Arrate tiene toda la razón. El ex ministro y candidato presidencial de la izquierda chilena está obsesionado por la manera en que los bancos esquilman a los consumidores. No es el único. Alejandro Yañez, el legendario ex presidente de la FEUT, viene alegando lo mismo desde hace años, con razones aún más concretas. Este autor usualmente los escucha con paciencia y regresa a sus propias obsesiones: como las mineras esquilman a Chile y las AFP a los trabajadores. Las primeras son ciertamente insuperables en la materia, puesto que nos vienen birlando un promedio de quince mil millones de dólares anuales entre el 2005 y el 2009. Las segundas no lo hacen mal, puesto que se embuchan seis mil millones de dólares por año, que es el valor de las cotizaciones obligatorias, cifra que equivale como se sabe, a un 13 por ciento de los salarios. Sin embargo, los bancos se están pasando: según El Mercurio del 13 de julio del 2010, las personas deben destinar al servicio de su deuda ¡un 19,3 por ciento de sus ingresos disponibles!
Está claro que el servicio de las deudas incluye devolución del dinero prestado además de los intereses. Sin embargo, estos últimos son usurarios: la tasa máxima convencional es superior al 50 por ciento anual y cualquiera sabe que las tarjetas de crédito, líneas de sobregiro y casas comerciales, cobran tasas por encima de 30 por ciento anual. De este modo, lo propiamente esquilmado probablemente anda por ahí con lo que se llevan las AFP – las cuales por lo demás pertenecen asimismo a los bancos.
El reportaje citado, de la periodista Lina Castañeda, cita el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre de 2010, un análisis del Banco Central que muestra que la tasa de crecimiento promedio de la deuda total de los hogares fue de 12,8% anual en 2000-2009 (incluida deuda bancaria, casas comerciales, cajas de compensación y otros).
Sólo las deudas de consumo anotaron tasas de crecimiento promedio de 14% y las hipotecarias de 12% real en igual período, muy por sobre el crecimiento de la economía que alcanzó un 3,6% promedio.
El nivel de endeudamiento va de la mano de las expectativas de los consumidores sobre el futuro de la economía. El año pasado, debido al efecto de la crisis financiera global, en Chile la deuda de consumo aumentó sólo en 0,5%, mientras que la deuda hipotecaria subió apenas 7%, señala la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).
La deuda de consumo más la hipotecaria como proporción del ingreso disponible se redujo desde 64,3 a 62,8% en 2009. Eso significa que en promedio, los chilenos deben 7,5 meses de ingresos.
A su vez, lo que los hogares deben desembolsar para hacer frente a sus obligaciones (carga financiera), disminuyó desde 21,5% a 19,3%. Así, de cada $100 de ingreso, las familias dedican $19 a pago mensual de deudas.
Como ocurre casi siempre, los de abajo están aún peor. Por quintiles de ingreso, el monto destinado al pago de deudas alcanza su mayor valor en el primer quintil de menores ingresos, el cual destina el 25% de su ingreso disponible a este propósito. En los demás quintiles, el porcentaje se reduce y fluctúa entre 17% y 18%.
Del mismo modo, la razón entre deuda e ingreso que tiene el quinto quintil de mayores ingresos en el país alcanza al 46 por ciento, muy por debajo del promedio. Eso significa que los de menores ingresos deben todavía muchísimo más.
Esto es usura pura y dura. Los créditos a personas son de una naturaleza completamente diferente a los créditos a empresas. Los últimos son una manera en que los bancos participan en los negocios que generan sus deudores y se quedan con parte de las ganancias obtenidas en los mismos. Si se quiere, allí hay creación de valor, aunque por cierto aquel sale de las manos de los trabajadores y no de las asentaderas de los banqueros y tampoco de los industriales o comerciantes a los que prestan estos dineros. Sin embargo, por último, el dinero así prestado cumple un objetivo social.
Los créditos a las personas no tienen otro objetivo que aprovecharse de las necesidades de la gente común y corriente, para terminar quedándose con una parte muy significativa de sus ingresos. La Iglesia Católica prohibía estrictamente este tipo de actividades. No estaba muy equivocada.
A lo menos, el Estado debería hacer lo suyo y ponerle un tope razonable a lo que cobran los bancos. La reforma a los bancos que está promulgando el Presidente Obama en estos mismos días, contiene provisiones muy importantes a este respecto. En en ese país, los bancos no pueden subir arbitrariamente los intereses que ofrecen cuando colocan una tarjeta de crédito, por ejemplo. La nueva ley establece una superintendencia dedicada exclusivamente a proteger a los consumidores de este tipo de abusos. Y en ese país estas cosas se las toman bastante en serio. En Chile, por ahora, hacen lo que se les viene en gana.
¡Sigan peleando, compañeros Arrate y Yáñez!
