El pasado domingo 27 de junio, al interior de un furgón policial de Carabineros en Cabreros, perdió la vida el joven de 19 años Franco Coronado Cárdenas, tras ser detenido por efectivos policiales -cerca de las 19 horas- mientras participaba de una feria costumbrista junto a su familia y su pareja en dicha ciudad. De acuerdo a testigos, los funcionarios golpearon brutalmente al joven y luego lo arrojaron al interior del vehículo institucional, ocasionándole lesiones que son acreditadas por el informe de autopsia del Servicio Médico Legal de Los Ángeles, que estableció como causa de muerte un «traumatismo cráneo encefálico por golpe con o contra elemento contundente».
Seis son hasta ahora los funcionarios requeridos por el fiscal militar Carlos Pinto, a cargo de la investigación de estos hechos. El Prefecto de la Región del Biobío, coronel Pablo Sepúlveda, anunció que se iniciará un sumario interno, sin embargo, los autores de las lesiones que causaron la muerte del joven «mientras el fiscal militar no resuelva, no serán suspendidos de sus funciones», aseguró.
Hace un año atrás, la madrugada del 28 de junio de 2009, falleció también como consecuencia de una golpiza de carabineros en el estacionamiento del Bar Constitución del barrio Bellavista en Santiago, el joven arquitecto Mario Oviedo Aguilar. En los hechos se encuentran involucrados dos efectivos de la 19° Comisaría de Providencia. A pesar de las evidencias y testimonios de su participación en este crimen, los efectivos policiales tampoco han recibido a la fecha sanción alguna, ya que la investigación que sigue la justicia militar en este caso por el delito de violencia innecesaria con resultado de “lesiones graves”, sigue en estado de sumario. Los carabineros involucrados en este caso tampoco han sido amonestados por sus superiores, y siguen en servicio activo en las filas de la institución. Es más, familiares y amigos de Mario Oviedo denuncian que carabineros los vigilan e intimidan, al igual que lo hicieron con los guardias de seguridad del bar Constitución, en una actitud ilegal impropia de una institución pública. Lo anterior contrasta con lo acontecido mayo pasado cuando dos efectivos de la misma Comisaría involucrados en el robo de cajeros automáticos, fueron dados de baja de la institución. El mensaje que dan las autoridades policiales con su reacción frente a estos casos es claro: la propiedad vale más que la vida humana.
[cita]El mensaje que dan las autoridades policiales con su reacción frente a estos casos es claro: la propiedad vale más que la vida humana.[/cita]
La muerte de Mario Oviedo fue ampliamente cubierta, en su momento, por diversos medios de comunicación. Ello no es casualidad. Se trataba de un profesional, y de un hecho ocurrido en un conocido barrio de Santiago. No sucede lo mismo, lamentablemente, con muchos hechos de violencia policial que afectan a otros sectores de la población o que ocurren en otras partes del país, y que afectan a quienes no tienen acceso a los centros de poder o a los medios de comunicación. En efecto, a casi dos décadas del término de la dictadura, son comunes en Chile las situaciones de abuso, uso innecesario de la fuerza, y de brutalidad por parte de agentes policiales del Estado que resultan en la muerte, o en torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes de civiles, en particular de quienes pertenecen a los sectores más vulnerables del país, entre ellos indígenas, trabajadores, pobladores, y niños y niñas. De ellos, sin embargo, la prensa rara vez informa.
Una muestra de ello es la violencia policial que afecta a personas mapuche. Solo el año pasado (2009) 55 integrantes de este pueblo, muchos de ellos miembros de comunidades rurales, fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza policial. En un operativo policial ocurrido en la Araucanía en agosto pasado falleció como consecuencia del disparo de un carabinero que impactó su espalda el joven mapuche Jaime Mendoza Collio. Con él son tres las víctimas fatales mapuche como consecuencia del actuar abusivo de las fuerzas policiales. Otros casos de gravedad ocurridos el 2009 incluyeron el disparo de balines, gases lacrimógenos, golpizas, secuestro en un helicóptero, todos imputables también a carabineros, que afectaron a niños mapuche en la Araucanía. Al igual que en el caso de Mario Oviedo, los efectivos policiales involucrados en estos hechos siguen en servicio activo. Tampoco han ido a la cárcel por los delitos que han cometido.
