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Piñera y los conflictos de interés: de lo legal a lo político

por 20 julio 2010

Piñera y los conflictos de interés: de lo legal a lo político
Piñera ha roto lo que parecía un amplio consenso -debidamente sostenido por normas legales- sobre la separación entre política y negocios, y puesto un escenario en el cual los negocios parecen administrar directamente el Estado, sin que ello tenga consecuencias legales negativas. Lo que a vista de muchos más parece un sinceramiento real de los hechos que otra cosa.

El dictamen de la Contraloría General de la República respecto de un eventual conflicto de interés del Presidente de la República por la designación de ejecutivos de TVN y del Consejo Nacional de Televisión siendo accionista mayoritario de Bancard Inversiones Limitada, empresa que a su vez es accionista mayoritario de Red de Televisión Chilevisión S.A., desplazó el tema derechamente al ámbito de las soluciones políticas y al Congreso Nacional.

Habría sido deseable que la Contraloría hubiera profundizado y detallado más su argumentación. Tanto por las implicaciones que este dictamen tiene en relación al que por causas similares emitió sobre el Subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, como por su significación para la calificación de la función pública y el acto administrativo en el ejercicio del cargo presidencial.

Con todo, es evidente que tampoco la Contraloría tenía opciones muy diferentes a las adoptadas, si se está de acuerdo con la ausencia de una norma legal explícita que determine lo que está obligado a hacer quien asume el cargo de Presidente de la República respecto de sus bienes.

No hay reglas para hacer funcionar el principio, excepto la normativa general vigente para los empleados públicos en materia de probidad, que no alcanza para solucionar lo relativo a las competencias presidenciales en el caso de TVN y el CNTV.

El documento señala que de acuerdo a la reforma constitucional  publicada en enero de este año, tanto el Presidente de la República, como los ministros, diputados, senadores y otros funcionarios, deberán declarar sus intereses y patrimonio. Y disponer de ellos - incluida su venta en casos calificados- , cuando supongan conflicto de interés en el ejercicio de su cargo, todo reglado bajo una ley orgánica constitucional que, agrega “…no ha sido aún dictada.”

Por tanto, no hay reglas para hacer funcionar el principio, excepto la normativa general vigente para los empleados públicos en materia de probidad, que no alcanza para solucionar lo relativo a las competencias presidenciales en el caso de TVN y el CNTV.

Sobre lo general, es el Congreso el que debe pronunciarse con la ley constitucional respectiva. Sobre lo particular, siguiendo la argumentación del caso a caso, la responsabilidad por las transgresiones “… en cuanto impliquen al Presidente de la República, corresponde que sea definida por los organismos constitucionales competentes y conforme con los procedimientos establecidos al efecto, según lo disponen los artículos 52, N° 2), letra a), y 53, N° 1), de la Constitución Política.”  Es decir, acusación constitucional.

Así, lentamente, pero con fuerza, se confirma la predicción de aliados y opositores sobre el gobierno de Sebastián Piñera: que los conflictos de interés serían tema central de la agenda pública. Vaticinio formulado ya en la campaña presidencial del año 2006.

Toda crisis es una oportunidad

El Presidente Sebastián Piñera se ha declarado dolido por las dudas y críticas que provienen desde su propio sector respecto a la tardanza en desprenderse  de sus negocios que hacen ruido en la política. Especialmente la propiedad de ChileVisión que originó el Dictamen de la Contraloría. Su entorno comunicacional, en especial la vocera Ena Von Baer, cada cierto tiempo responde duramente sobre el tema, haciendo hincapié en que no existen normas legales que lo obliguen. La Contraloría, en general, le ha dado la razón.

Pero en estricto rigor, este no es un tema legal sino político, que lleva más de cuatro años de antigüedad, dos campañas presidenciales, y la percepción de que hay un abuso en el tema. Todo ello sin que se mueva un milímetro en la institucionalidad del Estado chileno, por lo que no todo es imputable al actual Presidente. Es decir no ha habido voluntad política transversal para hacerlo.

No existe ley de fideicomiso ciego y tampoco expectativas de una ley orgánica constitucional que ordene los vacíos existentes en la materia. Por lo mismo, el tema en realidad no parece preocuparle mucho al  Presidente.

Él  ha tenido un éxito político notable. Ha roto lo que parecía un amplio consenso -debidamente sostenido por normas legales- sobre la separación entre política y negocios, y puesto un escenario en el cual los negocios parecen administrar directamente el Estado, sin que ello tenga consecuencias legales negativas. Lo que a vista de muchos más parece un sinceramiento real de los hechos que otra cosa.

Si el Presidente, fuera de dolerse de las críticas de amigos y opositores, no las toma en cuenta, y sigue administrando el país con entera tranquilidad y nombrando gerentes y gestores de todo tipo, es porque, por una parte parece haber percibido la esterilidad de la oposición en este campo y, por otra, porque al parecer su aspiración no es necesariamente no tener conflictos sino, a lo mejor, tener uno y fuerte que le permita cambiar el eje de poder en su coalición y reordenar institucionalmente al país.

En ese sentido, sería absurdo, como el mismo lo ha reconocido, creer que es la ambición del éxito económico y el crecimiento lo que guía su gobierno. Más convocante parece ser instalarse como un factor de poder político más permanente en el país, que trascienda la corta temporalidad de este gobierno.

Se trata, entonces, más de una disputa política que legal. Y de un juego de poder y no de eficiencia y gestión, aunque estos principios ayudan a gobernar el día a día de la agenda gubernamental, la que no está atada a un relato programático sino a metas y objetivos políticos. Y en ese escenario, los dictámenes de la Contraloría no solo le han dado razones legales para persistir, sino además han construido la posibilidad de un itinerario de crisis que puede ser una oportunidad para el proyecto personal de Sebastián Piñera.

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