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La solidez institucional de Chile vista desde 8° básico

por 1 julio 2010

Es preocupante, también, que el estudio concluya que un 16% de nuestros alumnos de 8° básico no reconocen conceptos básicos del orden social, como la necesidad de obedecer la ley o la importancia de los derechos fundamentales.

Este martes el Ministerio de Educación entregó el primer informe sobre la participación de Chile en el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadanía, que midió los conocimientos de alumnos con un promedio de edad de 13 años, ubicándose Chile en el lugar 24 de los 36 países evaluados. Pese al exitismo de nuestro Ministerio por haber sido el país mejor evaluado de Latinoamérica-, es importante destacar algunos puntos centrales de este análisis.

Primero, es lamentable seguir constatando que los análisis desagregados de todas las mediciones educacionales revelen diferencias significativas de puntajes promedio de acuerdo a la dependencia del establecimiento educacional evaluado. Mientras que el promedio obtenido por alumnos de establecimientos municipales es de 460 puntos - igual al lugar 30° de la medición -, los colegios particulares pagados obtienen una media de 570, lo que equivale a estar al nivel de lo obtenido por Finlandia y Dinamarca, 1° y 2° lugar del estudio, respectivamente.

Es preocupante, también, que el estudio concluya que un 16% de nuestros alumnos de 8° básico no reconocen conceptos básicos del orden social, como la necesidad de obedecer la ley o la importancia de los derechos fundamentales.

Es preocupante, también, que el estudio concluya que un 16% de nuestros alumnos de 8° básico no reconocen conceptos básicos del orden social, como la necesidad de obedecer la ley o la importancia de los derechos fundamentales, y un 32% sólo alcancen un nivel suficiente en éstos, siendo que los contenidos evaluados en este examen internacional son parte de los objetivos del sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en Chile desde 2° básico en adelante.

En tercer lugar, y contradictoriamente con los datos anteriores, sorprende la confianza que tienen los profesores al ser evaluados sobre la seguridad con que enseñan educación cívica en sus establecimientos educacionales. Un 100% de los docentes está seguro de su capacidad de enseñar sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, y un 88% está seguro de sus conocimientos sobre la Constitución y los sistemas políticos, versus un 93% y un 62%, respectivamente, del promedio internacional de profesores.

Es un lugar común diagnosticar la causa del auge y desarrollo de nuestro país a finales del siglo XX en la solidez que alcanzaron nuestras instituciones políticas y económicas. La educación cívica, en esa misma línea, es un pilar clave para la comprensión de las bases de dicha institucionalidad, como la dignidad y respeto de la persona humana y sus derechos fundamentales, la importancia de la democracia y la igualdad ante la ley. Estos principios son el fundamento de un Estado de Derecho al cual nuestros ciudadanos adhieren, pero no comprenden, según desprendemos de este estudio internacional.

La importancia de las elecciones, la obediencia de la ley, el respeto a las sentencias judiciales y al derecho a la vida, o bien la constitucionalidad de una norma, se han convertido en temas sin relevancia para un porcentaje importante de nuestros ciudadanos y vuelven – por tanto – estériles para ellos un sinnúmero de debates públicos sobre la materia.

¿Qué hacer, entonces? Es fundamental potenciar la educación cívica como contenido transversal a la enseñanza de distintos sectores o áreas, en la enseñanza básica, y la profundización de su estudio en la enseñanza media. Que un 48% de los alumnos de 8° básico tengan una nula o baja formación cívica refleja la dificultad de nuestros profesores para fomentar el aprendizaje temprano de valores esenciales para la vida en sociedad, privilegiando en cambio el estudio repetitivo de los contenidos mayormente evaluados en pruebas como el SIMCE o la PSU.

Un país que con gran esfuerzo alcanzó un nivel de desarrollo y solidez institucional como Chile no puede enfrentarse a la falsa disyuntiva de aumentar su rendimiento en las ciencias exactas y la lengua castellana, en desmedro de la educación cívica de sus ciudadanos, y con ello, de la salud de la democracia y sus instituciones.

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