Sábado, 3 de diciembre de 2016Actualizado a las 20:07

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Lo que la CEP nos dice sobre el Estado

Existe una cierta resiliencia del Estado en el imaginario colectivo de los chilenos que actúa como freno a la idea de que el terremoto entrega la patente de corso adecuada para liberarse de activos estatales.

Ha pasado de contrabando información de la más reciente encuesta CEP que parece evocar un cierto espíritu estatista de los chilenos. A la pregunta por el acuerdo o desacuerdo con un conjunto de medidas propuestas para financiar las tareas de la reconstrucción, la opción por la venta de algunas empresas del Estado ocupa la última preferencia, con solamente un 30% de acuerdo y un contundente 59% de desacuerdo.

El dato, escasamente comentado, es relevante por varios motivos. El primero se vincula con la explicación del resultado electoral de las pasadas elecciones presidenciales. Parece haberse instalado la idea de que la derrota concertacionista se debería a que un sector de la población chilena, ubicado en la clase media aspiracional, encontró que tenía más sentido la promesa de generación de oportunidades que el discurso del candidato de la Concertación, reducido a la consigna “más Estado”.

Existe una cierta resiliencia del Estado en el imaginario colectivo de los chilenos que actúa como freno a la idea de que el terremoto entrega la patente de corso adecuada para liberarse de activos estatales.

En segundo lugar, porque no deja de resultar llamativa que la opción de la venta de empresas estatales no encuentre asidero en un contexto donde el clima dominante de opinión pública, particularmente orquestado por las editoriales del duopolio, tiña lo relativo a lo público-estatal, de manera ambigua pero consistente, de connotaciones dañinas, vinculadas a la ineptitud o lo potencialmente corrompible. Naturalmente, ello no se condice con la posición del país en indicadores de gobernabilidad tan prestigiados como el del Banco Mundial, donde Chile aparece muy bien parado en efectividad gubernamental y control de la corrupción, por citar solamente dos dimensiones de dicho estudio. En tercer lugar, el dato rememora otros ya recogidos en los años 2008 y 2009 por diferentes encuestas que intentaron medir la percepción de los chilenos frente a estos asuntos. Fortín, en un documento publicado por la Fundación Chile 21, titulado “Los chilenos y el Estado”, concluye que tanto las encuestas Bicentenario como Latinobarómetro han aportado evidencia en el sentido que la ideología neoliberal ha logrado penetrar en las actitudes de los chilenos frente a estos temas pero que, pese a ello, todas ellas revelan que la ciudadanía también le asigna un papel importante al Estado en el manejo de la economía y, más concretamente, en sectores estratégicos como la provisión de bienes y servicios de utilidad pública, de relevancia social y la reducción de la pobreza y de la desigualdad económica.

El actual gobierno ha convertido la idea del uso eficiente de los recursos del Estado y la mejora en la gestión en su caballito de batalla. La visión según la cual los chilenos se relacionan con el Estado solamente por la vía de la “exigencia de bienes y servicios públicos otorgados con mayor calidad y oportunidad”, tal como lo ha señalado Claudio Seebach, director de la División de la Coordinación Interministerial de la Segpres puede que no esté equivocada, pero no deja de ser unidireccional. En una sociedad moderna, plural y heterogénea, las actividades estatales no pueden descansar en una diagnóstico reductivo de la ciudadanía ni en un despliegue único de funciones de gestión por cuanto el Estado contiene también dimensiones jurídico-legales y simbólicas, además de las administrativo-procedimentales. De acuerdo a la versión del actual gobierno, pareciera que todos nos movemos como consumidores racionales de bienes públicos y privados que participamos en un contrato que le confiere autoridad al Estado, pero dándole primacía a la actividad privada, al intercambio en el mercado y a la asociación voluntaria. Quienes conducen la sociedad están llamados y tienen la obligación que incorporar una visión amplia y diversa de la ciudadanía la que suma, a la noción de status, otras que incluyen el reconocimiento de la identidad o la generación de espacios para la expresión.

Con relación al tema del Estado y sus empresas, pareciera que el gobierno de Piñera debiera moverse con pies del plomo. Existe una cierta resiliencia del Estado en el imaginario colectivo de los chilenos que actúa como freno a la idea de que el terremoto entrega la patente de corso adecuada para liberarse de activos estatales y, de paso, algo que una ciudadanía más empoderada y crítica advierte prontamente, generar oportunidades de negocio. Paralelamente, queda en evidencia que el discurso electoral concertacionista que apelaba a un rol más sustantivo del Estado no fue desacertado como algunos interesadamente han insinuado, sino que le faltó afinar la puntería y ser más pedagógico, entre otros déficit de la campaña. Por último, le entrega a la Concertación pistas acerca de posibles contenidos para realizar su tarea opositora, por cuanto el 41% de los encuestados le pide “aportar con ideas diferentes a las del gobierno para solucionar los problemas”.

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