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Resentidos con razón

por 6 agosto 2010

Resentidos con razón
Los países desarrollados han invertido fuertemente en la educación pública para revertir las desigualdades de origen. Existen diversos estudios que demuestran que mientras más aumentan los recursos en la educación estatal mayores son los réditos sociales.

Los estudiantes secundarios han salido nuevamente a la calle para exigir una educación pública de calidad. Fue el mismo lema que utilizaron los “pingüinos” en su revolución del 2006. Han pasado cuatro años desde ese hito en las movilizaciones sociales, pero muy poco ha cambiado y los estudiantes de los sectores más pobres siguen postergados.

Las últimas cifras de la encuesta CASEN 2009 demuestran la relación que existe entre nivel educacional y pobreza. Por lo tanto, los jóvenes de los estratos socioeconómicos bajos deben enfrentar los obstáculos más severos para avanzar en la supuesta “sociedad de las oportunidades”, que prometió crear el nuevo gobierno.

Existe consenso sobre la urgencia de mejorar la calidad de la educación, pero aún no se sabe cómo lograrlo. Tampoco sabemos qué se entiende por calidad. Se habla de redignificar la profesión docente, para atraer a jóvenes talentosos a las carreras de pedagogía. También se enfatiza el rol de las familias y de los liderazgos al interior de las escuelas. Sin embargo, el papel del Estado es aún la zona más gris en esta discusión.

Urge abordar la discusión sobre la educación pública, para no sólo estar lamentándose cada año por los resultados en el SIMCE o la PSU.

Mientras unos promueven un Estado tímido en educación, otros apuestan por su fuerte presencia, sobre todo fortaleciendo la educación pública. En este último grupo se inscriben los secundarios hoy movilizados, quienes observan en la educación pública la oportunidad para superar los graves problemas que los aquejan.

La gran mayoría de los estudiantes de colegios municipalizados o que reciben financiamiento del Estado proviene de los sectores más pobres del país. Son, por lo tanto, estudiantes que deben lidiar constantemente con condiciones de desventaja, que alteran sus posibilidades de desarrollo de manera equitativa. Apenas un 10% de los jóvenes chilenos recibe una educación de calidad. Son los privilegiados en un sistema altamente excluyente.

El 90% restante tiene razones de sobra para generar “resentimiento” hacia las condiciones que les toca enfrentar. Es ese sentimiento de enojo y rabia que provocan las situaciones de injusticia y abuso. Ellos literalmente cargan con la mochila más pesada de Chile: la desigualdad.  La misma brecha económica entre ricos y pobres se observa entre estudiantes de colegios privados y municipalizados.

Los países desarrollados han invertido fuertemente en la educación pública para revertir las desigualdades de origen. Existen diversos estudios que demuestran que mientras más aumentan los recursos en la educación estatal mayores son los réditos sociales.

Así, por ejemplo, el texto “Los beneficios sociales y económicos de la educación pública”, de los académicos estadounidenses David Baker y Eric Cummings, señala que mientras más se fortalece la educación pública más impactos sociales se producen. Mejora la calidad de los puestos de trabajo, se incrementan los sueldos, disminuye la deserción estudiantil, reduce las brechas sociales, entre otros efectos positivos.

Por ello, urge abordar la discusión sobre la educación pública, para no sólo estar lamentándose cada año por los resultados en el SIMCE o la PSU. Como bien describió el editorial de El Mostrador del 5 de agosto, la agenda política en el sector educacional se ha llevado como “si los malos resultados y la crisis en la educación son un problema del azar”.

Mientras tanto, los estudiantes secundarios siguen acumulando malestar y rabia, preparándose -quizás- para una nueva Revolución Pingüina.

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