Lunes, 5 de diciembre de 2016Actualizado a las 09:20

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El precio del royalty minero

Insistirá. Con mucho empeño –el mismo que parece que le pone al turismo- el Ministro de Minería ha decidido insistir en su idea del royalty minero.

Y es que los gobiernos chilenos, al parecer más allá de su tendencia política, han tomado una discutible actitud respecto de la tributación de la gran minería.

A diferencia de las sociedades más democráticas y desarrollados donde las alzas tributarias son parte del debate político normal –Australia no ha ofrecido nada parecido a una invariabilidad legal por su propuesta de aumentar al 30 por ciento el impuesto que cobra en la minería- en Chile la cuestión ha sido completamente distinta.

Ayer Lagos y hoy Piñera, han decidido utilizar los llamados regimenes de invariabilidad legal a todo evento, como moneda de cambio para las alzas tributarias a esas empresas.

Esto, dicho en pocas palabras –muy parecidas a las del propio Ministro de Hacienda- es algo así como un negocio entre las mineras y la sociedad: a cambio de dinero -700 millones de dólares aproximadamente- se les otorga un “status quo” jurídico por un largo plazo que va desde el 2017 al 2025.

De aprobarse la invariabilidad tributaria, la sociedad, a pesar de las apariencias, habrá sido bastante más pobre que antes del negocio: habrá vendido en un bajísimo precio la calidad de su democracia.

¿Es este un buen negocio? A nuestro juicio, este es un mal negocio para el país. Y ello, no sólo por razones económicas –parece poco dinero por tamaña garantía para empresas que explotan un recurso no renovable de propiedad del Estado-, sino fundamentalmente por políticas democráticas.

En efecto, pueden haber muchos argumentos a favor de la invariabilidad de las normas legales (simple estabilidad, reglas del juego del poder claras, acuerdos relevantes de la misma comunidad que se han adoptado en momentos especiales de nuestra vida política, restricciones auto-impuestas, etc.), aunque también la misma se ha llevado al extremo del fetiche. Nos causa una suerte de placer político el no tocar las reglas del juego porque ello evidencia- gustamos decir, en referencia al bloque regional- que somos una comunidad seria.

Lo cierto, sin embargo, es que hay, también, muy buenos argumentos contra la estabilidad a todo evento: comparadas con la Constitución, que las leyes sean de relativa importancia, incluidas las que regulan los tributos, dice relación con el hecho de que a través de ellas no se adoptan decisiones políticas fundamentales sobre lo que somos, sino, justamente, aquellas otras (secundarias) dentro del marco constitucional.

Por lo mismo es que las leyes son dejadas a la voluntad de la mayoría que, de esa forma, continúa auto-gobernándose. Se auto-gobierna cuando decide la forma política y constitucional de la República, y cuando desarrolla su contenido.

La idea de invariabilidad de las normas legales contradice todo lo anterior. En sus propios términos, la comunidad política queda inhabilitada para auto-gobernarse. Asume que las decisiones que un gobierno de turno pueda tomar, y acordar vía negociaciones con un parlamento empatado, deben imponerse por sobre los intereses genuinos que una comunidad pueda esgrimir a efectos de reformar su legislación (i.e. una catástrofe natural de proporciones que nos lleve a redefinir la forma en que el fisco recauda sus recursos). Significa, en otras palabras, que un parlamento presente puede amarrar a otro futuro, curiosamente ambos elegidos por la misma comunidad y con base a unos mismos procedimientos electorales.

La Constitución define la propiedad común (estatal) de los recursos mineros. A través de las leyes, la comunidad política debiera encargarse de definir la forma de su explotación. Las normas sobre invariabilidad legal, en cambio, privan a una comunidad política de poder tomar decisiones a este respecto, expropiando, reiteramos, la facultad de auto-gobierno.

Así, al final del camino de aprobarse la invariabilidad tributaria, la sociedad, a pesar de las apariencias, habrá sido bastante más pobre que antes del negocio: habrá vendido en un bajísimo precio la calidad de su democracia y especialmente en lo que es más importante: la posibilidad de gobernarse a sí misma.  ¿Existe otro camino posible? Sí, y bastante mas sencillo. Subir los impuestos –como ocurre con cualquier otro contribuyente- a los que más ganan y por de pronto no volver a futuro ofrecer –ni a las mineras ni a nadie- ningún trozo de nuestra soberanía democrática por algunos dólares.

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