Miércoles, 7 de diciembre de 2016Actualizado a las 17:29

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CASEN 2009: mala noticia y desafío

La vulnerabilidad que muestra la población en situación de pobreza a los ciclos económicos, exige un compromiso de largo plazo por parte del Estado para seguir profundizando la red de protección social.

Si la estrategia del gobierno actual es simplificar al máximo la lectura y comunicación en torno a los resultados de la Casen 2009, entonces, no queda más que informar que ésta verifica un lamentable aumento de la pobreza en 1,4 puntos porcentuales entre el 2006 y el 2009 y  un aumento de la brecha económica que separa a ricos y pobres.

Pero, todos sabemos que el problema es bastante  más complejo, lo cual exige partir por lo más básico: que Sebastián Piñera entienda que desde el 11 de marzo es el Presidente de Chile, es decir, ya no es el líder de la oposición, y, por tanto, lo que los chilenos y chilenas esperan de su Gobierno es que frente a desafíos de envergadura, sepa ponderar lo logrado como país, perfeccionar los instrumentos existentes y  proponer nuevos caminos para seguir avanzando hacia la meta del desarrollo integral. Esto supone simultáneamente, profundización democrática, crecimiento económico, erradicación de la pobreza, equidad social y mejoramiento de la calidad de vida. Poco o nada de eso se escuchó en  la presentación de dicha encuesta.

La vulnerabilidad que muestra la población en situación de pobreza a los ciclos económicos, exige un compromiso de largo plazo por parte del Estado para seguir profundizando la red de protección social.

Zanjado este punto, sería muy provechoso contextualizar dichos resultados, lo que no debería ocupar mucho tiempo ya que los datos son conocidos. Prácticamente toda la población mundial sufrió los rigores de una gran crisis económica, cuyos signos más evidentes se comenzaron a observar a partir del segundo semestre de 2008 y durante todo el año 2009. Baste señalar que, de acuerdo con informes del Banco Mundial,  60 millones de personas  cayeron en situación de pobreza durante 2009 (ya 100 millones lo habían hecho el año anterior a causa de la crisis alimentaria mundial) y, como lo señala la OIT,  más de 34 millones personas a nivel mundial perdieron su empleo por causa de la crisis. Asimismo, no está de más recordar que su origen obedece a los excesos cometidos por grandes compañías norteamericanas e internacionales, con un alto grado de responsabilidad del  gobierno de los EE.UU., que subestimó la importancia de regular los mercados financieros para evitar que la especulación y el afán de lucro desmedido dañaran a la economía real.

Chile, al igual que el resto de las economías del mundo, con la notable excepción de China, experimentó  fuertes caídas en sus tasas de crecimiento económico y aumentos del desempleo, lo cual  se recoge en los resultados de la Encuesta Casen. A este desfavorable escenario, se sumó el aumento de los precios, principalmente alimentos, elevándose  el costo per cápita de la canasta familiar que se usa para establecer la línea de  pobreza en un 36%. Es decir, el estándar de la medición se elevó sustantivamente como consecuencia de la crisis económica, lo que golpeó directamente en los niveles de pobreza.

Por su parte,  el examen pormenorizado de la CASEN 2009 muestra que las pérdidas sufridas por la gran mayoría de los hogares en cuanto a sus ingresos autónomos, fueron compensadas con las transferencias del Estado. Asimismo, de no haberse aplicado políticas públicas contracíclicas y de no contarse con políticas sociales que se traducen en prestaciones específicas para las familias y personas, se habría experimentado un mayor deterioro social.

Pero lógicamente no basta con registrar y lamentar lo ocurrido y valorar los dispositivos sociales que atenuaron los efectos de la crisis. Lo relevante es convertir esta situación  en un  desafío a asumir como país, para lo cual proponemos dos acuerdos básicos.

Primero, reconocer que la vulnerabilidad que muestra la población en situación de pobreza a los ciclos económicos, exige un compromiso de largo plazo por parte del Estado para seguir profundizando la red de protección social edificada a lo largo de los cuatro gobiernos de la Concertación y que la extensión y sustentabilidad de  la misma hace inevitable un nuevo Pacto Social y Fiscal como única manera responsable y seria para viabilizar el proyecto de mayor equidad en Chile.

Segundo, que un componente principal de las políticas públicas orientadas a superar la pobreza y corregir la inequidad, deberá relevar la importancia de una política nacional de empleo que posibilite la construcción de un itinerario y trayectoria laboral ascendente para todos los chilenos y chilenas. Esta política ofrece un espacio privilegiado para hacer confluir la agenda de política social con la agenda de política productiva, de manera de corregir la desigualdad que se genera desde la economía, aumentando la productividad de nuestra fuerza de trabajo, sobre la base de una mayor generación de capital social, y, simultáneamente, incrementar la competitividad del país, garantizando la sustentabilidad del desarrollo para  Chile.

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