El actuar policial abusivo en nuestro país, a pesar de resultar aberrante para un estado democrático de derecho y de violar los derechos humanos más esenciales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile, persiste como consecuencia de un conjunto de factores. El primero de ellos es la tolerancia de las autoridades civiles de las que dependen las fuerzas policiales. Imbuidas del discurso de “mano dura” y “tolerancia cero” frente a la delincuencia que han sido instalados por los sectores más reaccionarios del país, las autoridades encargadas de la seguridad pública han desoído sistemáticamente los reclamos de las personas afectadas o de sus familiares frente a los hechos de violencia policial. Tales autoridades rara vez han instado, además, por el desarrollo de investigaciones o la adopción de sanciones internas frente a estos hechos delictivos. Menos aún han iniciado o se han hecho parte de acciones judiciales tendientes a su investigación y sanción. Como sabemos, el discurso de la “mano dura” frente a la delincuencia es el que orienta el accionar del gobierno de Piñera en la materia, por lo que lamentablemente no se avizoran cambios en la complicidad del Estado con el actuar delictivo de las policías bajo su mandato.
Otro hecho que resulta determinante en esta realidad es la persistencia de la competencia de la justicia militar para conocer de los delitos cometidos por efectivos policiales en contra de la población civil. Dicha justicia, como sabemos, carece de la imparcialidad necesaria para juzgar tales delitos, y por lo mismo, no garantiza el derecho a un debido proceso. La necesidad de que el Estado chileno reforme el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar, ha sido representada al Estado chileno por diversas instancias de derechos humanos, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Palamara Ibarne v. Chile (2005), el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2007), y más recientemente (2009), el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, también de la ONU. A pesar de ello, dicha reforma no se ha materializado a la fecha.
Otro factor que resulta determinante en la persistencia del actuar abusivo de la policía es la indiferencia de la población frente a esta grave realidad. En efecto, hechos como el ocurrido a Mario Oviedo no parecen generar preocupación en la sociedad. La ciudadanía no parece tener conciencia que las fuerzas policiales no solo están para garantizar el orden público, sino fundamentalmente proteger a quienes integramos este país. Para generar tal conciencia diversos organismos de derechos humanos impulsamos el 2008 la campaña Alto Ahí visibilizando, a través de distintos medios (www.altoahi.cl), la situación de violencia policial que afecta a la población civil e instando a la introducción de reformas políticas y jurídicas para poner término a ella.
Tal situación contrasta marcadamente con la conciencia existente sobre la materia en otros contextos. El ejemplo de Argentina, es relevante, no solo por su cercanía geográfica, sino también por su actualidad. Frente al asesinato a manos de la policía de un menor de 15 años ocurrido este mes en la sureña ciudad de Bariloche, la población que allí habita reaccionó con tal fuerza, que la policía no solo dio de baja y envió a la justicia ordinaria a los efectivos implicados, sino que debió cerrar el cuartel que estos integraban. La conmoción que este hecho – así como la muerte de dos personas más en días posteriores en el contexto de la protesta social generada por estos hechos – han provocado, han llevado a diversos órganos públicos, incluyendo el ejecutivo y el legislativo federal en Buenos Aires, a intervenir para exigir su investigación y sanción y para revisar el actuar policial a fin de impedir que estos hechos vuelvan a ocurrir.
Mientras el Estado chileno mantenga su pasividad frente a esta realidad y tolere el uso abusivo de la fuerza pública en contra de la población civil, so pretexto de mantener el orden público y combatir la delincuencia, mientras siga desatendiendo los compromisos asumidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, así como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de diversos órganos de la ONU en esta materia, crímenes tan repudiables como los de Mario Oviedo y Franco Coronado seguirán ocurriendo.
Lo mismo sucederá si los chilenos no tomamos conciencia de nuestros derechos y de que las policías, más allá de garantizar el orden público, están esencialmente para protegernos y no para agredirnos, y mientras no nos indignemos y movilicemos para exigir justicia cuando ellas estén involucradas en actos delictivos.
