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Los tragos más amargos de la protección de la salud en Chile

por 10 agosto 2010

Los tragos más amargos de la protección de la salud en Chile
Me asalta la convicción de que tenemos un sistema para protección de la salud en el trabajo que se ha envejecido, que está fuertemente institucionalizado en los brazos de la complacencia, que está escrito en una piedra, que no es capaz de evitar accidentes como el de Copiapó y que requiere la más urgente de las reformas para ponernos a la par de los estándares de los países desarrollados.

Cuando 33 mineros han quedado atrapados en la profundidad de la mina en que laboran y el país, el gobierno, la propia empresa y los familiares esperamos ansiosos por el desenlace, vuelve a surgir la pregunta por la eficacia del sistema de protección de riesgos laborales que tenemos. Esto me pasa también cada vez que cae de su andamio un obrero de la construcción, con resultado fatal, lo que no es un hecho infrecuente en Chile.

Busco en las imágenes de la televisión y no veo ningún logo de identificación, ni el de la empresa, ni el de la mutualidad a cargo de la prevención y control de los riesgos de accidentes y enfermedades laborales de la empresa, ni el de la Superintendencia de Seguridad Social, nada. Pero ¿qué significa esto? ¿Acaso no tenemos un sistema de protección, de cuyos indicadores nos enorgullecemos de cuando en cuando, a cargo de estas temáticas desde la década de los 60?

Las empresas muchas veces –y a vista y paciencia del fiscalizador- parecen haber delegado completamente a los aseguradores la preocupación por los riesgos de sus propios trabajadores.

En efecto, sí existe una ley que establece un seguro para accidentes y enfermedades del trabajo, promulgada en el gobierno de Frei Montalva, hace más de 40 años, a la que no se le ha modificado ningún elemento de fondo hasta la fecha –ni siquiera las cotizaciones para su financiamiento-, a pesar de haber cambiado radicalmente la actividad económica del país y las tecnologías asociadas a los procesos productivos –y como resultado, el “perfil epidemiológico”- y a pesar del diversificación y significativo crecimiento de los mercados de los seguros y de la prestación de servicios médicos.

La ley que comento significó en su época la creación de tres mutualidades de empleadores, dos grandes y una pequeña, las mismas que siguen vigentes al día de hoy. Estas administran el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a las empresas de mayor tamaño e ingresos del país, mientras el ex INP –actual ISL- lo hace para las empresas de menor tamaño e ingresos.

Por arriba de estas compañías de seguros especializadas, el Estado desplegaría sus mecanismos de regulación y fiscalización a través de la de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, el SERNAGEOMIN y la Superintendencia de Seguridad Social, responsable última del funcionamiento del sistema. Por debajo de las mismas, las empresas muchas veces –y a vista y paciencia del fiscalizador- parecen haber delegado completamente a los aseguradores la preocupación por los riesgos de sus propios trabajadores. El supuesto es que la tasa de riesgo y pagos asociados constituirían incentivo suficiente para involucrarlas pero, lo sabemos bien, no hay incentivo perfecto y ocurre que se subnotifica. Esto último es notable en el caso del ex INP, actual ISL, cuyas tasas de incapacidad laboral declarada –los días perdidos de trabajar por cada trabajador- equivalen a la mitad de la que tienen las mutualidades, en circunstancias de que afilian a las empresas más riesgosas. Y más por debajo aún de todo esto empieza la economía informal, la historia gris de los desprotegidos, de los pirquineros en el sector de la minería, quienes no tienen protección alguna en materia de riesgos laborales. Y me reservo por ahora los datos de la silicosis en Chile, de los que ha resultado políticamente incorrecto hablar.

Entonces cada cierto tiempo me asalta la convicción de que tenemos un sistema para protección de la salud en el trabajo que se ha envejecido, que está fuertemente institucionalizado en los brazos de la complacencia, que está escrito en una piedra, que no es capaz de evitar accidentes como el de Copiapó y que requiere la más urgente de las reformas para ponernos a la par de los estándares de los países desarrollados.

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