrenos de 300 hectáreas;

6. Al menos tres de los cuatro sectores considerados para acoger el crecimiento urbano propugnado por la modificación del PRMS, presentan graves problemas relacionados con los riesgos naturales. Es así que Quilicura, Maipú y Lonquén presentan problemas relacionados con las inundaciones provocadas por las aguas lluvias invernales. Lonquén y Santa Rosa, por su parte, presentan problemas relacionados con la presencia de yacimientos de áridos en plena producción. A raíz de ello, la baja aptitud urbana de estos suelos clasificados para recibir los nuevos crecimientos metropolitanos requerirán de grandes inversiones para corregir esta situación;

7.   A los riesgos naturales debemos sumar el ningún tratamiento de los suelos altamente contaminados por los usos agrícolas, con químicos que observan una lenta degradación y exponiendo a la población al surgimiento de enfermedades de costosa medicación;

8. A la explosión poblacional de las comunas del sur de la ciudad que ha motivado inversiones privadas en equipamiento comercial y sanitario, principalmente, se une el deterioro de las comunas interiores que alojan extensas urbanizaciones sociales carentes de infraestructura y equipamiento;

9. Esta modificación no se inserta en una estrategia de desarrollo  regional acorde con el ordenamiento territorial, con las facilidades viales y con las oportunidades que presentan las localidades situadas extrarradio de Santiago; y

10. Esta modificación responde a una necesidad planteada por la industria inmobiliaria, más interesada en producir suelo urbano que en resolver el problema de vivienda, a causa de los altos réditos que generan los cambios de usos del suelo al adquirirse previamente los terrenos de nueva clasificación a precios agrícolas.

Los consejeros regionales tienen que entender que nos encontramos de frente a la oportunidad para dar un giro en la política urbana de nuestra ciudad, poniendo en cuestión esta modificación del PRMS y promoviendo un urbanismo que tenga presente el ordenamiento territorial de la región.

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