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El diputado Arenas y la conflictividad indígena

por 10 agosto 2010

El diputado UDI Gonzalo Arenas le propone al gobierno una reflexión bien de fondo respecto del llamado “Conflicto Indígena”, al que califica de bomba de tiempo: contrariando el discurso oficial lo invita a asumir que se trata de un problema esencialmente político frente al cual hay que actuar con los instrumentos propios de la política, esto es, el reconocimiento de interlocutores, la negociación, el diálogo y la construcción de acuerdos que deben ser cumplidos.

Es evidente que de no hacerlo así, el gobierno deberá enfrentar una creciente movilización de las comunidades con todos los riesgos que ello implica desde el punto de vista de la seguridad pública y el aumento de las tensiones sociales y políticas. La pregunta, entonces, que hay que hacerse es qué hacer, cómo encarar una potencial crisis con los instrumentos existentes y qué nuevas medidas pueden proponerse. Al respecto, parece importante considerar los siguientes aspectos:

1.- Los pueblos indígenas, y en particular el pueblo mapuche, han tomado creciente conciencia de sus derechos. No se  trata, como piensan algunos, de la influencia de activistas que venden ilusiones, sino de un fenómeno de carácter global que va acompañado de una evolución del derecho internacional y de la emergencia en nuestro país de una nueva generación de líderes indígenas con altos niveles de preparación e inserción local e internacional, que además se relacionan con gran armonía con las autoridades tradicionales. La derecha tiene que empezar a entender que no se les puede tratar como niños a los que se engaña fácilmente. Partir por reconocer la nueva realidad y dar el trato con la dignidad que corresponde a sus dirigentes y  organizaciones, sería un buen comienzo. En tal sentido, el diputado Arenas tiene razón cuando alerta sobre el peligro de impulsar una política de manipulación de las organizaciones indígenas.

2.- La ley indígena de 1993 y el Convenio 169 de la OIT recientemente ratificado por Chile, han implicado un salto cualitativo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Chile. Esta no es la causa del conflicto indígena como piensa el diputado Arenas. La causa está mucho más atrás, en la usurpación de tierras y en el desconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios. La ley 19.253 lo que hace es reconocer y validar los títulos de los indígenas sobre sus tierras. Restituir lo que según la ley corresponde, equivale a reparar una injusticia. La negativa del gobierno a implementar el Convenio 169 y la detención de los procesos de compra de tierras no son la solución, sino una torpe renuncia a avanzar en la respuesta al problema.

Los pueblos indígenas, y en particular el pueblo mapuche, han tomado creciente conciencia de sus derechos. No se  trata, como piensan algunos, de la influencia de activistas que venden ilusiones, sino de un fenómeno de carácter global.

3.-La represión no es solución. La tendencia natural de un gobierno de derecha es aumentar la represión e incrementar la persecución a los dirigentes. Las campañas mediáticas que buscan polarizar el conflicto, como si los únicos actores del mismo fueran la CAM y el Fiscal Ljubetic, pueden servir para vender diarios pero no aportan nada a un manejo responsable: el gobierno no debiera caer en esas trampas. Carabineros debe actuar con más prudencia: atacar jardines infantiles no parece ser la manera más eficiente de lograr avances en las pericias judiciales. Es más, un claro avance para llevar un poco de calma sería realizar una reforma a la Ley Antiterrorista de manera de excluir su eventual utilización para frenar movilizaciones y formas tradicionales de expresión y lucha de los pueblos indígenas. Además de ello, mejorar la situación procesal y carcelaria de los presos por causas vinculadas al conflicto indígena, parece necesario para evitar el peor escenario en la huelga de hambre.

4.- Cumplir los compromisos del Estado en materia de compras de tierras, sobre la base de un perfeccionamiento de la política y de los procedimientos, es también una cuestión imprescindible si se quiere desactivar “la bomba de tiempo”. Pero no basta con ello, hay que impulsar fuertes políticas de fomento productivo y de inserción en los mercados de  la producción de los predios traspasados. Diversos proyectos emblemáticos que están en carpeta no se les puede dejar caer.

5.- Finalmente, y no de menor importancia, es asumir las reformas institucionales necesarias para abordar en el corto y mediano plazo la cuestión indígena. No basta con transformar a Conadi en una Agencia de Desarrollo Indígena. Es preciso también dar dos pasos simultáneos: por un lado, elevar el nivel de la interlocución política con los movimientos indígenas, para lo cual la figura de un Ministro de Asuntos Indígenas parece una buena alternativa y, por otro lado, hay que avanzar en la creación de una instancia representativa de los pueblos originarios, tal como un Consejo de los pueblos indígenas, con consejeros elegidos por votación universal, los que deberían convertirse en el principal mecanismo de aplicación de la Consulta contemplado en el Convenio 169. Los proyectos de ley para avanzar en estas líneas no hay que inventarlos: están en el Congreso Nacional desde el año pasado.

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