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Crisis en el Transantiago

por 3 agosto 2010

Poco o nada se ha avanzado en fiscalizar el cumplimiento real de los contratos por parte de los operadores. Basta mirar la limpieza y mantención de los buses, la inexistencia de terminales, o la falta de un sistema definitivo de gestión de flota.

Transantiago es una de las políticas públicas que mayor análisis y estudio ha concentrado en Chile desde su inicio en el año 2007, de parte de todos los actores políticos. La nueva coalición de gobierno de hecho contó con más de tres años para analizar su diseño e implementación, sus aciertos y errores, y tuvo el tiempo suficiente para elaborar un plan de reformulación para aplicar una vez que estuviera en el poder.

Al cabo de más cuatro meses de gobierno, la primera evaluación parece indicar que tal plan no existió, y ello es un problema de fondo que desconfigura la promesa de una nueva forma de gobernar hecha en campaña. La gestión del transporte público de Santiago presenta un progresivo deterioro en su funcionamiento, a lo que debe sumarse un número creciente de problemas laborales y una enorme insatisfacción ciudadana debido a las alzas de tarifa.

Los dardos políticos en primer lugar apuntan al bulto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, responsable de todo el sistema. Sin embargo, desde el punto de vista técnico el foco está en la ex -Coordinadora de Transantiago, Ana Luisa Covarrubias, quien desde el Instituto Libertad y Desarrollo se constituyó es una de las principales críticas de su funcionamiento en los años anteriores, y dispuso, al igual que los equipos técnicos que la acompañan, de todo el tiempo necesario para estructurar una plan para enfrentar la crisis, que siguiendo su propio diagnóstico, era inevitable.

Poco o nada se ha avanzado en fiscalizar el cumplimiento real de los contratos por parte de los operadores. Basta mirar la limpieza y mantención de los buses, la inexistencia de terminales, o la falta de un sistema definitivo de gestión de flota.

Su reciente alejamiento del cargo, uno de los que presenta una mayor rotación del Estado,  no es más que un golpe de efecto hacia la opinión pública, que nos devela la magnitud de la crisis, y la inexistencia de un plan coherente para enfrentarla.

Hasta la fecha la autoridad de transporte ha incrementado fuertemente las tarifas y adoptado medidas para disminuir la evasión, buscando reducir el enorme déficit financiero que genera Transantiago. Se ha anunciado, además, un plan de infraestructura (mas corredores de transporte público, estaciones de trasbordo y paraderos) y una propuesta de nueva institucionalidad, y se ha señalado la necesidad de incorporar criterios de mayor competencia en la operación de los servicios troncales y alimentadores. Pero fuera de las alzas y la campaña para evitar la evasión de pago, son solo anuncios, que no perfilan un cambio significativo.

Tampoco el proyecto de ley reciente enviado al Parlamento, que regula aspectos accesorios a la prestación de los servicios de transporte público, vinculados a la continuidad de los mismos y a la naturaleza jurídica de la actividad, contiene aspectos innovadores para superar la crisis.

En suma, la gestión hasta la fecha, no es más que una profundización o continuidad de las políticas adoptadas durante la gestión de Cortázar en el MTT sin un claro cronograma de innovación, que empieza a ser percibido como una amenaza política por La Moneda.

De esta forma, poco o nada se ha avanzado en fiscalizar el cumplimiento real de los contratos por parte de los operadores. Basta mirar la limpieza y mantención de los buses, la inexistencia de terminales, o la falta de un sistema definitivo de gestión de flota y monitoreo de los buses que permita fiscalizar el cumplimiento de la frecuencia y regularidad del servicio, para darse cuenta de las fallas de gestión. Aún no opera correctamente el sistema de información a los usuarios y menos su actualización, los sistema de seguridad al interior de los buses no funcionan, y el sistema de pago ha sido incapaz a la fecha de diferenciar las idas y venidas para realizar correctamente sus cobros, además recientemente surgieron con fuerza los problemas laborales  en las empresas operadoras.

Recientemente se ha anunciado de manera vistosa que comenzarán a realizarse los análisis y estudios necesarios con miras al proceso de licitación de servicios alimentadores del año 2011 a fin de impactar en la reformulación del Transantiago, y cuyo rediseño debería comenzar a operar al año siguiente. Queda la inmensa duda si esta decisión se orienta a promover la competencia en las calles en un sistema similar a las micros amarillas que existía antes del actual sistema. Ello implicaría un enorme retroceso pues de ser efectiva, inevitablemente presionará por similar medida respecto de los servicios troncales y a sus contratos.

Así, la nueva solución ofrecida, que incorpora más elementos de competencia y mercado para resolver la crisis iría exactamente en la dirección contraria de la reforma impulsada hasta ahora, y sostenida en la mayoría de los sistemas de transporte público que verdaderamente funcionan en el mundo, en los cuales una mayor regulación e intervención del Estado ha sido inevitable.

El Presidente Sebastián Piñera repitió insistentemente en su campaña que Transantiago era la política pública que representaba con mayor nitidez el desgaste de la Concertación y era el ejemplo más claro de cómo no hacer las cosas. Su problema actual es que la Nueva Forma de Gobernar prometida empieza a hacer agua exactamente por el mismo boquete.

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