La sociedad toda espera ese “sacrificio”, el que cumplan con su función, como hicieron los muchachos de Tabárez, aunque entre los legisladores nacionales no exista nadie que se parezca en lo más mínimo a Diego Forlán.
Mientras se jugaba el mundial en Sudáfrica, Uruguay hacia historia por dos situaciones muy distintas. Por un lado, en África Uruguay se clasificaba entre los cuatro mejores equipos del mundo; por otro, en una cárcel de un Departamento del Interior morían calcinadas 12 personas encerradas por orden y cuenta del Estado. Esas personas estaban privadas de libertad y no pudieron escapar a las llamas del fuego, que se pudo producir por cualquier motivo, porque eso no es lo relevante. Tampoco es relevante que los partidos de la oposición -que gobernaron alternativamente durante toda la vida republicana del Uruguay- ahora exijan la individualización de responsables al gobierno.
No se puede ser tan mezquino de lucrar con la muerte de las personas para sacar réditos políticos, cuando sus diputados y senadores nada hicieron y nada hacen para reformar los códigos penales pensados y sancionados en sendas dictaduras (1934 y 1980). Ambos códigos tienen un espíritu autoritario y caduco, propio de regímenes totalitarios (si bien, un poco maquillados). El sistema penal hecho a imagen y semejanza del Código fascista italiano de 1930 exacerba la función pública y anuncian penas a quienes osen “desacatar” la orden funcionarial (aunque fuere la de un inspector de tránsito que abusa de su función), o exoneran ex ante a los jueces de la posibilidad del ejercicio ilegal de su función (por inexistencia del delito de prevaricación del juez). El sistema procesal penal uruguayo es el último bastión de la inquisición que permanece vigente en TODA Latinoamérica (justo en Uruguay, que es un Estado laico por definición).
[cita]La sociedad toda espera ese “sacrificio”, el que cumplan con su función, como hicieron los muchachos de Tabárez, aunque entre los legisladores nacionales no exista nadie que se parezca en lo más mínimo a Diego Forlán.[/cita]
No hace falta agregar nada más, porque todos sabemos que Uruguay es un país preocupado por tener el mejor sistema procesal civil y buenas salas de audiencias para cómodas y rápidas audiencias orales, para resolver cuestiones entre privados (mucho más expedito si se trata de empresas). Todo eso no existe en el sistema penal, un sistema para resolver los más graves problemas sociales al que hasta solo un par de años atrás ingresaban solo los pobres y marginales. Y esos son los que mueren luego calcinados, o apuñalados, o “cortados”, o hacinados en las superpobladas cárceles uruguayas. Los ricos, cuando van a prisión generalmente están en cómodas instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad de Montevideo o cumplen (por diversos motivos humanitarios) prisión domiciliaria. Los pobres, si intentan escapar de su encierro seguramente reciban una muerte más rápida que proviene del fusil empuñado por un militar que impedirá su fuga y cumplirá de ese modo con su deber.
En este sistema perverso, lo relevante no es si el Ministro del Interior de turno, porque a él los uruguayos exigimos se encargue de la “resocialización” de los privados de libertad, es responsable por la muerte de 12 personas en un establecimiento carcelario. Lo que importa es que posiblemente esos 12 muertos eran personas inocentes que cumplían preventivamente “prisión preventiva” en espera de un juicio justo (porque el sistema procesal penal uruguayo es escrito, secreto, lento y procesa con prisión para luego averiguar si la persona es culpable). Lo relevante es que algunos de los muertos estaban condenados por consumir drogas, cuando deberían estar en un establecimiento de recuperación de su adicción.
Los otros, seguramente purgaban penas por delitos menores, como robar una garrafa de gas en un camping de La Paloma o una moto estacionada en la Plaza Lapeyre de Rocha. Lo relevante es que había muchos más “presos” que celdas disponibles (¿y gabinetes higiénicos, y médicos, y medicinas, y educadores?). Lo relevante es que estos políticos (y la prensa afín a determinados intereses, que no son los intereses de los reclusos pobres que mueren calcinados) que hoy alzan la voz para condenar la “barbarie” no ven la barbarie del sistema penal uruguayo, que solo ellos tienen la potestad de cambiar. Los legisladores tienen dos proyectos de ley, para terminar con este sistema penal inhumano y crear un proceso penal democrático, que “duermen” en el Parlamento y ni siquiera han empezado a discutir la necesidad política de la reforma (mucho menos su contenido). A esos políticos (expresión que en realidad quiero aplicar principalmente para los legisladores) no solo hay que responsabilizarlos de las doce muertes de la cárcel de Rocha, sino de todo un sistema que viola las garantías de los ciudadanos en forma continuada, a diario y, cada vez más, sin excepciones. A esos políticos no les importa pagar las multas por responsabilidad internacional del Estado Uruguayo, porque su proceso penal lesiona la Convención Americana de Derechos Humanos. Esos políticos han sancionado en los últimos tiempos solo una nueva ley de cárceles, demostrando cuáles son sus intereses y condenando a toda la sociedad uruguaya a permanecer sometida a un sistema penal que no merece.
El gobierno anterior pensó que aunque no estuvieran dadas las condiciones para una reforma del sistema penal, al menos podría incluir en las lesiones a las garantías de los justiciables también a ricos, poderosos e “intocables”, en una suerte de mal ejercicio del principio de igualdad, que en lugar de proteger los derechos de todos, los viola por igual. Pero recuérdese una cosa, este proceso penal viene de la dictadura y ningún gobierno de derecho (fuera colorado o blanco) hizo el más mínimo esfuerzo normativo o fáctico para cambiar las reglas del juego impuestas por un gobierno de facto.
El Uruguay ha demostrado que no sabe encontrar el bien común si no se le ofrecen sacrificios y esfuerzos individuales superlativos, como lo hecho por el Maestro Tabárez y Diego Forlán en Sudáfrica. Ellos fueron los artífices de un grupo humano homogéneo, luchador, solidario, combativo, soñador, realista, ganador, feliz, esperanzado, un proyecto para ganar más y mejores cosas en el futuro bien próximo. La sociedad uruguaya ha reaccionado rápidamente ante este éxito moral (¡jamás se había festejado tanto un cuarto puesto!). Pero la sociedad toda ha reaccionado para valorar el esfuerzo y la entrega de algunos de sus miembros (sin exigir nada más) y eso es lo que importa y, desde un punto de vista sociológico, vale la pena destacar.
Todo indica que si se produce algún cambio en la sociedad uruguaya relacionado con el bien común (menos Estado, menos funcionarios públicos, mayor inversión pública-privada, menos burro-cracia, menos amiguismo, menos hipocresía, menos dogmatismo, menos estatismo, menos impunidad, menos revanchismo enmascarado en la protección de los derechos humanos, más salud, más educación, mayores oportunidades para desarrollar la investigación en Uruguay, más solidaridad, más inversión en el deporte) tendrá que provenir del solitario y denodado esfuerzo del Presidente de la República, Don José “pepe” Mujica. Ahora y de aquí en más, sólo falta que la sociedad uruguaya reaccione positivamente al esfuerzo desinteresado de su Presidente y haga algo para construir un grupo humano con similares características a las que tiene el grupo del “maestro” Tabárez. Un primer paso en esa dirección podría y debería ser dado por los legisladores que tienen a esta altura el deber moral de reformar el sistema procesal penal. La sociedad toda espera ese “sacrificio”, el que cumplan con su función, como hicieron los muchachos de Tabárez, aunque entre los legisladores nacionales no exista nadie que se parezca en lo más mínimo a Diego Forlán.
