La parodia de Kramer sobre el Presidente el pasado domingo abre varias aristas de debate. La primera y más bullada se asocia con la protección de la “estatura presidencial”. Al respecto, tendríamos que acotar que si de cuidar dicha imagen se trata, entonces los que protestaron también debieran haberse referido a la parodia que se hizo de la Presidenta en actitudes insinuantes con el entrenador Bielsa caracterizado por el mismo humorista.
Así, la primera discusión dice relación con la libertad de expresión en una sociedad democrática. En otros términos ¿Qué institución es la encargada de dirimir cuándo se ve afectada la honra de una persona, sea Presidente, ex Presidenta, o un ciudadano cualquiera? Hace mucho tiempo que los estados democráticos han optado por garantizar la libertad de expresión, reservando el derecho de los que se sienten afectados en su honra de reclamar ante los tribunales.
Pero el caso abre dos aristas adicionales que son sin duda más delicadas en el contexto político actual. Una dice relación con el modelo de televisión pública autónoma y autofinanciada que es tan particular de nuestro país. Al cuestionarse desde la coalición de gobierno a uno de los rostros principales de TVN se está interviniendo directamente en la autonomía del canal.
[cita]Al cuestionarse desde la coalición de gobierno a uno de los rostros principales de TVN se está interviniendo directamente en la autonomía del canal.[/cita]
Desde el gobierno no se ha desmentido lo informado por la prensa respecto a que la UDI y la ministra Ena von Baer: “habían hecho sentir su malestar al presidente del Directorio, Leonidas Montes, quien argumentó no haber sido escuchado al interior del canal” (La Tercera 08.07.2010).
¿Es aceptable que un partido de gobierno se comunique con una autoridad del canal para intentar incidir en la agenda editorial de tal corporación “autónoma”? ¿Es aceptable que el Presidente del Directorio escuche a dicho partido e intente incidir en los contenidos de programación sin expresar dicho parecer frente al directorio? De ser verídica la información, se estaría poniendo en entredicho la autonomía de un canal que dice ser autónomo.
La siguiente cuestión alude a los conflictos de intereses del actual dueño de Chilevisión e, incidentalmente, Presidente de la República. La polémica surge en un delicado momento político para TVN. Se encuentra en discusión la venta de Chilevisión, la designación del nuevo director Ejecutivo de TVN, el proyecto de ley asociado a la televisión digital y, para complicar todavía más el escenario, uno de los principales rostros de TVN (Kramer) se encuentra renegociando su contrato con el canal público. Como TVN es una empresa que depende de sus rostros, la eventual salida de Kramer podría afectar directamente el hasta el momento exitoso modelo de negocios de dicho canal.
Lo anterior implica que acciones del gobierno que afecten la imagen de este canal público podrían llegar a impactar directamente las ganancias de otros canales. Supongamos por un momento que Kramer deja el canal y acepta una generosa oferta que le hace, por ejemplo, Chilevisión. Supongamos además que en el Congreso se aprueba una normativa de TV digital que favorece a los canales privados en detrimento de TVN.
Dado que el actual Presidente es el dueño de un canal de TV privado, quiéralo o no, ya se desencadenó un evidente conflicto de intereses. Si las acciones del gobierno perjudican el “negocio” y “rentabilidad” de TVN, se estaría favoreciendo evidentemente a su competencia. Entonces, el affair Kramer no se relaciona solo con el supuesto descrédito a la imagen presidencial. El problema para el gobierno es de respecto de la autonomía de un canal que se dice autónomo y de conflicto de intereses. Lo que pierda TVN lo ganarán otros canales, incluyendo el hasta ahora canal del Presidente. Y esto último no es chiste.
