Como lo propios alcaldes advierten, una de las consecuencias más duras de esta medida es que instala una nueva forma de discriminación para los niños y niñas más pobres.
Hace unos días un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana se negó a implementar la medida de los “semáforos” impulsada por el Ministerio de Educación, con la cual se busca caracterizar a las escuelas con los colores del semáforo de acuerdo a su rendimiento Simce, aduciendo la necesidad de facilitar el acceso a la información de los padres y con ello, mejorar la calidad de la educación a la que los niños pueden acceder.
Si bien el acceso a la información supone más y mejores capacidades para las personas para tomar decisiones, en este caso la medida es insuficiente. El supuesto de que más información para los padres puede influir en la “elección” del establecimiento donde estudiarán sus hijos, esconde no sólo un desconocimiento de la realidad de quienes acceden a una mala educación, sino también devela la orientación ideológica de las nuevas autoridades, que buscan aplicar las “recetas” del mercado para problemas que evidentemente no se resuelven con sus lógicas.
[cita]Como lo propios alcaldes advierten, una de las consecuencias más duras de esta medida es que instala una nueva forma de discriminación para los niños y niñas más pobres.[/cita]
Y aunque no debiera ser necesario, conviene recordarle al Ministro Lavín que la posibilidad de elegir donde estudian los hijos es un privilegio de pocos. De esos pocos que, justamente, no tienen el problema angustiante de la calidad de la educación de sus hijos. El resto de las familias, es decir la gran mayoría, ya está enterada de que las posibilidades de que sus hijos e hijas accedan a una educación de calidad están restringidas, pero los siguen inscribiendo allí no por criterios de calidad, sino más bien porque no tienen otras opciones disponibles.
Esa posibilidad, para quienes tienen menos recursos, no la provee ni la proveerá el mercado. Y no basta que los padres tengan mejor información para que sus hijos accedan a mejor educación. Es evidente que ante estas distorsiones, es el Estado quien debe abordar el problema con decisión y eficiencia.
Así, las promesas del sello verde, el incentivo a la competencia, los liceos de excelencia no sólo simplifican y reducen un problema estructural que es amplio y complejo, sino que ahondan y validan la vergonzante inequidad de nuestro país.
Aún más, según nuestros estudios, chilenas y chilenos nos reconocemos como un país discriminador. El 92% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Chile es una país discriminador”, y un 37% piensa que la principal causa de discriminación es la pobreza.
La educación es, por excelencia, la herramienta para combatir la discriminación, no sólo porque permite generar una sociedad de iguales oportunidades, sino también porque instala los valores y las prácticas que sostienen una sociedad tolerante y respetuosa.
Como lo propios alcaldes advierten, una de las consecuencias más duras de esta medida es que instala una nueva forma de discriminación para los niños y niñas más pobres. Con ella, no será extraño que en el futuro cercano cuando los jóvenes busquen trabajo, ya no solo tendrán que ocultar el lugar donde viven sino también el “color” de la escuela en la que estudiaron.
